Conferencia de Presidentes, ¿punto de partida para arreglar la dependencia?
Tan antiguas como las quejas por el sistema de financiación autonómica son las quejas por el coste de la dependencia, que no se conoce con exactitud. El Gobierno y las comunidades se han propuesto cubrir este vacío a partir de la Conferencia de Presidentes del martes.
Uno de los acuerdos que Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos suscribirán en el Senado versará sobre la “reinvención” de la financiación autonómica, en palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
A instancias de los gobiernos del PSOE, esa reformulación también se encargará de analizar cómo se ha financiado la dependencia hasta la fecha. La tarea es compleja.
De momento, no está claro si esa evaluación llevará a incluir la financiación de la dependencia en la financiación autonómica, o si será un primer paso para incorporar en el global autonómico otros gastos sociales (una opción que sugirió el miércoles el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya).
Se mire donde se mire (hay numerosos informes con numerosos cálculos), se pregunte a quien se pregunte, no se sabe bien cuánto dinero mueve la dependencia en España.
Uno de esos informes es el que redactó el Tribunal de Cuentas en marzo de 2013. A lo largo de más de 140 páginas se fiscaliza cada detalle del sistema desde su puesta en marcha hasta 2011.
La financiación de la dependencia se nutre del nivel mínimo que paga la administración general del Estado a las autonomías en función del número y del grado de dependientes (en 2007 costó 82,5 millones y en 2011, más de 1.200 millones).
Otra vía de financiación es el nivel acordado, vinculado a los convenios que firmaron en su momento el Gobierno y las comunidades para prestar servicios.
En 2012, en plena vorágine de recortes y ajustes, el Ejecutivo suspendió este último, pero mientras funcionó, la administración central pasó de dar 220 millones a las autonomías en 2007 a repartir 283 en 2010. Ese mismo año las comunidades añadieron 1.825 millones.
Además, el Tribunal indica que existe otra vía de financiación que las comunidades despliegan dentro de sus competencias, pero que está ligada a sus políticas generales de los servicios sociales. Y también están los copagos.
Teniendo en cuenta dichos factores, el Tribunal de Cuentas determina el gasto total neto en dependencia en 2010, pero sólo en seis comunidades: Cataluña dejó más de 1.405 millones y Andalucía, más 1.283; a continuación, figuran Madrid (casi 685 millones), Comunitat Valenciana (casi 418), Asturias (cerca de 116) y Canarias (más de 81).
Ahora bien, el órgano fiscalizador detecta “deficiencias” en la concesión del nivel mínimo y critica la “falta de homogeneidad” entre las comunidades autónomas cuando aplican lo que llama “el nivel adicional de protección” y cuando establecen los distintos grados de copago. En suma, reprocha la financiación “dispar” entre territorios.
Más reciente, de febrero de 2016, es el estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que concluye que el sistema de dependencia se encuentra actualmente en un “momento de indefinición”, como demuestran “un buen número de debilidades”.
Entre ellas, menciona “la brecha” entre autonomías para dictaminar el grado de dependencia y dar la prestación, y “la incertidumbre de los gestores directos en los ámbitos local y autonómico, que no saben con qué recursos cuentan”.
Al igual que el Tribunal de Cuentas, FEDEA identifica una “gran disparidad regional” en la gestión de la dependencia, y apostilla: “Que la probabilidad de acceder al sistema sea en unas regiones más del doble que en otras es inaceptable y evidencia que el sistema de financiación y valoración no está bien resuelto”.
El IMSERSO, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es el órgano encargado de supervisar las magnitudes de la dependencia en España, que según sus números daría cobertura en estos momentos a más de 859.000 personas.
En otra estadística dice cuánto gasta la administración general del Estado en dependencia: 3.679,5 millones de euros. No dice nada sobre lo que movilizan las comunidades, pues están fuera de su radio de gestión.
Pues bien, toda esta dispersión, incertidumbre y disparidad es lo que quiere atajar el nuevo modelo de financiación autonómica, a lo que se comprometerán Rajoy y los presidentes autonómicos el martes.
Para el economista Ángel de la Fuente, encuadrar la financiación de la dependencia en la financiación autonómica, de forma que se mitigue dicha disparidad, parece “lógico” habida cuenta de la consolidación que ha alcanzado la dependencia. Apunta, además, que “técnicamente es fácil de hacer”.
Ni el Gobierno ni las autonomías se han dado plazos, pero dentro de un mes empezarán a trabajar en posibles soluciones. Si se adoptan, habrá que esperar a nuevos informes para saber si han surtido efecto.
