Otra comunidad de propietarios denuncia por estafa al exjefe de Vox en Las Palmas
Segunda denuncia penal contra el que fuera portavoz de Vox en la provincia de Las Palmas y presidente del comité local en la capital grancanaria, José Luis Moyano Fabián. Otra comunidad de propietarios ha decidido llevar a los tribunales a este administrador de fincas y militar retirado, por presuntos delitos de estafa, fraude procesal, administración desleal y apropiación indebida en su gestión al frente de la comunidad de propietarios Los Ruiseñores, en el barrio de Miller Bajo.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la denuncia presentada por quien se considera legítimamente presidente de la comunidad, así como el administrador de fincas de esa junta “legítima”, en litigio civil con el grupo de Moyano pendiente de resolver por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para demostrar quiénes fueron elegidos de forma legal.
Al igual que en el otro caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en relación a los apartamentos turísticos Green Sea, el modo de proceder dividiendo a los comuneros, creando juntas paralelas y una bicefalia estancada en los juzgados y tomando decisiones en nombre de una de esas juntas se repite también en esta comunidad de edificios de Las Palmas.
Además, en este caso, los denunciantes apuntan a un montaje para que Moyano Fabián se cobrara sus presuntos honorarios como administrador de fincas sin que el resto de comuneros se enterara, y sin que pudieran oponerse a una demanda dineraria.
En el momento de presentar demanda de procedimiento monitorio, la representación legal de Moyano designó como domicilio oficial de la comunidad para notificaciones un local en Gáldar, que venía a ser la peluquería que regenta la vicepresidenta de la junta “disidente”, como la denominan los denunciantes.
Así, la comunidad de propietarios cuya sede oficial está en la calle Rafael García Pérez, de Miller Bajo, nunca supo que el Juzgado de Primera Instancia 6 abrió el procedimiento de juicio monitorio 315 / 2017, sin que los demandados se pudieran defender. La vicepresidenta afín a Moyano, Angelina V.M., según recoge la denuncia, hizo caso omiso a esas notificaciones remitidas a su peluquería en Gáldar para oponerse como comunidad demandada a la reclamación dineraria. Sólo se personó en el Juzgado de Paz de Gáldar cuando se le requirió el pago, ya condenada la comunidad, compareciendo por “imposibilidad” del presidente.
“Namastia dice demandar en el domicilio del representante legal de la comunidad de propietarios siendo esto falso, y Doña Angelina, comparece alegando imposibilidad del presidente siendo ello igualmente falso, dado que es quien recibe la notificación y quien luego es nuevamente emplazada a través de tal domicilio en el procedimiento de ejecución, sin oponerse al contenido de la demanda interpuesta por Namastia ni dar traslado a la comunidad de propietarios”, indica la denuncia.
Ante el silencio de esa parte se dictó sentencia favorable al exjefe de Vox en Las Palmas, por unos honorarios de 19.000 euros en los que también se incluían los del abogado y excompañero de Moyano Fabián en la directiva local de Vox, José Antonio Penichet Sánchez. Y sólo a raíz de la ejecución de sentencia promovida por la mercantil del exjefe de Vox, los propietarios se dieron cuenta de que se había celebrado ese juicio en el que resultaron condenados, al decretarse el bloqueo de las cuentas corrientes de la comunidad para proceder a saldar la presunta deuda.
En el relato de la denuncia contra Moyano y sus empresas Namastia SLU y Bucay Services SL, así como contra su esposa, Paloma M.H. por administrar una de estas hasta marzo de 2018, y contra el presidente de su junta, Tomás S.D. y su vicepresidenta, Angelina V.M. los denunciantes Cándido S.G., presidente de la junta “legítima”, y Alejandro M.S., administrador de la misma, apuntan a ese “plan preconcebido”.
El procedimiento de ejecución de la presunta deuda está actualmente suspendido, al plantear los abogados Federico Paris Nuez Marrero y Kabir Bhagwandas Cabrera la nulidad de las actuaciones debido a esas notificaciones en un local que nada tenía que ver formalmente con la comunidad de propietarios. Estos mismos letrados son los que han abierto la vía penal en nombre del presidente y el administrador de fincas denunciantes.
Condena mutua por lesiones leves
El caso de la comunidad Los Ruiseñores, que se une a la vía penal abierta por los propietarios de Green Sea, llegó a tal extremo que en marzo de 2017 el exlíder de Vox y el presidente de la junta denunciante llegaron a las manos en plena calle Franchy Roca, de Las Palmas de Gran Canaria.
En sentencia de 10 de marzo de 2017, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria condenó a ambos como autores de un delito leves de lesiones a una pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de tres euros. La jueza les prohibió, además, aproximarse a menos de 500 metros durante un periodo de seis meses, así como comunicarse tanto directa como indirectamente.
Los hechos se produjeron el 6 de marzo de ese año, sobre las 10:30 horas en esa calle de Las Palmas. Ambos se cruzaron y tuvieron un altercado, agrediéndose con el resultado de varias contusiones, por las que no se reclamó indemnización. Los dos aceptaron la pena propuesta por la jueza Ana Isabel de Vega Serrano.
