Antonio Morales: “Se ha perseguido políticamente a Juan Manuel Brito, ahora se pretende su muerte cívica”
“Se ha perseguido la muerte política de Juan Manuel Brito, ahora se pretende también su muerte cívica”. Así se ha pronunciado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sobre las críticas de los partidos de la oposición por la subvención de unos 45.000 otorgada al Centro de Estudios y Difusión del Atlántico (CEDA) para un proyecto en el que figura Juan Manuel Brito, ex vicepresidente de la corporación insular, cesado el pasado mes de febrero después de ser expulsado de Podemos por incumplimiento del código ético.
En declaraciones a la cadena Ser, Morales ha asegurado que desconocía si existía algún tipo de relación entre Brito y esa asociación y que tampoco sabía que la aprobación de la modificación de crédito en la que se incluye esa subvención se había tratado en la comisión ni que se llevaría al pleno ordinario que el Cabildo de Gran Canaria celebra este viernes a partir de las 10.00 horas en la Casa Palacio.
El presidente insular ha señalado que esa subvención de 45.000 euros se incluye dentro de una modificación de crédito de 900.000 euros destinada a sufragar proyectos de distintas ONG.
Morales se ha remitido a la solicitud de rectificación enviada este jueves por el CEDA a Canarias Ahora para tratar de zanjar la polémica creada. En ese escrito, el presidente de este centro, Miguel Suárez Bosa, asegura que Juan Manuel Brito no figura ni como miembro de la junta directiva ni como empleado. Según el presidente del Cabildo, este proyecto del CEDA, un estudio sobre movimientos sociales y políticos en Canarias, también está financiado por el Gobierno regional y por el Ayuntamiento de la capital grancanaria.
Para Morales, Brito ha sido “perseguido” tanto por los medios de comunicación, “que llegaron a publicar en primera página” una denuncia por abuso de menores, finalmente archivada, como “por su propia organización”, Podemos, que acabó por expulsarlo en una decisión que los juzgados han paralizado de forma cautelar. “Ahora se le pretende perseguir civilmente, se pretende su muerte cívica, como ciudadano”, ha insistido el presidente de la corporación insular, que no vería ningún inconveniente en subvencionar proyectos presentados por Brito en el ejercicio de su actividad profesional y de “su compromiso con las ONG”.
Como ha informado Canarias Ahora, este viernes el pleno insular debe aprobar esa modificación 17/11A, que se eleva a 896.172, 40 euros. De esos casi 900.000 euros, 548.292, 43 euros corresponden a créditos extraordinarios como el que será destinado a un centro de estudios ligado a la ONG Acción En Red Canarias (ahora reconvertida en la Asociación Migrando), la plataforma de activismo social desde la que el grupo liderado por Juan Manuel Brito se lanzó a la política institucional en 2015. Y de la que por ello ha sido expulsada su asociación canaria de la federación estatal.
La partida presupuestaria llega siete meses después de que Brito pasara a un segundo plano político tras la crisis que se abrió en Podemos con sus consejeros tránsfugas y la expulsión de su líder. En febrero pasado, Brito anunció en público su dimisión pero en realidad fue cesado, y por tanto despedido con un mes de indemnización, el prorrateo de las pagas extras que le correspondían y con derecho a paro por lo cotizado. El escándalo coincidió al desvelar este periódico que Brito había hecho trampas para ganar las primarias de Podemos al Cabildo.
