Murcia rebaja a 527 millones de euros su petición al Fondo de Liquidez Autonómica
MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha acordado presentar la adhesión formal de la Comunidad Autónoma de Murcia al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en los términos que establece el Real Decreto Ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero por un importe total de 527,93 millones de euros, unos 115 millones menos de lo previsto inicialmente (642 millones) ante la incorporación de nuevas comunidades.
Así lo ha explicado el vicepresidente regional y consejero de Economía, Juan Bernal, quien ha apuntado que del total, 237 millones son vencimiento de deuda (entre septiembre y octubre vence deuda por 87 millones, y entre noviembre y diciembre por importe de 150 millones) y unos 290 millones “para la financiación de nuestras operaciones” normales.
Un descenso, ha puntualizado, que han sufrido todas las comunidades que han solicitado su adhesión al FLA, pues “ha habido que atender los vencimientos de deuda de dichas comunidades y distribuir el dinero en función del PIB de cada CC.AA”. Por lo que la cantidad que corresponde a la Región de Murcia, una vez descontadas las situaciones de endeudamiento, son 527,93 millones.
De tal forma, ha mostrado su convencimiento, acompañado por el portavoz del Gobierno regional y consejero de Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta, en que el cierre de año será de “normalidad” financiera y de “situación de estabilidad”.
“Este mecanismo nos va a ayudar de forma significativa para recuperar la tranquilidad y normalidad en nuestros pagos y en la evolución de nuestras cuentas públicas”, ha acentuado Bernal, quien ha matizado que el acceso a esta fórmula supone que el Estado, en nombre y por cuenta de la Comunidad, “gestionará, con cargo al crédito concedido, el pago de los vencimientos de deuda pública de la Región, a través del Tesoro Público”.
La puesta en marcha del FLA por parte del Gobierno de la Nación supone, ha agregado, “un esfuerzo para establecer la legislación básica que permita a las comunidades cumplir y hacer frente a la prestación de servicios básicos como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Dependencia y Función Pública”.
