Todos los sucesos y chapuzas que permitirán que la urbanización turística Cuna del Alma sustituya al Puertito de Adeje

Esta es la crónica de un despropósito que se inicia con una licencia municipal en 2020 para construir 420 villas en un espacio sin urbanizar en Tenerife, una isla saturada de camas turísticas; continuó con el destrozo de un yacimiento guanche, porque la promotora no atendió las pautas de la empresa de arqueología contratada por la propia constructora precisamente para salvaguardar el patrimonio, y ha culminado, por ahora, con la caducidad de un expediente sancionador y la reapertura de otro con una propuesta de sanción de 229.000 euros. ¿Se salvará el Puertito de Adeje tal como lo conocemos hoy? La respuesta a este interrogante la vamos a detallar en la siguiente investigación periodística.

Cuna del Alma se convirtió en noticia en mayo de 2022 cuando un tractorista se llevó por delante restos de un asentamiento indígena, pero su origen se remonta a 2014, cuando el Ayuntamiento de Adeje presenta a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) un proyecto para urbanizar una parcela de 442.750 metros cuadrados, una superficie similar a la de 44 campos de fútbol.

Cuna del Alma –nombre comercial del proyecto de la empresa Segunda Casa Adeje SL- amenaza con sepultar una de las pocas áreas que todavía queda libre de cemento en el sur de Tenerife, aunque no es un territorio estrictamente virgen porque ha sido antropizado desde hace un siglo para uso agrícola. A día de hoy, los hechos consumados apuntan a que la iniciativa liderada por el empresario belga Filip Hoste se ejecutará. De hecho, las obras de los viales de la futura urbanización están en marcha porque la promotora cuenta con licencia municipal a tal efecto desde hace un lustro. Hace dos semanas, arqueólogos del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y de Arqueocanaria, la empresa contratada por la promotora, celebraron una reunión técnica para acotar una serie de flecos que deben garantizar la protección de los vestigios guanches, que serán musealizados cuando concluya la urbanización.

¿Es legal este proyecto urbanístico a pesar del catálogo de infracciones y chapuzas que ha cometido la empresa Segunda Casa Adeje SL, como ha contado este periódico? Teóricamente lo es al estar avalado por los técnicos de la Cotmac que lo evaluaron.

¿Por qué aparenta ser legal Cuna del Alma? Porque el Ayuntamiento de Adeje le concedió licencia de construcción en 2020 tras superar el proyecto los trámites y filtros que establece la legislación. Este municipio históricamente ha estado gobernado por la izquierda, cuyo alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, es un poder fáctico en el PSOE de Canarias. ¿Y el proceso iniciado en 2014 hasta la concesión de la licencia de obras ha sido legal? En el ámbito estrictamente patrimonial, no existe ningún indicio de que no lo sea; de hecho, no hay ninguna denuncia sobre los trámites administrativos y aparentemente se han cumplimentado los pasos y respetados los plazos para realizar un proyecto de la envergadura de Cuna de Alma: la urbanización de un territorio. Para ello se necesita ejecutar un plan parcial, un instrumento de planificación urbanística que desarrolla y complementa las disposiciones de un plan general, como es el caso de Adeje.

Cuando se inicia el proceso de Cuna del Alma, la aprobación del plan parcial tenía que pasar por la Cotmac, la entidad de la Comunidad Autónoma que velaba por la ordenación del territorio y la sostenibilidad ambiental. Y decimos “velaba” porque se disuelve en 2018, tras aprobarse la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, para crearse la Comisión de Evaluación Ambiental de Canarias y la Comisión de Informe Único.

Informes negativos del Cabildo

La Cotmac envío el plan parcial a todos los organismos con vela en este entierro: consejerías del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y la Demarcación de Costas, para que emitieran sus respectivos dictámenes. El informe de Costas, por ejemplo, exigía la demolición de una antigua nave de almacenamiento de plátanos y tomates porque invadía sus dominios, sin tener en cuenta el posible valor etnográfico del inmueble. Con las leyes actuales, jamás se hubiese permitido su construcción. El proyecto aprobado contempla la conservación de dos tercios del inmueble para uso público ya que ha pasado a ser propiedad municipal, con el objetivo de preservar la memoria histórica del lugar, un eufemismo para los colectivos que se oponen al proyecto, “porque la memoria se preserva dejando el territorio sin urbanizar”, afirman.

