Amnesia, depresión e ignorancia ante la juez de 'Góndola'
Casi nadie se acuerda de cómo el empresario Santiago Santana Cazorla y el alcalde de Mogán, Francisco González (PP), pretendieron burlar la legalidad vigente para regularizar ante el Cabildo de Gran Canaria una depuradora ilegal de aguas en la playa de Taurito.
El líder local del PP presionó en 2006 a la Corporación insular presidida por José Manuel Soria, a través del consejero de Aguas, José Jiménez, para favorecer a Santiago Santana Cazorla en la puesta en marcha de la depuradora que le ha llevado a estar imputado en el caso Góndola.
Sin embargo, cuatro años después, la amnesia, algún que otro estado depresivo y la ignorancia sobre las competencias municipales han presidido la primera ronda de declaraciones ante la juez Mónica Oliva, tras activarse de nuevo las pesquisas en torno a la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán.
Así se desprende de las declaraciones efectuadas el miércoles por el concejal de Turismo, Tomás Lorenzo, el técnico de abastecimento de agua potable y alcantarillado, Adrián Guerra Peralta, y el ex asesor de Vías y Obras, Eduardo Gabriel Marrero González.
Todos eludieron en la primera jornada de citaciones judiciales, en calidad de imputados, tener responsabilidad alguna en la trama de Santana Cazorla con el alcalde del PP.
Incluso el ex asesor, primo del alcalde conocido como Tato, aunque admitió haber tenido conversaciones con Francisco González al respecto, aseguró que cuando la Policía le tomó declaración como testigo “llevaba un tiempo de depresión y no estaba bien de memoria”.
“Mi cabeza no estaba en su sitio en Comisaría”, mantuvo Tato, aunque admitió tener conocimiento a través del alcalde, en una conversación grabada por los investigadores el 15 de octubre de 2006, de las instrucciones dadas por el alto funcionario ya jubilado Marcelino Martín, uno de los principales imputados del caso, al técnico Adrián Guerra Peralta para que emitiera un informe positivo para poner en marcha la depuradora de Santana Cazorla.
Marrero González eludió cualquier responsabilidad sobre esa petición de informe de urgencia, del mismo modo que el concejal Tomás Lorenzo. El responsable de Medio Ambiente en el anterior mandato admite también haber tenido conversaciones con el alcalde sobre el asunto, pero sólo por el problema de salud pública y de imagen turística que suponían los vertidos de aguas fecales en Taurito.
“Nunca me interesé por la depuradora para favorecer a una empresa”, aseguró Tomás Lorenzo a la juez. Eso sí, a preguntas del fiscal, Jorge Pobre, reconoció que nunca revisó el expediente administrativo del convenio suscrito entre Aquatauro, empresa de Santana Cazorla, y el Ayuntamiento de Mogán, para la puesta en marcha de la depuradora. “Me llegó, leí la primera página y no lo entendí”, por lo cual lo remitió a los técnicos, dijo Lorenzo.
Y en cuanto a Adrián Guerra Peralta, el técnico de abastecimiento de agua potable y alcantarillado reconoció también haber recibido instrucciones de Marcelino Martín para realizar un informe favorable para la puesta en marcha provisional de la depuradora.
Nunca llegó a realizarlo por falta de tiempo. Le correspondía a otro técnico, Adrián Navarro, adscrito a Actividades Clasificadas, pero Navarro estaba de baja y al Ayuntamiento le urgía aprobar la depuradora de Santana Cazorla, por la cual el alcalde recibió el favor del empresario de adjudicar un supermercado en Anfi del Mar a Spar.
Guerra Peralta aseguró a la juez no recordar las instrucciones precisas recibidas por su jefe, del que tampoco recordaba si ya estaba jubilado, Marcelino Martín. Tampoco recuerda la conversación grabada por los investigadores con el alcalde de Mogán, el 27 de septiembre de 2006, “porque tenía otros temas más importantes que atender”.
Y no llegó a intervenir en el informe por falta de tiempo y la reincorporación del técnico adscrito a Actividades Clasificadas, competente del mismo, a pesar de que en la conversación grabada con el alcalde este le urge a emitir un certificado favorable para la actividad de la depuradora de AquaTauro.
“No recuerdo exactamente las indicaciones. Sólo que no debía nombrar un expediente de Disciplina Urbanística y que no debía hacer referenecia a la puesta en marcha definitiva de la depuradora al estar en suelo rústico no apto, sino provisional por el problema de los vertidos de aguas fecales y el motivo de salud pública”, aseveró Guerra Peralta.
Al técnico no le pareció normal recibir indicaciones para un informe del que sabía de oídas -como el resto de imputados de este miércoles- que tenía un problema de licencia por la irregularidad de su ubicación. Y al no conocer el expediente, ante la juez tampoco supo valorar si las indicaciones recibidas por sus superiores eran ajustadas a la legalidad.
La tanda de declaraciones de nuevos imputados en el caso Góndola continúa este jueves, con las citaciones del ex consejero de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, José Jiménez (PP), quien en el sumario del caso pone en evidencia la ignorancia total del alcalde ante los delitos que comete en el asunto de la depuradora, el funcionario responsable del Consejo Insular de Aguas, José Luis Guerra Marrero, y el ingeniero de caminos Francisco González González-Jaraba.
Este viernes concluye la ronda con citaciones en calidad de testigos de otras tres personas relacionadas con el caso, Rosa Elena Díaz Machín, Armando Luis Betancor Álamo y Lidia Esther Quintana Álamo.
La depuradora de Taurito, ligada directamente a la concesión de un supermercado de Anfi del Mar a Spar, afectó negativamente a Luis Soria, hermano del por entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria y actual vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria. Tanto, que el actual secretario general del PP y asesor del Grupo Anfi, Manuel Fernández, le dijo al alcalde de Mogán: ''Estaba Luis Soria, a ver cómo se lo tomó José Manuel''.
