El Gobierno canario autoriza el gasto en personal de enseñanzas concertadas para los próximos seis cursos
El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado este martes las partidas presupuestarias necesarias para la contratación de personal correspondiente a la renovación del concierto educativo en las islas, para los cursos que van desde 2017 hasta 2023.
En el acuerdo del gobierno se recuerda que la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa obliga a que la renovación del citado convenio se establezca por un periodo mínimo de seis cursos educativos en las etapa de Educación Primaria.
De ahí que el Gobierno haya aplicado, para una mejor gestión de los conciertos, el mismo plazo para todas las enseñanzas, se indica en el acuerdo del ejecutivo.
De este modo, el Gobierno canario ha autorizado un gasto anual de 31.711.308,64 euros para el gasto en personal de las etapas de Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programa de Garantía Social y Ciclos Formativos de Grado Superior.
En 2017 el gasto autorizado es de 10.570.436,21 euros y en 2023 de 21.232.487,26, al no abarcar los cursos escolares mencionados el año completo.
Para el personal de las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, el gasto autorizado es de 101.591.795,32 euros anuales, a excepción de 2017 y 2023, como en el caso anterior.
En el primero de los años, el gasto autorizado es de 33.822.322,72 euros, mientras que en el segundo es de 67.908.694,78 euros.
Además de la adaptación a la normativa estatal que deriva en la modificación de la duración del concierto educativo desde los cuatro, hasta los seis años, la renovación del mismo apenas contempla otros cambios frente al vigente hasta ahora, se comenta en el acuerdo.
Salvo, explica el Gobierno canario, la obligación de la tramitación telemática de los procedimientos para las personas físicas o jurídicas titulares de los centros, algunos cambios en los plazos para realizar procedimientos y la constatación en la normativa de algunas ratios que se aplican.
Así, el concierto para los cursos 2017-2018 al 2022-2023 recoge las mismas ratios que la Orden de 9 de julio de 2013, salvo en Educación Especial, en Formación Profesional Básica (FPB) y en los Programas de Formación Profesional Básica Adaptados (PFPBA).
En Educación Especial se mantienen las ratios mínima-máxima de 5-7 para básica y 6-10 para tránsito, pero si la unidad está ubicada en un centro ordinario (aula enclave) las ratios serán 3-6 y 4-7 respectivamente; de esa forma el concierto recoge las ratios que se llevan aplicando en los centros públicos y que se aplicaban igualmente en los centros concertados, pero que no estaban expresamente recogidas en la normativa.
La referida Orden de 9 de julio de 2013 no establece las ratios para Formación Profesional Básica y Programas de Formación Profesional Básica Adaptada, sino para los Programas de Cualificación Profesional (PCP); remitiendo a lo establecido en la Orden de 7 julio de 2008 que regulaba los distintos tipos de programas.
Por aplicación de la LOMCE los PCP han sido sustituidos por los FPB y los PFPBA, por lo que en la actualidad hay concierto para unidades de FPB y PFPB, a los que se aplican las ratios recogidas en los Criterios de Escolarización y Planificación que emite para cada curso escolar la Viceconsejería de Educación y Universidades, añade el ejecutivo.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, su portavoz, Rosa Dávila, ha destacado que el actual ejecutivo destina más de 1.500 millones de euros a educación, y ha incrementado de forma paulatina los recursos para esta materia.
Rosa Dávila ha subrayado asimismo que ese aumento “tan importante” permite dar cobertura a los más de 22.100 docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y enseñanzas obligatorias.