Nos vamos a centrar ahora en dos informes que emitió el inspector insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, José Carlos Cabrera, un funcionario con buena fama por su pulcritud y rigor profesional. El primer informe data de 2014 y pone de relieve la primera chapuza de la promotora y del propio ayuntamiento. Cabrera informa negativamente porque el plan parcial carecía del preceptivo informe para salvaguardar los bienes arqueológicos.

Ante este revés, Segunda Casa Adeje SL contrata a un equipo técnico, integrado por los ingenieros Elías Hernández y Eduardo de Miguel García y la doctora en Ciencias Ambientales Cintia Hernández, para realizar la memoria de impacto ambiental y le pide que añada las medidas de protección del patrimonio. Segunda chapuza, porque lo que exige la normativa es una prospección arqueológica como determina la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias –ley que fue modificada en 2019-. El Cabildo de Tenerife, en 2017, vuelve a informar negativamente porque “no existe garantía de que se vayan a adoptar las medidas de protección adecuadas respecto a los bienes patrimoniales que eventualmente se localicen en el ámbito de referencia”, según el informe al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

Hay que dejar claro que estos dos informes negativos no entran en el fondo del asunto –la urbanización de un territorio-, porque no es su incumbencia. O sea, una vez que se presente el informe arqueológico ajustado a derecho, como se hizo posteriormente, la Cotmac daría luz verde al plan parcial y se lo comunicaría al Ayuntamiento y al Cabildo. Previamente, los informes ambientales de Patrimonio Histórico y de las áreas de Aguas y Medio Ambiente del Cabildo pasaron por sus correspondientes periodos de información pública, como refleja el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) celebrada el 6 de marzo de 2018.

Cuando en la primavera de 2018, al fin, se hace la prospección arqueológica, la Cotmac da por buena la subsanación que exigía el Cabildo. Sin embargo, la memoria de la prospección jamás llegó al Servicio de Patrimonio Histórico, como refleja el informe de la inspección en el que se valoran las afecciones al patrimonio provocadas al inicio de las obras, en mayo del 22. ¿Esta circunstancia es irregular o ilegal? Con la modificación en 2019 de la Ley de Patrimonio Cultural, es obligatorio remitir las memorias de impacto a estos servicios insulares, antes no. No obstante, sí que hubiese sido pertinente. En este sentido, en el citado informe del inspector insular se indica que de haber podido valorar el estudio arqueológico, “a pesar de que las propuestas de Arqueocanaria se hacen con muy buen criterio, posiblemente se hubiera adoptado alguna medida más para asegurar que no se produjeran posibles afecciones al patrimonio, incluso, si fuera necesario, modificar la propuesta de ordenación para evitar algunas de las intervenciones de urgencia que se indican en el estudio”.

La Cotmac aprobó en marzo de 2018 la “memoria ambiental de la revisión parcial del Plan General de Ordenación de Adeje en el ámbito del Sector S06 Puertito de Adeje”. Pero, ojo, condicionada a la subsanación de varias observaciones, entre ellas la ausencia de la prospección arqueológica. Cuna del Alma todavía no era legal. El 18 de octubre de ese mismo año, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias se vuelve a reunir y, tras comprobar la nueva documentación entregada, dictamina “considerar subsanadas las condiciones establecidas por la Cotmac en su acuerdo de 6 de marzo de 2018”.

El proyecto de urbanización Cuna del Alma entra en la legalidad, pero no está aprobado. Para ello, lo tiene que refrendar el Ayuntamiento que lo aprueba el 1 de marzo de 2019. El acuerdo plenario se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 21 de mayo de 2019. El periplo para la legalización de Cuna del Alma había llegado a su fin. Al siguiente año, 2020, se concedió la licencia de obra.

