Defender lo público es defender la democracia

Los avances en políticas sociales en España siempre han venido de la mano del Partido Socialista. Nada de lo que hoy protege a la mayoría social nació por azar.

La Ley General de Sanidad de 1986, que universalizó el acceso a la salud; la educación pública y el sistema de becas, que garantizan la igualdad de oportunidades con independencia del origen o la renta; la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que reconoció la violencia machista como un problema estructural; la Ley de matrimonio igualitario, que permitió a las personas amar y formar una familia con quien quisieran; la reforma de 2005 que agilizó los procesos de separación y divorcio; la Ley de Dependencia, aprobada en 2006; la modificación del artículo 49 de la Constitución para desterrar el término “disminuido”; y la reciente aprobación de la Ley ELA son buena prueba de ello.

Lo público no es caridad, ni asistencialismo: es justicia social hecha derecho. Cuando se debilita lo público, se rompe la igualdad. Lo afirmo desde una convicción política arraigada en los valores de la izquierda a la que pertenezco, pero también desde una experiencia profesional siempre cercana a los servicios sociales y a la realidad cotidiana de quienes necesitan del respaldo del Estado, que es la mayoría social de este país: jóvenes, trabajadores, personas mayores, familias, personas con discapacidad, mujeres cuidadoras y tantos otros ciudadanos y ciudadanas que dependen de unos servicios públicos fuertes.

Esa experiencia me ha enseñado que el Estado del bienestar no es una abstracción ideológica. Es la frontera real entre la dignidad y el abandono, entre una vida protegida por derechos y una existencia marcada por la incertidumbre. Y que solo cuando esos derechos se garantizan por ley dejan de ser beneficencia y se convierten en una protección real para la vida de las personas.

Hoy, esos pilares del Estado del bienestar están en riesgo. Y lo están no por falta de recursos. El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha incrementado la financiación a las comunidades autónomas como nunca antes en nuestra historia. Sin embargo, en muchas de aquellas gobernadas por la derecha y la ultraderecha esos recursos no se destinan a reforzar la sanidad, la educación o la dependencia, sino a otras prioridades políticas, como las rebajas fiscales a quienes más tienen o la externalización de servicios, que debilitan lo público y favorecen intereses privados.

La universidad pública es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso al conocimiento en condiciones de equidad. Cuando se debilita deliberadamente, se cierra la puerta del futuro a miles de jóvenes. Lo estamos viendo de forma especialmente preocupante en la Universidad Complutense de Madrid, sometida a una situación de asfixia financiera que no responde a la falta de recursos, sino a una decisión política orientada a favorecer la expansión de las universidades privadas. Decisión que impide ampliar plazas, tensiona al personal docente e investigador y eleva las notas de corte, dejando fuera a la mayoría de nuestros jóvenes que no pueden pagar una universidad privada. Así se rompe el principio de igualdad de oportunidades y se transforma un derecho en un privilegio, generando frustración y proyectos vitales truncados.

La sanidad pública es la conquista social más valorada por la ciudadanía y, sin embargo, una de las más amenazadas allí donde gobierna la derecha y/o la ultraderecha. Externalizaciones, conciertos con empresas privadas y listas de espera interminables responden a una misma lógica: debilitar lo público para abrir espacio al negocio. Nuestra sanidad es el mayor valor social que tenemos y una conquista que define el modelo de país que queremos ser, porque garantiza el derecho a la salud con independencia de la renta.

La atención a las personas en situación de dependencia es otro ejemplo claro de esta diferencia de modelos. La Ley de Dependencia, impulsada por un gobierno socialista, convirtió los cuidados en un derecho reconocido por ley, que no dependiera de la caridad, del presupuesto disponible ni del gobierno de turno, sino de la obligación de la administración de atender con dignidad a quienes lo necesitan. Sin embargo, en 2012 el gobierno de Mariano Rajoy declaró este sistema “inviable” y lo recortó de forma drástica. “Hacer lo que se pudiera”, como dijo, supuso retirar más de 2.800 millones de euros y abandonar a miles de personas, cargando además sobre las mujeres cuidadoras un trabajo invisible y no reconocido.

Esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Cuando la derecha gobierna en el Estado intenta desmantelar lo público, y cuando gobierna en las comunidades autónomas reproduce ese mismo modelo. Lo vemos hoy en Canarias, Madrid, Murcia o Andalucía, comunidades entre las peor valoradas en atención a la dependencia, con sistemas low cost y listas de espera interminables.

En Canarias, pese a los recursos transferidos por el Estado, más de 25.000 personas permanecen en lista de espera para ser atendidas. Una situación que estuvo a punto de revertirse durante el gobierno socialista de Ángel Víctor Torres gracias a una apuesta clara por reforzar los recursos públicos.