Canarias propone cambiar los criterios de solvencia de empresas licitadoras
La Comisión de Obras Públicas y Transportes del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles, pese al voto en contra del PP, la proposición no de ley del Grupo Socialista por la que se pide al Gobierno de Canarias que inste al Estado a que modifique la normativa vigente sobre exigencia de solvencia técnica a las empresas licitadoras. El cambio supone introducir una moratoria de al menos tres años para mantener la calificación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a pesar de no haber ejecutado obra pública en los últimos años como consecuencia de la caída de las inversiones públicas.
Durante el debate de la propuesta, el diputado Julio Cruz recordó que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y el resto de normativa aplicable, obliga a las empresas que concurren a la concesión de una obra pública a acreditar, entre otras cuestiones, su solvencia económica y técnica para ejecutar la obra objeto de concesión. Esta acreditación se entiende cumplimentada con la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas mediante la emisión de un certificado.
Sin embargo, precisó que esta clasificación no es de carácter perpetuo, sino, muy al contrario, la inactividad de la empresa puede conllevar su revocación. Concretamente, el artículo 70 del texto legal establece como condición para conservar la clasificación la exigencia de que cada tres años la empresa acredite su solvencia técnica, lo que, en términos reales, viene a exigir a las empresas clasificadas que hayan mantenido un volumen mínimo de obras en el último trienio.
Cruz explicó que esta exigencia viene desarrollada por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por otra parte, indicó que las políticas de consolidación fiscal emprendidas por la Unión Europea y aplicadas por el Gobierno de España “han supuesto desde el pasado año un importante retroceso en las inversiones en obra pública en las Islas”. Subrayó que, además, la forma en la que se han materializado algunos de los recortes ha afectado a relaciones jurídicas consolidadas con terceros ajenos por las administraciones públicas.
“Las decisiones unilaterales del Gobierno de España, como la drástica reducción de los convenios de carreteras o el de obras hidráulicas, o la eliminación de los planes de inversión en infraestructura turística han afectado a obras ya iniciadas y, en algunas casos, ya ejecutadas”, lamentó el parlamentario del PSOE, quien remarcó que esta situación ha supuesto la práctica paralización de licitaciones de obra en las Islas, “con lo que se corre el riesgo de que muchas de nuestras empresas pierdan la clasificación del Ministerio”.
Julio Cruz señaló que si a esto se le suma la dificultad que entraña la disminución de recursos para las obras ya iniciadas, “el sector canario de la construcción queda en una complicada relación con las empresas peninsulares con las que han concurrido a las licitaciones vigentes a través de la figura de la unión temporal de empresas”. Por todo ello, celebró el apoyo a esta iniciativa, “con la que se pretende dar una salida al complicado escenario en que se encuentran estas empresas” y lamentó el voto en contra de los cinco diputados del PP, “que vuelve a negarse a apoyar cualquier medida que suponga un impulso a la economía canaria”.
