CASO MASCARILLAS CANARIAS

Caso mascarillas: el director del Servicio Canario de Salud se escuda en el contexto y niega que le hayan pedido que dimita

Conrado Domínguez, este miércoles en el Parlamento de Canarias. (EFE)

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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“Nadie de este Gobierno ha pedido a este director que dimita”. El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha respondido así a la pregunta formulada por algunos portavoces parlamentarios de la oposición durante su comparecencia en la Cámara regional para dar explicaciones sobre el denominado caso mascarillas, un fallido contrato de emergencia de cuatro millones de euros concedido en mayo de 2020 a una empresa dedicada a la automoción para surtir a los hospitales de las Islas de un millón de mascarillas de la máxima protección, FFP3, que nunca llegaron a su destino.

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Tanto Domínguez como el consejero de Sanidad, el socialista Blas Trujillo, se han escudado en el contexto de emergencia en el que se produjo esa adjudicación, de alta competencia mundial para la adquisición del limitado material de protección sanitaria por la irrupción de la Covid-19, y en el marco normativo excepcional que se aprobó en esos primeros meses de la pandemia y que permitía, según los máximos responsables del departamento, acometer estas contrataciones por la vía de urgencia sin necesidad de los controles previos habituales (de solvencia, capacidad técnica...)

La Fiscalía Anticorrupción presentó la pasada semana una querella contra Domínguez; la anterior responsable de la Dirección General de Recursos Económicos del organismo público, Ana María Pérez, y Rayco Rubén Rodríguez, administrador de la adjudicataria de ese contrato de emergencia (RR7 United SL), al apreciar indicios de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, estos dos últimos imputados al empresario.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad, el director del SCS ha negado tener algún vínculo con el administrador de la empresa (el fiscal sostiene en su querella que la relación es con uno de los intermediarios de la operación, Osvaldo Lastras).

En su exposición inicial, Domínguez ha señalado que esa contratación se acometió en una etapa “de incertidumbre”, donde se competía “con todos los países” y que el único objetivo que movió al comité de emergencias del que entonces era coordinador (fue nombrado director del SCS posteriormente, en septiembre de ese mismo año) era “cubrir la imperiosa necesidad de obtener material de protección” en un momento en el que se estaba produciendo “el nacimiento de una enfermedad”.

“Las reglas del juego las marcaban los proveedores, no los gobiernos”, ha señalado Domínguez, que ha reseñado que durante ese periodo “muchos canarios” mostraron su disposición a ayudar y que el SCS acudió primero a los proveedores habituales y, posteriormente, “abrió otras vías” a empresas que, por su red logística, pudieran proporcionar ese material, con independencia de que su objeto social fuera otro. También ha afirmado que en mayo de 2020, el stock de mascarillas “no aguantaba más de una semana”, cuando el Ministerio de Sanidad había fijado la necesidad de mantener reservas en los hospitales por espacio de ocho semanas.

Según Domínguez, el ordenamiento jurídico vigente en esas fechas ampara su actuación. Se ha referido, en especial al Real Decreto 7/2020, aprobado el 12 de marzo y convalidado en el Congreso de los Diputados, que en su artículo 16 “relajó las condiciones para tramitar expedientes”, permitiendo la aprobación de contratos de emergencia sin acreditar la solvencia o la capacidad técnica de las empresas adjudicatarias y permitiendo el pago anticipado del 100% de los fondos.

También aludió a un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las compras realizadas durante la pandemia por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, que contiene, a juicio de Domínguez, “dos aspectos relevantes”. El primero, que es “suficiente justificación” que los contratos de emergencia tengan por objeto la protección de las personas frente a la Covid-19. El segundo, que para su aprobación “no se precisa ninguna observación de los requisitos” previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, ya que su adquisición está condicionada a la “urgencia de la situación”. “La normativa permitía prácticamente hacer cuantas acciones fueran posibles para conseguir el bien, que era preservar la salud de la ciudadanía”, ha redundado el consejero de Sanidad, que ha insistido en que este procedimiento se habilitó porque en ese momento la situación era “anormal”.

