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Podemos pide el cese cautelar del comisario de la Policía Canaria y del subinspector condenado

La formación morada advierte de que a raíz del caso Ladrillo se iniciaron numerosos expedientes contra varios agentes a los que la Justicia está dando la razón

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El comisario de la Policía Canaria, Luis Santos Jara, durante su comparecencia como testigo del caso Ladrillo.

El comisario de la Policía Canaria, Luis Santos Jara, durante su comparecencia como testigo del caso Ladrillo. Alejandro Ramos

La parlamentaria de Podemos, Concepción Monzón, ha solicitado al Gobierno de Canarias que suspenda cautelarmente de empleo y sueldo al comisario del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Santos Jara, y al subinspector condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas, Carmelo Sosa, hasta que la sentencia sea firme y la administración pueda tomar una decisión definitiva.

Monzón recuerda que el subinspector se encuentra de baja, pero sigue manteniendo su puesto de trabajo. Al igual que lo hace Santos Jara, que apoyó a Sosa en sede judicial e insinuó que los agentes denunciantes del caso se habían atribuido un delito para inculpar a su superior, en base a una venganza sindical.

La diputada de la formación morada cuestiona que el máximo responsable de la Policía siga en su puesto, teniendo en cuenta las “graves acusaciones” que vertió cuando compareció como testigo ante la Audiencia Provincial. “Nos parece anormal que siga siendo el comisario jefe de unos agentes que velan por la seguridad de todos los canarios y que, sin embargo, él entiende que son capaces de inculparse y de mentir en sede judicial para ir en contra de un mando”, manifiesta.

A juicio de Monzón, ha llegado la hora de que el Ejecutivo canario actúe y “no mire hacia otro lado a la espera de que la Justicia diga”.

Mozón preguntó recientemente en el Parlamento de Canarias a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad, Seguridad, Nieves Lady Barreto, por la situación del Cuerpo tras la sentencia y el resultado de la Comisión de Investigación que recomendó 17 actuaciones para aplacar el “conflicto de convivencia” que explotó en la base de Gran Canaria después de que el caso Ladrillo llegara a los Juzgados.

Barreto respondió escuetamente que lo ocurrido en el seno del Cuerpo financiado por el Gobierno canario es un “hecho puntual” y que el Ejecutivo no actuará hasta que la sentencia sea firme. Sobre las recomendaciones de la Comisión de Investigación no dijo nada. De hecho, según ha podido saber este periódico, de momento no se ha llevado a efecto ninguna de sus indicaciones.

La diputada regional no duda de que la Administración regional deba acatar las sentencias una vez sean firmes, sin embargo, lamenta que la consejera haya evitado hablar del “caos y la situación laboral que hay en la Policía Canaria”.

Para Monzón, esta falta de respuestas evidencia que la Consejería que dirige Barreto no ha hecho “absolutamente nada” por resolver el problema. “A nosotros nos consta que ha habido un esfuerzo por parte de las organizaciones sindicales para intentar llegar a un entendimiento”, iniciativa que no parece haber sido correspondida, apostilla.

Un dato esclarecedor del ambiente que sufre La Policía Canaria – creado en 2010 por Paulino Rivero – se centra en el número de agentes que han solicitado volver a sus cuerpos de origen. En total, señala, soy hay 68 efectivos, lo que a su juicio evidencia un rechazo entre los profesionales del sector que podrían cubrir vacantes a través de un concurso público.

“La situación merece que realmente se actúe”, asegura la parlamentaria de Podemos, quien no entiende “cómo es posible que teniendo la información de la Comisión de Investigación no se haya hecho ni se haga nada, mientras se está esperando a que haya una sentencia firme”.

Oleada de expedientes a pagar por el Gobierno

Monzón recuerda que en las pesquisas policiales del caso Ladrillo la Guardia Civil llevó a cabo una serie de escuchas telefónicas que revelaron cómo el comisario y el subinspector ahora condenado hablaron de abrir expedientes disciplinarios a los agentes denunciantes como “medida hostil”. Unos expedientes que, según advierte, se llegaron a hacer efectivos y que los afectados han terminado por llevar ante la Justicia.

Con el paso del tiempo, las denuncias han llegado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuyas sentencias han sido favorables a los agentes, lo que supone las consiguientes condenas en costas que saldrán de las arcas públicas canarias.

Podemos pedirá explicaciones y responsabilidades políticas al Ejecutivo canario por la gestión de la Policía Canaria. “Hay una responsabilidad política de los máximos responsables que, conociendo la situación, no actúan para evitar que los problemas se acumulen”, asevera.

Lo que sí le sorprende es la permuta del director general, que “parece ser que quería tomar la iniciativa y aplicar cambios que no pudo hacer efectivos”, al pasar a ocupar el mismo cargo en Seguridad y Emergencias. Sobre este caso tampoco hay explicaciones.

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