Prospecciones arqueológicas

Vamos a trasladamos a 2017, año en el que se realiza la primera prospección arqueológica. La empresa contrata a un arqueólogo de Tenerife y registra quince elementos patrimoniales, entre los que no se encontraba el yacimiento afectado por la negligencia de la dirección de la obra. Este estudio jamás se entregó a la Cotmac porque la promotora decide contratar los servicios de Arqueocanaria para tener una segunda opinión, ya que no quería que el Cabildo informara negativamente por tercera vez. Esta empresa grancanaria atesora experiencia en prospecciones vinculadas a obras de envergadura. Las grandes constructoras la temen porque no les pasa ni una; hay ejemplos en que los trazados de carreteras se han tenido que modificar, con el coste que conlleva, por la presencia de yacimientos.

Después del exhaustivo informe de Arqueocanaria, con 37 elementos patrimoniales descritos, fechado en mayo de 2018 con el que se da luz verde a Cuna del Alma, los arqueólogos realizaron dos nuevas prospecciones, en 2019 y en 2023. En esos nuevos trabajos se realizaron sondeos y excavaciones que han permitido conocer más y mejor los valores patrimoniales, además de consensuar un plan –entre la promotora y las áreas de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y del Cabildo- para protegerlos e integrarlos en la futura urbanización.

Las chapuzas de Segunda Casa Adeje SL no llegaron a su fin con la aprobación del proyecto y la concesión de la licencia. Dos años después, en mayo de 2022, Cuna del Alma salta a la primera página de la actualidad de Canarias por la agresión a un yacimiento, porque la empresa no toma las medidas que cita Arqueocanaria en sus informes –este periódico tiene en su poder las tres memorias de las intervenciones realizadas por esta empresa de arqueología- y se lleva por delante un yacimiento. Esto no es una chapuza, es una infracción de manual por la que se ha propuesto una sanción.

Llegados a este punto hay que amplificar un dato que ha pasado desapercibido hasta hoy. La voz de alarma que comunica el atentado arqueológico al inspector insular del Cabildo y a la directora general de Patrimonio del Gobierno, José Carlos Cabrera y Nona Perera, respectivamente, fue Valentín Barroso, el codirector de Arqueocanaria, no los colectivos ecologistas.

Ese mismo año, 2022, como adelantó este periódico el 3 de septiembre, la promotora incurrió en otra irregularidad, ya que la memoria ambiental no incluía una especie vegetal protegida, la Echium triste, más conocida como la viborina triste o tajinaste del cardonal. Las obras fueron paralizadas por segunda vez. Pero los trabajos se reanudaron al año siguiente.

¿Por qué caduca el expediente?

En esta investigación periodística hemos detectado que las chapuzas no solo se circunscribieron al ámbito privado. Durante la etapa de María Antonia Perera al frente de la Dirección General de Patrimonio Cultural, cuando estalla el caso Cuna del Alma, se abre el expediente sancionador, pero concluyó la legislatura y su departamento fue incapaz de cerrarlo. La ley establece un plazo máximo de un año pero “en seis meses se puede concluir perfectamente”, afirma un funcionario de la Consejería de Cultura que nos ha pedido garantizar su anonimato.

¿Por qué en su etapa de directora general no se concluyó el expediente sancionador?, le preguntamos a Nona Perera: “Ocurrieron varios asuntos que se dilataron en el tiempo; además, yo me fui en abril [al ser designada candidata de Podemos al Ayuntamiento de Arrecife] y las competencias las asumió Juan Márquez [era el viceconsejero de Cultura]”. ¿Pero desde que ocurrieron los hechos hasta su marcha pasaron nueve meses, qué pasó para no concluir el expediente? “Encargué una prospección porque los colectivos nos comunicaron que había más restos guanches y por eso se retrasó el cierre del expediente”. ¿Pero por qué se congela el expediente, qué tiene que ver el destrozo del yacimiento con la nueva prospección?, repreguntamos a Perera: “Es que lo vinculamos”.

