Canarias exige un “cambio de rumbo” en políticas de asilo y pone a disposición sus recursos para acoger refugiados

El Ejecutivo canario ha pedido este lunes “un cambio de rumbo al Gobierno de España y a los organismos europeos” en el trato los inmigrantes y solicitantes de asilo, que huyen de “realidades durísimas” y merecen ayuda, según ha dicho la vicepresidenta del archipiélago, Patricia Hernández (PSOE).

“Hemos puesto sobre la mesa no solo nuestra voluntad, sino nuestros recursos como comunidad autónoma para cumplir con nuestra obligación de socorrer a quienes hoy piden ayuda”, ha declarado la vicepresidenta de Canarias, al reclamar otra política respecto a la inmigración al Ejecutivo central, del PP.

Patricia Hernández ha hecho estas afirmaciones en un acto convocado en Las Palmas de Gran Canaria por el Día Internacional del Refugiado con apoyo de diferentes instituciones, asociaciones y sindicatos, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones, Médicos del Mundo, UGT, CCOO, Intersindical Canaria o el Cabildo Insular.

Colectivos en cuyo nombre, y en el marco de la campaña SOS Refugiados, secundada por organizaciones diversos a lo largo de todo el territorio nacional, la vicepresidenta ha iniciado la lectura de un manifiesto común titulado “Europa a la deriva. Por un cambio de rumbo que frene la reducción de derechos a las personas migrantes y refugiadas”.

Manifiesto en que se cuestiona la actitud de la Unión Europea ante las miles de personas que tratan de llegar a su territorio huyendo de situaciones de pobreza o guerra, con una alusión especial a los refugiados procedentes de Siria y una crítica específica al acuerdo suscrito con Turquía para que se haga cargo de estos últimos.

“Un acuerdo que propicia el naufragio de la Europa social, abandonando los valores y los principios que configuran en Europa un espacio de libertad, seguridad y justicia”, en tanto que implica a entregar a personas en riesgo a “un país como Turquía, que ha demostrado que no garantiza los derechos humanos y la adecuada protección que merecen”, se subraya en el texto.

Los firmantes de este manifiesto añaden que ese acuerdo con Ankara, “que, además de ser vergonzoso, es ilegal”, implica “hacer de las personas refugiadas una mercancía para el intercambio económico”, lo cual “es inhumano, ilegal e intolerable”, al tiempo que “convierte a Turquía en un gendarme que se suma a la creciente militarización de las fronteras europeas”.

Por ello, en el manifiesto se demanda, “a la Unión Europea y a sus estados miembros, cambiar el enfoque de las políticas de migración y asilo, poniendo en el centro a las personas y a sus derechos”, ha señalado el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, que ha tomado el relevo de la vicepresidenta en la lectura del documento.

Tras subrayar que las demandas planteadas por CEAR son respaldadas por las organizaciones firmantes del escrito “y también el Gobierno de Canarias, con su adhesión sólida y clara a este manifiesto”, Lorenzo ha reclamado a las autoridades españolas “retirar su apoyo al acuerdo de la Unión Europea y Turquía e instar a su retirada definitiva”.

Al tiempo que ha hecho un llamamiento a “apostar por una política europea y presupuestaria común que dé apoyo a la situación de las personas refugiadas y migrantes”, así como a trabajar por “la gestión de las nuevas fronteras invisibles que se están generando en nuestras ciudades y en nuestros barrios”, en “una apuesta decidida por la construcción de convivencia y diálogo intercultural”.

Propuestas todas ellas que Patricia Hernández ha querido plantear desde la memoria de los tiempos en los que, ante el avance de las dictaduras en Española y Europa en general, países como “México, Venezuela, Cuba o Argentina fueron hogar y refugio para nuestros abuelos”.

Algo por lo cual “es justo, también lógico y también legal que quien huye a través del Mediterráneo, del Estrecho, del Atlántico, encuentre en nosotros la misma mano amiga, el mismo cobijo que nos encontramos nosotros” entonces, aunque “siempre respetando la legalidad internacional”, ha concluido la vicepresidenta autonómica.