El juez ve justificado el 25-S por la ''decadencia política''

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado este jueves las diligencias abiertas contra ocho imputados por organizar las protestas celebradas el pasado 25 de septiembre que llamaban a rodear el Congreso de los Diputados, al considerar que no existen indicios de la comisión de delito, han informado a Europa Press fuentes de la defensa.

En un auto de archivo de ocho folios en los que el magistrado cuestiona el proceder de la Brigada Provincial de Información de Madrid del Cuerpo Nacional de Policía a la hora de calificar los presuntos delitos cometidos por los ocho promotores imputados, Santiago Pedraz descarta cualquier ataque a las Instituciones del Estado por “rodear o permanecer de forma indefinida” ante el Congreso, aunque se pida la dimisión del Gobierno y un “proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica y social”, ya que, en todo caso, “atentaría claramente al derecho fundamental de libertad de expresión” impedir esa convocatoria.

“Hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”, mantiene el magistrado en el auto.

El juez invita también a las defensas de los ocho imputados por una investigación abierta desde el 14 de agosto a que dirijan a los juzgados de instrucción su petición de que se tome declaración, en calidad de imputada, a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, “por presunta responsabilidad en los desordenes públicos acaecidos el día 25 de septiembre en tanto que grupos de policías y colaboradores bajo la dirección de la Delegación del Gobierno de Madrid infiltrados entre los manifestantes fueron los que iniciaron dolosamente los desórdenes”.

Y sobre el proceder judicial de la Brigada de Información, que solo hasta este mismo jueves informó al magistrado de un presunto delito contra las Instituciones del Estado de cinco de los ocho promotores, estos cinco parte de los 35 detenidos pendientes de juzgar, Pedras considera “un exceso en las funciones propias de la policía judicial” que la unidad actuante “pueda sustraer unos hechos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado [de instrucción de Madrid] para que otro juzgado [el Central de Instrucción 1 que preside] conozca de ellos”.

Hace así referencia el juez al hecho de que siempre la Policía ha calificado los sucesos del 25-S, en sus informes a la Audiencia Nacional, como de “desobediencia, resistencia, atentado a agente de la autoridad y desordenes públicos”, y solo este mismo jueves incluye el delito contra las Instituciones del Estado del que sería competente la Audiencia.

Concentración ante la Audiencia

Los acusados han quedado en libertad sin la imposición de ninguna medida cautelar. Los ocho imputados llegaron poco antes de las 10.30 de la mañana a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid y han permanecido con el magistrado menos de una hora.

A su salida de sede judicial han sido recibido con muestra de apoyo por parte de las varias decenas de manifestantes que han seguido desde la calle el transcurso del interrogatorio, de nuevo con presencia policial. Los agentes han pedido documentos de identidad a periodistas y concentrados y algunos transeuntes.

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