Un expediente “grotesco”

La Fiscalía Anticorrupción ha calificado este procedimiento de “abrumadoramente irregular”, incluso de “grotesco”. La querella remarca que el contrato se negoció durante 21 días a través de Whatsapp y que durante ese periodo en ningún momento se preguntó por la solvencia de la empresa, su capacidad para conseguir y transportar el material, su relación con el proveedor o los plazos. Señala que, a pesar de que se justificó por la necesidad “urgente e imperiosa” de suministrar mascarillas FFP3, las de máxima protección y rendimiento, a los sanitarios de las Islas, lo que acabó contratando fueron FFP2 y, además, al mayor precio que se pagó en toda la pandemia (más de un euro por encima por unidad con respecto a la segunda más cara). También reprocha al SCS que acordara un segundo pago (de dos millones de euros, el 50% restante del contrato) sin haber recibido ni una sola mascarilla de las comprometidas y después de que dos jefas de servicio del área de contratación de la Dirección General de Recursos Económicos del organismo público advirtieran de que el riesgo de estafa “era notorio” y de que RR7 United era “una empresa fantasma, pirata”. O que en junio de 2021, cuando ya había resuelto el contrato por incumplimiento de la empresa, decidiera aceptar una modificación por la que el adjudicatario se comprometía a entregar por el mismo precio un 20% más de mascarillas (1,2 millones) de otro modelo. Un compromiso que tampoco cumplió y que asumió tres meses después de que llegara a Gran Canaria una partida de algo más de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que fueron destruidas en la Aduana tras constatarse que eran falsas.

Al ser cuestionado por los portavoces de algunos grupos sobre estos extremos recogidos en la querella, Domínguez ha señalado que, más allá de si las mascarillas eran FFP2 o FFP3, el SCS pidió un material “específico” (el modelo 3M 1860) que “cumplía con los requisitos” y que tanto los especialistas de Medicina Preventiva como los responsables del servicio de Prevención de Riesgos Laborales consideraron “muy adecuado”. También ha negado que se le hubiera dado una “segunda oportunidad·” a la empresa y ha defendido que en aquel momento el contrato estaba suspendido, no extinguido. “Seguíamos con Covid y hubo olas, como la quinta, que fueron más graves que la primera y la segunda y seguíamos teniendo escasez y seguíamos teniendo necesidad del material”, ha manifestado.

Según el director del SCS, casi la mitad de la mercancía de protección obtenida durante la pandemia provenía de empresas que, en principio, eran ajenas al suministro de material sanitario. En este sentido, ha remarcado que sociedades dedicadas al negocio de los ecógrafos o de los monitores para unidades de cuidados intensivos proporcionaron batas o hisopos o que una eléctrica permitió que Canarias tuviera un robot “independiente” para realizar pruebas PCR de diagnóstico. “Con la experiencia que tengo ahora, posiblemente hubiera adoptado otras decisiones, pero el único objetivo era proteger a los profesionales”. Domínguez ha incidido en que en todo este procedimiento se respetó “la legalidad vigente” y ha reiterado que colaborará con la justicia y para recuperar los fondos perdidos. “A pesar de todas las circunstancias, si me volvieran a pedir que ayudara, volvería a aceptar, a decir que sí, porque vale la pena”, ha concluido.

Por su parte, Blas Trujillo ha insistido en un aspecto que considera “tremendamente importante”. Y es que el mencionado decreto 7/2020 establece que el “riesgo de quebranto” en estas contrataciones de emergencia podía ser asumido “por los presupuestos del Estado”. “Fíjense en qué tesitura estábamos”, ha dicho antes de explicar que la Consejería de Sanidad decidió agotar la vía administrativa para recuperar los fondos perdidos (primero a través de la vía ordinaria y, después, la ejecutiva) y que cuando estaban “analizando dar un paso más” y plantearle a los servicios jurídicos la opción de acudir a los tribunales, les informaron de que ya la Fiscalía Anticorrupción “estaba interesada” en este procedimiento y que, por tanto, “no tenía sentido” presentar una denuncia. El consejero de Sanidad ha explicado que, después de los infructuosos intentos por recuperar los cuatro millones de euros a través de embargos al administrador de RR7 United, la Agencia Tributaria Canaria ha iniciado una nueva fase, una investigación patrimonial para analizar “responsabilidades subsidiarias”. “Vamos avanzando”, ha dicho.