La realidad es que la información que le trasladaron “los colectivos” está perfectamente recogida en las memorias de las excavaciones de Arqueocanaria, pero como la inspectora del expediente no era arqueóloga –es licenciada en geografía- y Perera no se fiaba de Arqueocanaria al ser la empresa contratada por Segunda Casa Adeje SL., se gasta 15.000 euros en un nuevo informe. La prospección tardó en adjudicarse porque en primera instancia ninguna empresa acudió a la llamada de la Dirección General, porque los requisitos no compensaban el importe del encargo. Las torpezas no acaban ahí: fue tan apresurada esa gestión que incluso se invitó a participar a Arqueocanaria. Finalmente, se rebajaron las exigencias y se adjudicó la prospección a Prored. Al ser terrenos privados, se necesitaba autorización de la propiedad. Cuna del Alma se oponía, pero gracias a la intermediación de la propia Arqueocanaria se permitió el acceso a los arqueólogos contratados por Perera. “Somos los primeros interesados en que haya transparencia; después de tantos años de experiencia, nada tenemos que demostrar ni esconder”, ha declarado a este periódico Valentín Barroso, codirector de Arqueocanaria.

Los trabajos de Prored se realizaron en tres días y, según declaró el actual director general, Miguel Ángel Clavijo, al diario Atlántico hoy a finales de 2023, “no aportaron nada que no estuviese redactado antes”. ¿Qué opina Prored sobre la valoración de Clavijo?: “Sinceramente, no quiero hablar de eso. Hicimos un trabajo que licitaron y punto”.

El hecho objetivo es que la inspectora del caso, Aránzazu Gutiérrez, una geógrafa que llegó a la Dirección General por su militancia en la Agrupación Herreña Independiente –fue directora general entre 2007 y 2011-, y el instructor fueron incapaces de resolver el expediente. En consecuencia, caducó en agosto del 23. Clavijo no llevaba ni un mes al frente de la Dirección General. El alto funcionario de Cultura sostiene que “aunque Clavijo se hubiese empeñado en cerrarlo nada más tomar posesión, hubiese sido imposible porque los plazos de propuesta y alegaciones hubiesen superado los doce meses que establece la legislación”. Conclusión: el expediente sancionador no se dejó caducar, caducó porque no se terminó en el plazo correspondiente.

¿Se rebajó la sanción?

Otro asunto polémico es la supuesta rebaja de la sanción de 600.000 euros a los 229.000 que el pasado mes de mayo anunció el Gobierno autónomo al concluir el expediente sancionador que activó el actual director general. ¿Cómo es posible que se aireara una multa de 600.000 euros si el expediente que se abrió en la etapa de María Antonia Perera caducó al no concluirse? Hay que señalar que la ley exige que antes de difundir los resultados de cualquier expediente administrativo, primero hay que informar a la parte afectada. Jamás se informó a la promotora de Cuna del Alma, sencillamente porque no se concluyó el expediente.

Entonces, ¿de dónde sale la cifra de 600.000 euros? Sale de una reunión que Perera mantuvo el 1 de septiembre de 2022 con Tegüico –la asociación cultural que ha liderado las protestas contra la urbanización del Puertito de Adeje-, y fue ese colectivo quien difundió en sus redes sociales esa información al día siguiente de reunirse con Perera. Esto ocurrió solo dos semanas después de que se iniciara la apertura del expediente. ¿Por qué Perera contó a Tegüico, como recogieron los medios de comunicación, que la infracción era “muy grave” si el expediente estaba en una fase incipiente? Si el expediente se hubiese cerrado a tiempo, tal vez se hubiese impugnado y revocada la sanción por difundirse sin que previamente se hubiese informado a la parte afectada, como establece el procedimiento. Conclusión: la sanción de 600.000 nunca ha existido, solo existe la propuesta de sanción de 229.000 euros, la del único expediente que se ha iniciado y cerrado cumpliendo los trámites y plazos que establece la ley.

