Clavijo insiste en que el Parlamento “ha condenado al pueblo de Güímar a que se siga extrayendo áridos”
La polémica sobre la decisión del Parlamento de no tramitar la iniciativa del Cabildo de Tenerife sobre la restauración de los barrancos de Güímar ha continuado dos semanas después en la Cámara regional, donde el presidente del Gobierno, el nacionalista Fernando Clavijo, ha afirmado que esa decisión “ha condenado al pueblo de Güímar a que se siga extrayendo áridos porque existe un derecho que lo permite”.
Clavijo ha negado la tesis defendida por la portavoz de Podemos, Noemí Santana, de que el fin último de la iniciativa era “compensar a los areneros” cambiando el uso del suelo para permitir proyectos urbanísticos turísticos.
“Gracias al nerviosismo” del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, antes del debate supimos que la intención no era rehabilitar, ni siquiera dilatar la ejecución de la sentencia que obliga a varios empresarios a rehabilitar la zona, sino compensar a los areneros con proyectos urbanísticos“, afirmó.
Santana insistió en que “lo que ustedes quieren proteger a los empresarios pertenecientes a la trama canaria que aparecen en los sumarios judiciales y ponen a Canarias a la cabeza en los casos de corrupción”.
Clavijo replicó a la portavoz de la formación morada que CC y el Gobierno “somos coherentes”; pues la intención de la propuesta rechazada era “impedir que continuara la extracción de áridos”. Una iniciativa que “fue apoyada por Podemos en el Cabildo de Tenerife, así que no sé si usted está acusando a su propia formación política de ser parte de esa trama canaria”.
“Nosotros dijimos lo mismo en el Parlamento que en el Cabildo, ustedes no, e incluso su actitud ha sido criticada por sus compañeros en el Cabildo”, concluyó Clavijo.
Pagarán los condenados
Por su parte, el consejero de Industria, Pedro Ortega, afirmó a una pregunta efectuada por el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, que se ha constituido una mesa de trabajo junto al Cabildo y al Ayuntamiento de Güímar para “elaborar en el plazo adecuado el Plan de Restauración que deberá ser pagado por los areneros condenados” para “restablecer el equilibrio ecológico” en la zona afectada.
“Tengo la impresión de que el Gobierno está tímido a la hora de dinamizar la cooperación para restaurar barrancos tras la decisión razonable del Parlamento de votar en contra de esa iniciativa en base, por cierto, a informes negativos de la propia Consejería de Industria”, dijo Rodríguez.
