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Nueva Canarias acusa al Ayuntamiento de Mogán de contratar a un despacho de abogados ilegalmente y la alcaldesa lo desmiente

Según el partido de la oposición del Consistorio grancanario el gobierno municipal ha adjudicado "ilegalmente" un contrato con el despacho Jiménez Cisneros Abogados, S.L.

Onalia Bueno sostiene que el contrato no incumple la ley y que el bufete contratado es "una primera espada" en materia de Costas

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Ayuntamiento de Mogán (ALEJANDRO RAMOS)

Ayuntamiento de Mogán (ALEJANDRO RAMOS)

Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán ha vuelto a acusar al grupo de gobierno conformado por CIUCA-PSOE de realizar una adjudicación ilegal al despacho Jiménez Cisneros Abogados S.L. por un importe de 18.000 euros más el IGIC de 1.260 euros, lo que desde el punto de vista de la concejala Isabel Santiago no está dentro de la legalidad porque el mismo se ha concedido como contrato menor de servicio.

Santiago argumenta que, según el t exto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el que el contrato se ampara, este subraya en el artículo 138.3 que se consideran contratos menores aquellos cuyas cuantías de adjudicación sean inferiores a los 18.000 euros, por lo que este contrato al estar igualando dicha cuantía es irregular.

"Esta situación, en la que se adjudica un contrato incumpliendo la ley, es muy grave, pues significa que los controles administrativos han fallado estrepitosamente". Por ello el partido de la oposición ha presentado sendos escritos en los que se solicita una revisión del expediente por parte de la intervención de fondos y otro en el que se pide la convocatoria extraordinaria de la comisión informativa en materia de contratación "para que los responsables políticos de lo ocurrido rindan cuentas de este hecho".

Además del supuesto incumplimiento de la ley desde Nueva Canarias protestan por "la adjudicación a dedo y la falta de control administrativo" que es una muestra del "caos" en el que se encuentra sumido el Ayuntamiento del oeste grancanario, así como que sirve para poner de manifiesto "los efectos tan nefastos que la política de personal desarrollada por la alcaldesa, Onalia Bueno, está teniendo en la eficacia de la gestión de los asuntos públicos y en consecuencia el impacto negativo en las arcas públicas municipales".

Por su parte, Onalia Bueno ha sentenciado que en este contrato no hay "nada fuera de la legalidad" y que de lo contrario el interventor y los técnicos habrían puesto reparo. "Viene visado por la intervención municipal", sostiene la alcaldesa moganera, quien explica que para adjudicar un contrato como este primero hay que presentar la propuesta de contratación, después el contrato lo revisa el asesoramiento jurídico, quien da el visto bueno de que se cumplen "todas las bendiciones para ser contratado este gabinete" y después vas a la intervención municipal.

"Si el interventor firma en la reserva de crédito que es apto para contratar los servicios pues la bendición del interventor está. Si no nos ha puesto reparo es que está todo ok", por lo que descarta cualquier ilegalidad de la que le acusa Nueva Canarias. "Eso es lo que dicen ello, nosotros decimos lo contrario".

Cuestionada sobre por qué se ha decidido contratar a este despacho de abogados, Bueno asegura que este gabinete es una "primera espada" en los temas relacionados con el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y la Dirección General de Costas. Precisamente con Costas recuerda que el municipio tiene "bastantes proyectos empantanados" desde hace muchos años y que estos abogados son expertos en esta materia. "Nos está desbloqueando proyectos que llevan paralizados más de 20 años. Aparte nos asesora en otros proyectos" recalca.

Así mismo, cree que es la empresa ideal para hacer frente a los diferentes líos administrativos dejados por el Partido Popular, que gobernó hasta mayo de 2015, relacionados con expropiaciones o contratos como el de limpieza viaria.

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