Los cabildos bendicen la ‘triple paridad’ y piden que el Estatuto ‘blinde’ su financiación

Los presidentes de los cabildos que han asistido al debate con el que arrancaban en el Parlamento los trabajos de la reforma estatutaria lo tienen claro: ni una sola isla debe ver disminuida su representación parlamentaria y la nueva Carta Magna debe blindar la adecuada financiación de las competencias transferidas a las corporaciones insulares.

Con independencia del color político de cada uno, los presidentes de cabildos han defendido mantener la triple paridad, un concepto que el imaginario colectivo siempre había culpado a Coalición Canaria (CC) de mantenerlo inamovible.

Este sistema, que es el que actualmente impera, certifica el mismo número de diputados para las dos provincias canarias (30 cada una), para las Islas capitalinas (15 cada una) y para el conjunto de las Islas menores de cada provincia (15 parlamentarios), lo que ha supuesto primar al territorio por encima de la demografía, permitiendo una sobre representación parlamentaria de algunas islas que ha sido durante décadas cuestionada.

Pero aunque en el texto de reforma que sirve de base para los trabajos parlamentarios (que es el mismo que se consensuó en 2007) no se hace referencia a acabar con la triple paridad, los presidentes de los cabildos han preferido realizar un aviso a navegantes.

El primero fue el socialista Alpidio Armas: “el peso de la representación de El Hierro no puede ser menor a tres diputados. De ser así, estaremos en contra”.

Y tras la primera advertencia, se sumaron un “preocupado” Casimiro Curbelo (“ninguna isla puede deje de tener los diputados actuales o habrá en el futuro dos velocidades en el desarrollo social de las islas”) y Pedro Sanginés (“no creo que desaparezca la triple paridad, pero si es así manifiesto mi radical desacuerdo”).

Tuvo que ser el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, el que los sacara de su error, antes de que intervinieran los miembros del Gobierno y del Pacto parlamentario que lo sustentan, al afirmar que “no está planificado acabar con la triple paridad ni la disminución del actual número insular de diputados”.

Unas palabras ratificadas con posterioridad por el socialista Julio Cruz, al afirmar que “no está planificado acabar con la triple paridad ni la disminución del actual número insular de diputados”, pues las modificaciones se limitan a rebajar las barreras insular (del 30% al 15%) y regional (del 6% al 3%) de acceso al Parlamento y abrir la puerta a una circunscripción regional de 10 diputados.

Mejor financiación

El segundo problema que preocupa a los cabildos es el de siempre: tener una financiación garantizada que les permita prestar las nuevas competencias que gestionarán.

Tanto el titular del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, como su homólogo de La Gomera, incidieron en que existe una “insuficiencia financiera” para la prestación de los servicios a ciudadanos que hay que subsanar.

La diferencia entre ambos es que, mientras el conservador cree que no se debe abordar la reforma del Estatuto en estos momentos el socialista considera que no se puede esperar a la próxima legislatura para modificarla.

“Es el momento de dejar sobre la mesa un texto que solo nos aportará problemas y desunión, pues si añadimos demasiados elementos a este potaje, como el de la soberanía compartida que ahora propone el presidente Rivero, acabaremos todos siendo perjudicados”, afirmó el conservador.

Por el contrario, Curbelo argumentó que “Canarias necesita un Estatuto con mayores cotas y nuevas competencias para el autogobierno”, por lo que recomendó a las fuerzas políticas que “se aglutine el máximo consenso posible, para que tenga aceptación futura”.

Un acuerdo máximo que también demandó el presidente nacionalista del Cabildo tinerfeño: “Canarias necesita una reforma del Estatuto, y el espíritu de consenso es necesario, si, pero no apelar al mismo para bloquear por bloquear”.

Y es que, para Alonso, los ciudadanos necesitan un Estatuto potente, que mejore el autogobierno, pues “si el río no se deja fluir, se estanca, puede empezar a oler mal o, lo que es peor, desbordarse”.

Fue el socialista Cruz el que, de nuevo, fue el primero en intentar calmar los temores de los presidentes de los cabildos: “la reforma garantiza suficientemente la financiación de las competencias de los cabildos”.

Ni prioritaria ni interesa

Los argumentos de los socios del Pacto no encontraron, al igual que el pasado mes de enero, hueco en el Grupo Popular, que en ausencia del portavoz del Mixto (el otro grupo que ha anunciado que no participará en los trámites parlamentarios) fue el encargado de ofrecer la nota discordante.

“Si le preguntan a los ciudadanos, la reforma del Estatuto no está en sus prioridades, pues no hacen falta más competencias, sino que el Gobierno sea más competente para ejercer las que ya tiene”, afirmó el presidente del Grupo Popular, Asier Antona.

Para el también secretario general del PP canario, la reforma del Estatuto “no es oportuna, no es prioritaria y no le interesa a nadie”, y menos aún cuando los socios quieren “tramitarla en el tiempo de descuento de la legislatura”.

De nada valieron las llamadas al consenso de Cruz y el presidente del Grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN), José Miguel Ruano, recordando a los conservadores que el texto que sirve de base es el mismo que pactó el PP en “la frustrada reforma de 2007”.

“El texto no es el nuestro, incluso el preámbulo es el propuso el PP”, insistió Ruano, al que Antona contestó que “el texto es el de 2007, pero las circunstancias sociales y económicas han cambiado desde entonces”.

El último minuto

Tampoco tuvo fortuna el vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, en su llamamiento al consenso para apoyar una reforma necesaria “en tiempos de fuerte recentralización política” por parte del Estado.

“Nuestro Estatuto no está entre los más potentes y el texto propuesto multiplica su articulado y revisa la entidad, régimen orgánico y la financiación de los cabildos”, insistió Pérez.

Y, además, aseguró que el Parlamento habilitará los días necesarios para acometer la necesaria reforma, pues la Cámara regional “va a funcionar hasta el último minuto”.

A tenor de los discursos de la oposición, solamente serán los ponentes del Pacto los que estarán hasta el último segundo trabajando para modificar el Estatuto actual, que data de 1996.