Una nueva redada anticorrupción en Lanzarote alcanza al Cabildo y la Cámara de Comercio de la isla
La trama de corrupción destapada en Lanzarote salpica ya al Cabildo y a la Cámara de Comercio de la isla, tras la detención este jueves de otros cinco empresarios y un constructor en la segunda fase de la operación Unión.
Estas detenciones se produjeron tras el registro efectuado por la mañana en el Ayuntamiento de Yaiza, una población de más de diez mil habitantes del sur de la isla, y en diversas oficinas promotoras y empresas constructoras.
Los seis nuevos acusados en la operación, en la que ya han sido imputadas diecisiete personas, fueron detenidos en Lanzarote, Gran Canaria y Tarragona por su supuesta implicación en la trama de corrupción municipal y urbanística destapada en Lanzarote.
Según la Guardia Civil, de los detenidos este jueves el principal implicado está acusado de haber ofrecido importantes comisiones presuntamente ilegales, “dinerarias o en especie”, a un consejero del Cabildo de Lanzarote y a varios vocales del Pleno de la Cámara de Comercio “a cambio de adoptar diversas decisiones en beneficio de sus intereses económicos”.
Los agentes investigan, además, en qué medida ha podido influir este detenido sobre varios cargos públicos del Ayuntamiento de Yaiza, municipio en el que se encuentra una de sus promociones urbanísticas más importantes, “para garantizar el futuro desarrollo de la misma dentro del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de dicho Ayuntamiento”.
Uno de los principales detenidos este jueves ha sido identificado como el abogado y empresario de la construcción Luís Fernando Lleo Khunel, que fue detenido en Reus (Tarragona) y se dispuso su traslado a la isla de los volcanes.
Otro de los empresarios arrestado en Lanzarote es Fernando Becerra Robayna, a quien se le ha imputado un delito de cohecho.
Fernando Becerra, cuyo domicilio fue registrado durante la mañana, es hermano de Ubaldo Becerra, del PIL, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote que fue detenido el lunes.
De los cuatro empresarios detenidos en Lanzarote también ha sido identificado el empresario y abogado lanzaroteño Honorio Nicolás García-Bravo Betancor, consejero de la Radio Televisión Canaria (RTVC) por Coalición Canaria.
Según informaron fuentes de la investigación, el detenido, que es hijo de un ex alcalde de Yaiza, es vocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote y tiene negocios familiares en compañías aéreas y hoteleras y en gasolineras.
Durante la mañana, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha registrado el ayuntamiento lanzaroteño de Yaiza y su oficina técnica en el marco de la operación Unión contra la trama de corrupción municipal y urbanística que cobraba comisiones ilegales a empresarios.
A los seis detenidos este jueves en esta segunda fase de la operación Unión se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El pasado lunes fueron detenidas otras once personas, entre ellas dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife, dos funcionarios y el líder del PIL Dimas Martín.
Su hija, Elena Martín, jefa del servicio de contratación del Ayuntamiento, fue puesta en libertad con cargos después de declarar ante los agentes.
Durante la mañana de este jueves, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha llevado a cabo registros también en los domicilios de varios de los detenidos y las sedes de distintas empresas promotoras de la isla.
Según la Guardia Civil, la investigación continúa bajo secreto de sumario y aún sigue abierta, “por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones”.
Durante la jornada de este jueves, el juez de la operación Unión ha dejado en libertad, con cargos de cohecho y tráfico de influencias, a la empresaria María José García Acosta, detenida el pasado lunes en la primera fase de la operación.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permanecen durante la tarde en el Ayuntamiento de Yaiza analizando documentación supuestamente relacionada con la trama de cargos públicos y empresarios que se dedicaba al cobro de comisiones ilegales a empresarios.
La operación policial, bautizada con el nombre de Unión, se inició a raíz del cobro de una de las supuestas comisiones cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.
