El Cabildo de Gran Canaria reactiva el Consejo de Corporaciones Locales
El Cabildo de Gran Canaria ha reactivado este miércoles el Consejo de Corporaciones Locales, un órgano que ha quedado constituido con los 21 nuevos alcaldes de la isla para tratar los temas supramunicipales e insulares y que se reunirá en asamblea cada tres meses.
Presidido por el titular de la corporación insular, Antonio Morales, con Carmelo Ramírez como vicepresidente del órgano, su primer objetivo será agilizar las obras del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2014-15 porque, “a tres meses para que acabe el año, solo se ha ejecutado el 52% y se corre el riesgo de perder 13,7 millones de euros”, ha informado la institución.
Carmelo Ramírez ha explicado que otros años los remanentes de las obras no certificadas se incluían en los presupuestos del ejercicio siguiente, lo que ahora impide la ley de estabilidad presupuestaria, por lo que las cuantías no utilizadas deben destinarse al endeudamiento de la corporación.
Por este motivo, el próximo paso será un encuentro con cada municipio para valorar la ejecución de sus obras y “darles un empujón” para que estén ejecutadas y certificadas el 10 de diciembre, ha asegurado.
La cuantía para el bienio 2014-2015 era de 32,7 millones euros para la ejecución de 193 obras, de las que 105 están pendientes de certificar, si bien 42 están incluso sin contratar, una por el Cabildo y 41 por los ayuntamientos.
“Queda mucho dinero por ejecutar en dos meses pero sería imperdonable perder el dinero”, ha estimado el también consejero de Cooperación Institucional.
Los planes de cooperación con los municipios se pusieron en marcha hace 20 años y en estas dos décadas se han invertido 400 millones de euros en la ejecución de 4.000 obras, lo que ha generado “muchísimo” empleo y permitido el mantenimiento de multitud de pequeñas y medianas empresas, ha subrayado Antonio Morales, por lo que la voluntad de la nueva corporación no solo es consolidar esta herramienta, sino impulsarla.
Para ello, la próxima semana se celebrará la segunda reunión de la asamblea de alcaldes, ya que en los próximos días se conocerá la cuantía que se destinará al siguiente plan, así como sus criterios.
Dado su buen funcionamiento, la propuesta es mantener la distribución del 25% de forma igualitaria y el resto por volumen de población.
Pero, además, la mitad de las obras tienen que ir destinadas a infraestructuras y equipamientos básicos, desde alcantarillados a agua y luz, para que en cuatro años el 100% de la población grancanaria tenga cubierta estas necesidades.
Los núcleos más complicados son los nuevos barrios de la capital grancanaria por su rápido crecimiento, ha apostillado Ramírez.
La otra mitad deberá destinarse a obras que cumplan requisitos de generación de economía productiva y empleo, así como de sostenibilidad ambiental, lo que se ajusta al compromiso del nuevo gobierno con la población de Gran Canaria, subrayó Morales.
La decisión más importante con respecto al próximo plan es que no será anual sino que abarcará los cuatro años del mandato, lo que permitirá tener una visión global y la posibilidad de contratar las obras desde el primer año aunque los pagos sean fraccionados.
Además, se acabará con su principal problema, el retraso de cada año, ya que desde la aprobación del presupuesto, en diciembre, a la culminación de los trámites para su entrada en vigor, en marzo, la transferencia a los municipios y la adjudicación “llega cada septiembre sin haber podido mover tierra, con el añadido de que la nueva ley impide recuperar el remanente en el siguiente ejercicio”.
Este consejo de ayuntamientos fue creado en 1992, con Antonio Morales como consejero de Cooperación Institucional y, tras su reactivación, se establecerá la obligatoriedad de reunirlo ante asuntos de importancia para la isla, si bien se convocará como mínimo una asamblea ordinaria cada tres meses.
Además, quedará constituida una mesa para el seguimiento de sus asuntos formado por el presidente y vicepresidente, además de un miembro de cada mancomunidad más los ediles de la capital grancanaria y Telde.
Los 21 alcaldes entregarán antes de la primera semana de octubre sus propuestas para actualizar los estatutos de este órgano para que sirva a sus objetivos de la forma más eficaz y operativa posible.
