Los cabildos se conforman con el decreto anticrisis del Gobierno canario de apenas 15 millones de euros

Los cabildos canarios han avalado este martes el decreto elaborado por el Gobierno de Canarias (CC y PP) para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio que se limita a un conjunto de medidas por valor de 14,8 millones de euros y tan solo la corporación insular de El Hierro ha advertido de que es “insuficiente”.

En un debate ante la Comisión General de Cabildos Insulares en el Parlamento de Canarias (a la que no han acudido los representantes de las corporaciones de Gran Canaria y Lanzarote), el viceconsejero de Hacienda, Gabriel Megías, ha comentado que el decreto viene motivado porque el estatal no tiene “aplicación directa” en las islas y además afecta al sistema de financiación autonómica por merma de ingresos. Sin embargo, hay que recordar que el Gobierno central se reunió con Canarias y juntos pactaron un conjunto de medidas para las Islas en las que el Estado aporta 15 millones de euros (más que lo aportado por el propio Ejecutivo regional) y que esta cantidad se ampliará hasta 60 millones de euros si el conflicto se alarga más de tres meses. También cabe señalar que, tal y como criticó la oposición en el Parlamento canario, otras comunidades han diseñado planes de contingencia que superan con creces los 14,8 millones del Gobierno de Clavijo, llegando en algunos casos a superar los 1.000 millones.

Las medidas fiscales aprobadas por ahora son elevar de 30.000 a 50.000 euros el volumen de operaciones para acogerse a la exención del IGIC en autónomos y pymes; reducir del 1% al 0% el tipo de IGIC en los productos energéticos; aplicar el tipo 0% de IGIC a tres productos básicos (la sal, la mantequilla y el café); e incrementar la devolución del impuesto sobre combustibles para los profesionales del transporte del 67% al 99%.

En cuanto a las medidas de ayuda directa, se incluyen 3,6 millones de euros para compensar a la industria canaria y otros 3,6 millones a agricultores, ganaderos y pescadores por el aumento de costes.

Sin embargo, como le reprochó al Ejecutivo de CC y el PP la oposición parlamentaria la semana pasada, no hay medidas concretas para las familias más vulnerables.

Falta “más esfuerzo” para proteger a las familias

La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha comentado que el Gobierno regional debe hacer “más esfuerzo” para proteger a familias y empresas dado que la situación económica es “excepcional” y Canarias es muy “vulnerable” ante las crisis internacionales.

En esa línea, tras remarcar el “no a la guerra” de su corporación, ha indicado que el decreto “se queda corto” por lo que se debe “ir más allá” y abordar un “verdadero plan anticrisis que esté a la altura de las necesidades de los ciudadanos”.

Adargoma Hernández, consejero de Aguas, Educación y Juventud, Sector Primario y Residuos del Cabildo de Fuerteventura, ha comentado que el decreto es “necesario” e incluye medidas “concretas y directas”, especialmente en el apoyo al sector primario.

Igualmente ha solicitado al Estado suspender las reglas de gasto para poder movilizar más recursos públicos y “transparencia, claridad y celeridad” en la concesión de ayudas.

Adasat Reyes, vicepresidente del Cabildo de La Gomera, ha admitido que la situación es “compleja y preocupante” dado que en Canarias, por su lejanía y condición ultraperiférica, se “amplifican” los efectos de la crisis económica.

Por ello ha dicho que es “razonable” el decreto-ley dado que hace falta “agilidad” para hacer frente a un entorno económico “cambiante”, de ahí que abra la puerta a su revisión y ampliación si es necesario, sin obviar tampoco la “afección indirecta” que puede tener en la financiación de los cabildos.

Miriam Perestelo, consejera de Promoción Económica, Comercio, Acción Social, Igualdad, Diversidad, Vivienda, Salud, Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma, ha valorado la “responsabilidad” del Gobierno canario para aprobar este decreto porque supone una “hoja de ruta clara” para las islas frente a un “escudo estatal que no llega”.

No obstante, ha señalado que el archipiélago “no es una realidad uniforme” y la doble insularidad se convierte “en un lastre insuperable” en momentos de crisis, especialmente por el alto coste del transporte, que afecta especialmente al sector primario.

Asimismo ha dicho que La Palma aún se enfrenta a los efectos de la erupción volcánica por lo que ha solicitado al Estado la exención de las reglas fiscales para la isla con el fin de poder incrementar el endeudamiento y aumentar la capacidad de gasto. “No tiene sentido”, ha señalado.

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha remarcado el acuerdo de la Fecai para solicitar al Estado la flexibilización de las reglas fiscales dado que las necesidades de las islas “no están bien atendidas” en el decreto estatal 'anticrisis'.

Ha comentado que el decreto canario tiene medidas “acertadas” aunque afecta a la financiación de los cabildos y ha solicitado al Ejecutivo que se reúna con las corporaciones insulares para abordar la evolución de la guerra y sus efectos en el archipiélago.

Asimismo, no ha ocultado que habrá que tomar medidas adicionales si los efectos de la guerra se prolongan, especialmente si los precios de los carburantes siguieran altos durante muchos meses o hubiera escasez de combustible para los aviones.

El Grupo Nacionalista ha planteado la necesidad de hacer una revisión del decreto cuando concluya el trimestre y tanto NC-bc como el PSOE, que han anunciado su voto a favor en la convalidación ante el pleno del Parlamento, han instado a tramitarlo como proyecto de ley.