Las 532 inmatriculaciones de la Iglesia en Canarias costaron “la mitad del precio de una campana”, según Podemos

Manuel Marrero, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, afirma que “las 532 propiedades inmatriculadas en Canarias le han costado a la Iglesia Católica unos 13.200 euros, la mitad del precio de una campana”. 

Por ese motivo, pedirá este martes al consejero de Presidencia, Julio Pérez, que el Gobierno del Pacto “se implique”, junto al Ejecutivo del Estado en “reconocer la inconstitucionalidad sobrevenida de la Ley Hipotecaria de 1946, a partir del año 1978, y aprobar su consiguiente derogación”, ya que gracias a ella se ha permitido que la Iglesia Católica haya cometido “el mayor expolio de la historia de España”.

Marrero, que hará comparecer al consejero de Presidencia durante la sesión plenaria de control al Gobierno para que explique las implicaciones en relación al estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998, insiste en que “lo ideal sería saber todo lo inmatriculado desde 1946, año en que se aprobó la Ley Hipotecaria, siquiera para conocer el enorme provecho que sacó la jerarquía eclesiástica de su connivencia con el régimen franquista”.

De todas formas, desde Sí Podemos Canarias se considera que, si no es posible conocer ese dato, “al menos necesitamos saber la relación desde 1978, año en el que se aprueba la Constitución que, al declarar la aconfesionalidad del Estado, debería haber acabado con esa prerrogativa de la Iglesia Católica”. “Y si no lo hace el Estado español, seguramente lo tendrá que hacer la Unión Europea, donde hace siglos cayeron los privilegios feudales”, añade el portavoz.

Marrero recuerda que el primer registro de la propiedad de los bienes que ha hecho la Iglesia no fue para “dar seguridad jurídica a esos bienes”, al contrario, quedan “desprotegidos”, ya que “si los han inmatriculado es para hacer uso de las prerrogativas que le concede el registro de la propiedad: vender, alquilar, permutar, hipotecar y ejercer dominio sobre sus bienes”. 

En definitiva, “para tener un enorme patrimonio con el que financiarse y enriquecerse” e incluso “poder obtener créditos hipotecarios” o llevar a efecto “el alquiler a terceros de esos bienes exentos de IBI, por ejemplo para comercios en la calle Carrera en La Laguna”.

Por ello, lamenta que solo 13 de los 88 ayuntamientos se hayan implicado activamente en conocer los bienes exentos de IBI que hay en cada municipio, pues “es el paso previo para tomar acuerdos a favor de sus derechos”. 

“Las corporaciones locales están obligadas por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales a presentar una demanda civil para promover la nulidad de las inscripciones que se realizaron sin aportar ningún tipo de documentación y promover su recuperación”, insiste.    

Para concluir, insiste en que desde Sí Podemos Canarias se pide “a los gobiernos del Estado y de Canarias que faciliten la modificación normativa necesaria para proceder a la recuperación de los bienes de dominio público” y “cooperen con ayuntamientos y la ciudadanía para recuperar los indebidamente apropiados”.