Una vigilia en honor a la libertad

El acto  ha sido convocado por la Plataforma Canaria Contra la Criminalización de la Protesta Ciudadana

Alicia Justo

Las Palmas de Gran Canaria —

Decenas de personas se han concentrado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria contra la denominada Ley Mordaza, nombre por el cual se conoce a la Ley de Seguridad Ciudadana que entrará en vigor este miércoles 1 de julio.

La protesta en forma de vigilia ha tenido lugar en la plaza Hurtado Mendoza, también conocida como de las Ranas, de la capital grancanaria y ha sido convocada por la Plataforma Canaria Contra la Criminalización de la Protesta Ciudadana, que aglutina a diversos colectivos sociales y sindicales. Sus organizadores quieren dejar claro con esta convocatoria que se trata de “leyes innecesarias, que pretenden parar la protesta social”. Francisco Morote, uno de los portavoces del movimiento, señala que la nueva ley y la reforma del código penal son un “ataque a los derechos y libertades de las personas”. A su juicio, el Partido Popular (PP) aspira a parar las movilizaciones sociales y a convertir a los ciudadanos en personas “silenciosas, alienadas y sin conciencia”.

Con la nueva Ley Mordaza estará prohibido protestar frente al Congreso de los Diputados, Senado y parlamentos autonómicos. Javier Doreste, primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, define la situación como una “canallada, una vuelta al franquismo”. Doreste recuerda que movimientos como el 15M y Podemos nacieron al albor de las protestas sociales y es por ello que “el poder económico tiene miedo”. El también concejal de Urbanismo manifiesta que con la nueva normativa el Gobierno pretende impedir que se puedan documentar las acciones violentas de la policía hacia los ciudadanos: “Buscan criminalizar no sólo la protesta sino la verdad ciudadana”.

Otros de los colectivos que se verán afectados son las plataformas antidesahucios ya que la Ley de Seguridad Ciudadana otorgará a la policía capacidad de sancionar a las personas que obstruyan los lanzamientos. Noelía Rodríguez, portavoz de la Plataforma Stop Desahucios Sureste, sostiene que el Gobierno no va a conseguir paralizar el movimiento, “quieren que las personas se dejen quitar las casas, pero nosotros vamos a seguir luchando por el derecho a una vivienda digna”.

Koldobi Velasco es integrante de Alternativa Antimilitarista y le inquieta “el castigo directo” que esta ley va a suponer a la solidaridad. Velasco reconoce que están atemorizados porque desde este miércoles será sancionable acoger a inmigrantes sin papeles. Además, considera que las devoluciones en caliente –la reforma del Código Penal permitirá rechazar a los inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla- son una vulneración y violación de los derechos humanos y de los derechos de asilo y refugio. “ Es una violación tan grande que nos parece hasta mentira”.

La protesta no consiguió reunir a un gran número de personas y, en este sentido, Velasco considera que se debe a la desinformación y a la manera que tienen los medios y partidos de “maquillar” las medidas. “Cuesta sacar a la luz las verdaderas consecuencias para nuestras libertades y derechos. Cuesta mucho generar procesos de conciencia, pero poco a poco, cada vez más personas se van sumando al cambio”, resalta.

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