La bodega ejecutó otras obras a las autorizadas

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) redactó un informe a petición del Juzgado de primera instancia número 5 de Arrecife que instruye el caso sobre las licencias otorgadas a Stratvs, en el que se pone de manifiesto que las obras que se ejecutaron en el barranco del Obispo, en La Geria, no tienen nada que ver con las que se solicitaron y las que se autorizaron. Se solicitó permiso para una cosa pero se construyó otra completamente distinta.

El informe, de noventa folios y que incluye fotos aéreas, planos y ortofotos, detalla las fechas de las distintas construcciones, su descripción, el promotor de las obras, la titularidad de las parcelas y los incumplimientos respecto a la normnativa urbanística cometidos tanto por las autorizaciones como en la ejecución de las obras. Stratvs tiene en la actualidad cerca de 4.000 metros construidos útiles, contando la tienda, los aseos, el restaurante, la bodega, las oficinas, zona de personal, sala de reuniones, etc., más otros 800 metros no techados de terrazas. La zona pavimentada, los aparcamientos y otros anexos suman otros 5.000 metros cuadrados más.

El permiso que se solicitó era solamente para rehabilitar una vivienda y construir un almacén bodega para guardar la cosecha de uva producida en las once hectáreas de una finca, pero ni se acreditó la titularidad de la finca ni había nada plantado en aquel momento. Y respecto a la otra actuación, la de la construcción del almacén subterráneo, según el informe, aplicando el planeamiento vigente en 1998, que es cuando se inicia la tramitación del permiso, el informe tuvo que ser desfavorable.

Pero es que tampoco se cumplió con lo autorizado. Según la Apmun, la vivienda existente se derribó y se construyó una nueva, ya que no coinciden ni las superficies, ni la ubicación ni la distancia de la casa a los árboles. Y si la casa no es la misma, la bodega tampoco se parece en nada al proyecto autorizado y las ampliaciones solicitadas tampoco se corresponden con ninguna de las actuaciones hechas, al igual que no se autorizaron los aseos, las dependencias anexas, las rampas, las terrazas, la estación transformadora, la sala de reuniones, los muros de contención o la sala de máquinas.

Aún hay más incumplimientos. Tampoco coincide la realidad física con la documental. Es decir, según el proyecto y el documento de finalización de obra, firmado por el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, imputado en la causa, las obras debían estar realizadas sobre una de las parcelas que componen el conjunto, pero se ubican en otra distinta a la que dice la documentación.

Titularidad de las fincas

Las dudas se extienden incluso a la titularidad de las fincas. Una de las parcelas que forman el complejo de la bodega consta registrada a favor de diversos propietarios, pero ninguno coincide con los promotores de la bodega. Es más, sobre una finca, se realizó el pasado mes de mayo un cambio de titularidad catastral pedido por Juan Francisco Rosa en el Ayuntamiento de Yaiza, en base al acta de fin de obra, pero en los asientos registrales de esa finca no consta que BTL (la sociedad de Rosa propietaria del bodega) sea o haya sido la propietaria.

Imputados

En la causa están imputados, y ya han declarado o están llamados a hacerlo, el promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa y el arquitecto Miguel Ángel Armas. También lo están por prevaricación la actual alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, así como sus tres compañeros en la Junta de Gobierno de 2008 que dio la licencia de apertura, el anterior alcalde, José Francisco Reyes y dos trabajadores de la oficina técnica municipal, así como otros cuatro técnicos del Gobierno de Canarias.