El consejero de Sanidad también ha aludido al informe del Tribunal de Cuentas sobre las compras de INGESA en 2020 para recalcar que, en un caso “similar” de resolución de contrato por incumplimiento, aunque por un importe de más del doble (9,4 millones de euros), este organismo fiscalizador constató la “insuficiente capacidad de producción técnica y solvencia técnica” de la adjudicataria, pero justificó la actuación de la administración por la situación de “emergencia y el contexto de desabastecimiento general”.

Por otro lado, ha negado que tanto la dimisión de Alberto Pazos como director del SCS (en verano de 2020) como la de Ana María Pérez como directora general de Recursos Económicos del organismo público (en abril de 2022) estuvieran relacionadas con el caso de las mascarillas y las ha atribuido a cuestiones personales.

Críticas de la oposición

En el turno de intervenciones, las críticas han llegado de la mano de los portavoces de los principales partidos de la oposición, del Grupo Popular y del Grupo Nacionalista Canario. Para Miguel Ángel Ponce, del PP, dos años después de su adjudicación “se sigue desconociendo qué criterios se utilizó” para concederle los cuatro millones de euros a RR7 United y el Gobierno “sigue lavándose las manos” ante un caso que considera “grave”.

Por su parte, José Alberto Díaz Estébanez ha querido extender las posibles responsabilidades a otros miembros del Gobierno, como a Julio Pérez, portavoz del Ejecutivo, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y, en la fecha de la firma del contrato, consejero interino de Sanidad tras el cese de Teresa Cruz. O a Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, que asumió temporalmente la dirección del SCS en los primeros meses de la pandemia. Incluso a quienes formaban parte del comité de coordinación de la Emergencia Sanitaria, encabezado por el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, a quien acompañaba el consejero de Hacienda y vicepresidente del Ejecutivo, Román Rodríguez. Para el portavoz del Grupo Nacionalista, quieren convertir a Conrado Domínguez (que ocupó el mismo cargo durante la anterior legislatura, con CC en el poder) en “cabeza de turco”. “Se te está poniendo cara de turco, de Conrado Mustapha Domínguez, pero no voy a ser yo quien abrillante la bandeja para entregar tu cabeza”, le ha dicho. “Mi cara es de galdense asombrado de escuchar algunas cosas”, le ha contestado el director del SCS.

Entre los grupos que sustentan al Gobierno regional, las posiciones han sido de defensa de la actuación administrativa, más tibia en el caso de Sí Podemos. El PSOE, a través del diputado Marcos Hernández, ha elogiado el “ejemplo de transparencia” del consejero de Sanidad y el director del SCS al comparecer en el Parlamento a petición propia, y ha recalcado que el marco normativo amparaba esa contratación de emergencia. También la representante de Nueva Canarias, Esther González, cree que, tras la “clara exposición” del director del SCS, ha quedado justificada la “correcta gestión” de ese expediente y ha censurado el “juicio paralelo” de quienes han aprovechado este caso para “sembrar dudas sobre la honorabilidad de altos cargos del Gobierno”. María del Río (Sí Podemos) ha asegurado que su partido respeta la presunción de inocencia, pero ha pedido que se investigue el caso y se depuren responsabilidades por el “robo” de cuatro millones de euros y que si la Fiscalía ha apreciado indicios de delito se debe llegar “hasta el final”. Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, ha arremetido contra “algunos medios” de comunicación que “aparte de informar, emiten juicios de valor” y también contra los “ataques políticos, sin importar la presunción de inocencia”.

Por último, la diputada tránsfuga Vidina Espino, ahora en el Grupo Mixto, también ha defendido la honorabilidad de Conrado Domínguez y ha pedido que se “deje actuar” a la justicia.

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