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Campos y Pérez Ventura recurrirán los sobreseimientos por cohecho y asociación ilícita

Los abogados Felipe Campos y José Pérez Ventura recurrirán ante la sala segunda del Tribunal Supremo los sobreseimientos por cohecho y asociación ilícita que pesaban sobre los imputados en el caso Las Teresitas, entre ellos, Miguel Zerolo, Manuel Parejo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín. Ambos han aclarado que el sobreseimiento por cohecho es provisional y que el de asociación ilícita, pese a ser un sobreseimiento libre, también es recurrible.

Campos y Pérez Ventura, ambos en la causa por la que se mantienen las imputaciones de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a la operación de compra venta del frente de la playa y de sus terrenos aledaños, participaron este miércoles en una rueda de prensa junto con Manuel Corrales, de Socialistas por Tenerife, para anunciar la presentación de una moción en el Ayuntamiento, por la que se pide que se repruebe la “escandalosa” actuación del ex alcalde, y todos los concejales, que votaron a favor de pagar 8.750 millones de pesetas por 11 parcelas del litoral, “que podrían haber salido gratis con solo con una modificación del Plan General”, dijo Pérez Ventura.

En la moción, registrada este miércoles para que se debata en el último pleno del año, el concejal de SxTF sostuvo que “cabe una reprobación de la sociedad por estos comportamientos, más allá de la condena que pueda haber en el ámbito penal”. Asimismo, se pide que el propio Ayuntamiento se persone como acusación popular.

“La vida política no se limita al Código Penal, y hay hechos acreditados como para que haya una condena ciudadana y un repudio social”.

Hechos probados “de sobra”

Corrales, Pérez Ventura y Campos coincidieron en que hay hechos probados “de sobra” de que esa “operación especulativa” fue contraria al interés general, y que hay indicios suficientes para proseguir la investigación por cohecho (sobornos) y por asociación ilícita.

Según Pérez Ventura, abogado de Justicia y Sociedad, “creemos que sí hay indicios suficientes para acusar por el pago de favores a quienes facilitaron la operación, están documentados los pagos del empresario Antonio Plasencia al presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, los movimientos de dinero entre unos y otros, y el dinero transferido a cuentas corrientes en paraísos fiscales”.

Explicó que el delito de cohecho no requiere de pruebas directas, “es muy difícil que alguien soborne a otro en público”, puntualizó, “pero, precisamente por eso el Supremo admite pruebas circunstanciales, es decir, todas las circunstancias que rodean al hecho investigado”.

Otro tanto ocurre con la asociación ilícita, de momento archivada por la magistrada del TSJC, Carla Bellini. “No es un cúmulo de actuaciones fortuitas. Ha habido una connivencia sin duda”, prosiguió Pérez Ventura.

Igual opina Felipe Campos. “No hay duda de que unas personas, imputadas, se pusieron de acuerdo para organizar este pelotazo. No son hechos fortuitos, sino perfectamente orquestados”.

Los tres convocantes recalcaron que el sobreseimiento provisional por cohecho, “no es, en absoluto, una sentencia absolutoria, aunque se haya querido que pareciese así”, y que los delitos de malversación y prevaricación “no son ninguna tontería. Conllevan penas de prisión e inhabilitación para cargo público”.

Los recursos, que pueden presentarse hasta el 28 de mayo de 2012, se tendrán que elevar al Tribunal Supremo, una vez que el próximo 13 de diciembre Miguel Zerolo volverá a estar aforado como Senador. La causa pasará a la Sala Segunda, que rematará la fase de instrucción.

“Una banda de presuntos delincuentes”

“Lo de Las Teresitas es lo de menos. Lo grave es que una banda de presuntos delincuentes se ha apoderado de la sociedad tinerfeña. Se ha apropiado de los medios de comunicación y de las principales instituciones”, manifestó también Felipe Campos en la rueda de prensa. “Eso es lo que ha dejado al descubierto el sumario”.

Campos, que es portavoz de la Plataforma vecinal contra el PGO, sostuvo que “ha quedado al descubierto una trama de delincuentes que lo controlan todo, controlan la mayoría de los medios de comunicación”.

En cuanto a la moción de SxTF, que deberá debatirse en un pleno municipal el 23 0 29 de este mes, Corrales aclaró que “no solo se trata de que todos los grupos municipales reprueben a Zerolo y al resto de imputados del anterior Gobierno municipal, sino que incluye otros acuerdos, como el compromiso de combatir con contundencia la corrupción, y la firme determinación de recuperar los 53 millones de pesetas que costó el frente de playa”.

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