La Comisión Disciplinaria del Poder Judicial propone la separación del magistrado Martín
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial decidió en su reunión de este miércoles proponer al Pleno del órgano de gobierno de los jueces la separación de la carrera del magistrado José Antonio Martín, ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, por la comisión de cuatro faltas muy graves en relación con su intervención en el caso Bornia.
La propuesta, que habrá de ser refrendada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial previsto inicialmente para el próximo día 22, responde al expediente disciplinario abierto en 2005 al magistrado que fue instruido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa Tribiño, que escribió en su informe final de 2006 que había quedado “sobradamente acreditado” que José Antonio Martín “puso el ejercicio de su función de magistrado al servicio del interés de don Rafael Bornia”, un narcotraficante por el que el ex presidente de la Audiencia Provincial intercedió para que le fuera concedida la libertad bajo fianza.
El expediente disciplinario quedó aparcado mientras se substanciaba la causa penal abierta contra el magistrado, que fue condenado en primera instancia por actividades prohibidas a funcionarios por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y absuelto en enero pasado por el Tribunal Supremo. Martín se reincorporó poco después a su plaza de magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde actualmente sigue ejerciendo.
Las cuatro faltas muy graves apreciadas por el instructor de su expediente disciplinario son las siguientes: inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas, intromisión mediante órdenes o presiones de cualquier clase en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado y ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez y magistrado. Esta última falta muy grave, que se considera cometida por partida doble, responde a la pertenencia del expedientado a dos consejos de administración de otras tantas mercantiles dedicadas a asesoramientos jurídicos, no permitidos a los miembros de la carrera judicial.
Para el instructor del expediente quedó plenamente acreditado que José Antonio Martín, tras la mediación de su amigo Wilebaldo Luis Yanes, intercedió en 2005 en favor del narcotraficante Rafael Bornia, en prisión preventiva por un caso de narcotráfico cuya resolución correspondía a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidida entonces por el magistrado palmero.
Tras reunirse en varias ocasiones con el hermano del encausado y recomendar lo que tenía que decir su abogado, José Antonio Martín presionó a sus compañeros de Sala, según confirmaron los propios magistrados, para que apoyaran su propuesta de decretar su libertad mediante el pago de una fuerte fianza.
De ser ratificada por el pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Comisión Disciplinaria, José Antonio Martín quedaría separado de la carrera sin remisión, lo que le haría perder su condición de juez con todas sus prerrogativas.
José Antonio Martín tenía previsto jubilarse el mes que viene.
