Rajoy impone la fiscalización previa del gasto suprimida por Soria en Canarias
La fiscalización previa de todo gasto público será un eje fundamental del Gobierno de España. Así lo ha anunciado este lunes Mariano Rajoy, en su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados, como una de las medidas clave contra la crisis “en el ámbito de la austeridad y la buena gestión de las cuentas públicas”.
Entre la serie de medidas concernientes a las administraciones públicas, el próximo presidente del Gobierno ha incidido, de manera especial, en la reforma de todo lo público mediante la negociación con el resto de administraciones y al respecto destacó “el refuerzo por ley de los controles previos y de las responsabilidades de los gestores públicos para garantizar que nunca asumirán compromisos de gasto sin respaldo presupuestario”.
La denominada fiscalización previa del gasto público ya se aplicaba en la Comunidad Autónoma Canaria tiempo atrás hasta que el líder del PP isleño, José Manuel Soria, eliminó en 2009, siendo consejero de Economía y Hacienda, esas funciones que estaban en manos de las intervenciones delegadas de cada departamento del Gobierno.
La ley que pretende ahora Rajoy consistía simplemente en eso: una fiscalización previa a la aprobación de cualquier gasto, con el fin de garantizar que cada euro fuera correctamente destinado desde todas las consejerías de la administración autonómica, y no como sucede ahora en la CAC, que tras “controlar” a posteriori, cualquier anomalía en el gasto ya no puede ser corregida, al haberse producido el desembolso.
En 2009, la fiscalización previa fue sustituida por un “control financiero permanente”, de carácter aleatorio y como simple muestreo de todos los expedientes de gastos de un mes, justificado por José Manuel Soria en su Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprobaba el vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, con el fin de evitar la “excesiva ralentización de los trámites administrativos”.
La medida contraria a la que pretende ahora Rajoy, decidida en consejo de gobierno de septiembre de 2008 y desarrollada por el Decreto de febrero de 2009 con la firma expresa del presidente Paulino Rivero, el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, y el de Economía y Haicenda, José Manuel Soria, incluía también el argumento de que el sistema de control hasta entonces vigente de autorización previa, compromiso y pago suponían “un obstáculo para una adecuada ejecución preupuestaria” y por tanto era necesario acabar con una “demora que afecta negativamente al ciudadano en su relación con la Administración autonómica”.
Para eliminar el control previo del gasto público que ahora volverá a imponer Rajoy a todas las administraciones, aquel Gobierno de CC y PP motivaba que la función fiscalizadora de la Intervención General “sólo ha permitido analizar el cumplimiento del principio de legalidad en los expedientes de gasto, sin valorar otros principios como el de economía, eficacia y eficiencia, que sólo sería posible analizar con un sistema de control posterior”.
Desde 2009, ese control aleatorio de lo ya gastado empezó a aplicarse en las consejerías del PP. En concreto, el Boletín Oficial de Canarias 196/2008, de 30 de septiembre, recoge una resolución del día 26 por las que se aprobaban las medidas de choque para la simplificación y reducción de cargas en la tramitación administrativa y mejora de la regulación, y en ella ya se señala la implementación del nuevo sistema en la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, con Pilar Merino (PP) al frente.
Los cambios se fueron introduciendo también en la Consejería de Sanidad, con Mercedes Roldós (PP) a su cargo, sobre todo en áreas, unidades y partidas presupuestarias que dejaban de fiscalizarse previamente dentro del Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil. Las tres consejerías del PP, incluida Turismo, fueron las primeras en aplicar por completo, ya en 2010, este modelo ahora rechazado por el PP nacional, y el resto del Gobierno terminó por asumirlo a lo largo de este 2011.
La Disposición Adicional Primera del Decreto vigente de José Manuel Soria sustituyó la función interventora por el control financiero permanente sobre “el área de gestión de recursos humanos de los sujetos del sector público con presupuesto limitativo, así como por los actos por los que se ordenen pagos con cargo al Tesoro de la Comunidad Autónoma, la materialización de los mismos, y aquellos por los que se acuerde el movimiento de fondos y valores de la Tesorería de la Comunidad Autónoma”.
Del mismo modo, también quedaron sin control previo del gasto los derechos e ingresos del Tesoro Público por las comprobaciones efectuadas en el ejercicio del control financiero permanente y la auditoría pública,“ salvo los actos de ordenación del pago y pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos, y los ingresos que tengan la naturaleza de rentas, frutos o percepciones producidos por los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma que seguirán sometidos a función interventora”.
