Se esfuman tres millones de euros que el exministro Soria concedió en 2012 para reactivar la isla de El Hierro

El pasado 20 de abril, cinco días después de que José Manuel Soria dimitiera como titular de Industria, Energía y Turismo por su implicación en los papeles de Panamá, expiraba el plazo voluntario que el Ministerio había concedido a las empresas adjudicatarias de las ayudas de 2012 del programa de reindustrialización de la isla de El Hierro (plan Reindus) para devolver los préstamos otorgados. Casi cinco meses después, el principal beneficiario de estas subvenciones, el empresario vasco Luis Gil Tejerizo, condenado por el caso Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, aún no ha reintegrado los 3,16 millones de euros que percibió, el 75% de los fondos de un plan que tenía un presupuesto global de 4,2 millones.

Las naves desde donde debían operar tres empresas administradas por Gil Tejerizo, en el Polígono Industrial de El Majano (Valverde), están hoy abandonadas y no disponen de licencia municipal. En estos cuatro años estas sociedades no han creado ni un solo puesto de trabajo en la isla, el objetivo primordial de los préstamos de Industria. En diciembre de 2014, el empresario defendió que esas ayudas habían contribuido a generar seis empleos en la isla de Tenerife, donde reside y donde tiene otros negocios, a pesar de que el programa pretendía reactivar la economía herreña tras la crisis sismo-volcánica que sufrió en 2011.

El caso ha acabado en manos de Hacienda. La Agencia Tributaria ha recibido una encomienda de recaudación por parte del Ministerio de Industria para intentar cobrar ese dinero, según han informado a Canarias Ahora fuentes oficiales del departamento. Las sociedades Manudisten, Lugilten Tenerife y Atlante Canarias, administradas por Luis Gil, presentaron documentación justificativa de las inversiones, pero los técnicos de Industria detectaron en una visita de comprobación que “las empresas no estaban en funcionamiento, faltaban activos financiados por un valor importante del presupuesto comprometido y, obviamente, no se cumplía la condición de generación de empleo”.

El empresario atribuye al Cabildo de El Hierro la responsabilidad de los incumplimientos de las condiciones fijadas en el concurso y sitúa la raíz del conflicto en la polémica subasta pública a través de la que compró a la institución insular las parcelas de El Majano, una operación que fue denunciada ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la Liga Anticorrupción de Canarias.

Rafael Trigo, apoderado de las sociedades de Gil Tejerizo, considera que el Cabildo no debió venderles esas fincas porque el planeamiento no permitía el uso industrial en las mismas. En la actualidad el Gobierno de Canarias está tramitando la revisión del Plan General de Ordenación de Valverde, que cataloga el suelo como rústico, para adaptarlo al Plan Insular de El Hierro, que sí prevé la calificación de industrial.

“No podemos instalar algo en un sitio que no está legalizado. Cuando un organismo público subasta un bien, debe tener obligatoriamente depurada su situación jurídica y administrativa”, defiende el representante de las empresas adjudicatarias.

A pesar de no contar con los permisos del Ayuntamiento de Valverde, Gil Tejerizo comenzó las actuaciones -movimientos de tierra- en el polígono industrial antes de que se resolviera la subasta. “El Reindus nos marcaba unos plazos. Si esperábamos a tener el último papelito, tampoco cumplíamos, porque los plazos se nos iban. Todo era un cerco. En general, cualquier empresario que se quede esperando hasta el último papel para abrir el negocio, lo abre arruinado”, sostiene el apoderado, que asegura que el dinero invertido en las naves supera los tres millones de euros del préstamo, entre la compra de la parcela y la maquinaria y las obras.

El empresario ha presentado alegaciones contra la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que le obliga a devolver los tres millones de euros concedidos en 2012 y ha solicitado una ampliación de plazo para poder negociar con las instituciones locales y resolver los problemas urbanísticos para poder poner en marcha los negocios. “Nos reservamos el derecho de ir contra las administraciones que nos han perjudicado”, anuncia el apoderado.

Recuperación de la parcela

La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, afirma que la institución insular recibió hace unos meses un requerimiento de la Agencia Tributaria para que valorase la posibilidad de recuperar la propiedad de las parcelas. La corporación insular ha rechazado esta opción, al menos durante este ejercicio, ya que no dispone de fondos suficientes para pagar la cantidad por la que los terrenos fueron enajenados, 679.120 euros. “Este año era imposible. Ahora estamos pendientes de la Agencia Tributaria. Si sale subasta y queda desierta, intentaríamos optar”, ha precisado Allende.

Luis Gil tiene dos fincas en la zona industrial de El Majano. Una de ellas albergaba la fábrica de piensos. El proceso de enajenación de esta parcela, impulsado por el Cabildo que entonces presidía el socialista Alpidio Armas gracias a un pacto entre el PSOE y el PP, acabó en la Fiscalía. La Liga Anticorrupción de Canarias se querelló contra Armas por una serie de irregularidades, entre las que figuraba la ocultación en el pliego de condiciones de la nave de 700 metros cuadrados que se encontraba en la mencionada finca. Un notario de El Hierro se negó incluso a firmar la escritura pública de venta al advertir estas irregularidades y el trámite se rubricó finalmente en Tenerife. El empresario, al que la Liga Anticorrupción vincula con el PP y con Soria, fue el único que presentó oferta en la subasta de es parcela.

En las naves de El Majano pretendía levantar una planta de envasado, hortalizas y verduras, otra de congelados y refrigerados y un laboratorio de cosméticos para marcas, hoteles y distribuidores. Las bases de la convocatoria estipulaban que la inversión debía estar justificada antes del 31 de mayo de 2013. Una vez superada esa fecha, y en respuesta a una pregunta formulada por el entonces senador Narvay Quintero (CC), José Manuel Soria defendió que el plazo estaba aún abierto. Cuatro años después de la concesión de la subvención, en el interior de estas naves se acumula, abandonada, la maquinaria que el empresario comenzó a trasladar tras recibir la ayuda.

Gil Tejerizo fue condenado a principios de 2013 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a pagar un millón de euros por dejar de abonar durante dos años el alquiler de las piscinas del Parque Marítimo de la capital. El empresario gestionó desde 2006 hasta 2009 estas instalaciones, propiedad del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria y que hasta entonces estaban en manos del periodista Jorge Bethencourt, uno de los amigos más cercanos del exalcalde y exsenador Miguel Zerolo, juzgado ahora por el caso Las Teresitas, y del empresario Valentín Álvarez. Gil Tejerizo llegó a Canarias en 1997 como el único socio en España de la multinacional McDonald.