En este sentido, el jefe del Área de Cultura, Guillermo de Diego, explica que aunque desconoce el contenido concreto de los informes y actas de inspección que obran en los expedientes, está “convencido que las decisiones adoptadas en ambos casos se sustentan únicamente en valoraciones técnicas, realizadas conforme a las infracciones tipificadas en la ley, que se traducen en sanciones”. Y añade: “Es importante dejar claro que ni el Área ni el Servicio de Patrimonio Cultural intervienen en los procedimientos sancionadores, ya que tanto los inspectores como los instructores responsables de su tramitación dependen de otra unidad administrativa independiente, lo que precisamente refuerza y garantiza la imparcialidad de los procedimientos.”

¿Por qué el único expediente válido califica de grave la infracción y no de muy grave como aireó Perera? Esta pregunta se la hemos planteado a Miguel Ángel Clavijo: “Nona Perera sabe perfectamente que la afección no puede ser calificada técnicamente de muy grave, pero se debe a su público y no los puede decepcionar ahora”. Clavijo defiende a los técnicos: “Los inspectores realizan informes periciales estrictamente arqueológicos y establecen la relación entre la afección y la infracción”.

María Antonia Perera es muy crítica con la propuesta de sanción de 229.000 euros, frente a la que ella aspiraba de 600.000 euros. “El hecho de que se rebaje la cuantía es reducir la memoria de nuestros ancestros al precio de una baratija”, declaró a este periódico. Al respecto, Clavijo afirma: “Después de dos años de legislatura, no dejamos caducar ningún expediente, se ejecuta el cien por cien del presupuesto y a los que atentan contra nuestro patrimonio cultural se les aplica la ley, sean quienes sean”.

Los últimos expedientes sancionadores parecen darle la razón. En uno se propone sancionar al Cabildo de Tenerife –gobernado por Coalición Canaria, partido al que pertenece Clavijo- con más de 300.000 euros por los daños causados a un yacimiento en unas obras del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). En otro, al Ayuntamiento de Tinajo, cuyo alcalde es el padre de la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, la jefa directa de Miguel Ángel Clavijo.

¿Ha recibido presiones?, preguntamos a Clavijo: “En este tipo de trabajo siempre hay presiones, pero la única presión que me preocupa y me ocupa es el cumplimiento estricto de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias”.

La versión de Aránzazu Gutiérrez

Una vez publicado este reportaje, Aránzazu Gutiérrez remitió a esta redacción su versión sobre los hechos, que reproducimos a continuación:

“Con respecto a mi profesionalidad, tengo un currículum que no viene dado por la política, soy licenciada en Geografía e Historia, con especialidad en Historia del Arte, desde 1994. Me he especializado en museología y gestión de patrimonio cultural de Canarias, e impartido conferencias y participado en publicaciones relacionadas con el patrimonio cultural de Canarias en los diferentes ámbitos que recoge el artículo 2.2 de la Ley 11/2029, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, todo ello entre otras cosas que avalan mi currículum profesional. Además de ser profesora -tutora de Historia Contemporánea en el Centro Asociado UNED Tenerife (2005-2007), investigadora del patrimonio mueble de la isla de El Hierro, técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de El Hierro como personal laboral desde el 2000 al 2009, y desde el 2009 como funcionaria de carrera. Como funcionaria de carrera me trasladé desde el Cabildo de El Hierro al Gobierno de Canarias en septiembre de 2017, en comisión de servicio a la Jefatura de Sección del Servicio Técnico de Ordenación Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos Occidentales que ocupé hasta el 7 de mayo, fecha en la que accedo por concurso de méritos de Libre Designación a la Alta Inspección hasta el 31 de diciembre de 2023”.

“En referencia a la incapacidad de resolver el expediente sancionador, desarrollé el trabajo que me correspondía como inspectora levantando acta y haciendo los correspondientes informes y remitiendo las diligencias al órgano competente. La caducidad posterior no es atribuible a mi persona ya que la inspección no tiene capacidad resolutiva, como establece el artículo 146.1 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, que reserva las resoluciones al órgano sustantivo del Gobierno autónomo. Por tanto, es rotundamente falso que el expediente caducara por una supuesta dejación o falta de competencia mía. La caducidad obedeció a otras causas fuera de mi responsabilidad. Es todo cuanto tengo que decir al respecto”.