Lo que Canarias no dice: el atasco no es por falta de niños y niñas adoptables, sino de medios técnicos

La lectura de las declaraciones del Gobierno de Canarias afirmando que “no hay menores en Canarias para ser adoptados” provoca, como mínimo, perplejidad profesional. No porque la Administración desconozca los datos, sino porque opta por un relato que distorsiona la realidad y genera un profundo daño en la comprensión pública del sistema de protección.

El mensaje institucional, tal como se ha difundido, transmite la idea de que la adopción ha dejado de ser necesaria en Canarias porque no existen niños o niñas susceptibles de ser adoptados. Esta afirmación es falsa. Sí es cierto que el número de niñas y niños adoptables ha disminuido progresivamente, y que la adopción es una medida subsidiaria que debe aplicarse cuando la reunificación familiar no es posible y el acogimiento no garantiza estabilidad suficiente. Pero afirmar que “no hay menores” es una simplificación inaceptable que oculta la realidad y, además, esquiva responsabilidades.

En Canarias hay pocos niños y niñas adoptables, pero los hay. Existen niños y niñas jurídicamente en situación de adoptabilidad, o en proceso de estarlo, así como casos en los que la adopción constituye la medida más idónea para asegurar un proyecto de vida permanente. La Administración lo sabe, y por eso sorprende que el discurso público opte por negar la evidencia en lugar de explicar honestamente las dificultades estructurales que afronta el sistema.

Uno de esos problemas estructurales, especialmente acusado en la provincia de Las Palmas, tiene que ver con la falta de personal técnico. Desde 2023, las jubilaciones no se han cubierto con la rapidez necesaria y no se ha abordado la imprescindible actualización de la Relación de Puestos de Trabajo. A esto se suma que el servicio de programas de adopción de menores ha asumido nuevas funciones relevantes, como la gestión del acogimiento familiar en familia ajena y especializada incrementando exponencialmente la carga de trabajo sin un refuerzo paralelo de los equipos. La consecuencia directa es evidente: valoraciones de idoneidad que se demoran, expedientes que avanzan con cuentagotas y un cuello de botella que nada tiene que ver con la inexistencia de menores adoptables, sino con la falta de recursos humanos suficientes para gestionar los procedimientos con eficacia y garantías.

Atribuir la paralización de solicitudes a la ausencia de niños y niñas para adoptar, en lugar de reconocer la escasez de personal y la necesidad urgente de redimensionar los equipos, es una estrategia profundamente deshonesta. Es más fácil trasladar la responsabilidad a la supuesta inexistencia de menores que asumir la obligación de reforzar servicios esenciales, dotarlos de estabilidad y garantizar que la protección a la infancia se gestione con el rigor que merece.

Las familias no tienen derecho a ser padres, eso es incuestionable. La adopción existe para proteger los derechos de la infancia a crecer en un contexto familiar. Pero las familias sí tienen derecho a ofrecerse, a ser valoradas en tiempo razonable y a no quedar atrapadas en procesos interminables generados por déficits administrativos. La Administración, en vez de insistir en que “no hay menores”, debería explicar por qué no se sustituye al personal jubilado, por qué no se adecúa la RPT a las nuevas funciones asumidas y por qué no se garantiza una estructura suficiente para atender la demanda presente y futura.

Este discurso oficial, lejos de aportar claridad, erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema y perpetúa la idea de que la adopción es un campo cerrado, cuando lo que realmente está cerrado es el grifo de los recursos técnicos necesarios. La transparencia exige decir la verdad: hay pocos niños y niñas adoptables, su situación es compleja, la adopción requiere garantías jurídicas y técnicas, y el sistema necesita una reestructuración profunda para responder con agilidad y rigor.

La infancia no se protege con declaraciones complacientes, sino con estructuras sólidas, equipos suficientes y mensajes institucionales honestos. Negar la existencia de menores adoptables no solo es falso, es negligente. La protección a la infancia exige claridad, responsabilidad y valentía política para reconocer las carencias y afrontarlas, no para disimularlas tras titulares llamativos.