La consejera de Bienestar Social presume de gestión pese al atraso con la Renta de Ciudadanía y las críticas en Dependencia

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha presumido este miércoles de gestión pese al atraso con la Renta de Ciudadanía y las críticas en Dependencia. Candelaria Delgado defiende que en este año “se han sentado las bases para lograr el verdadero cambio social en Canarias” cuando el número de prestaciones a familias vulnerables sigue atascado en 13.000 y su proyecto de decreto para dependencia ha sido reprochado por los trabajadores y colegios de Trabajo Social.

Delgado ha defendido “las múltiples medidas” adoptadas “en solo un año”, que ya empiezan a mostrar “cambios en positivo” en el contexto de la crisis migratoria y “el reto de atender al gran número niños y niñas migrantes sin acompañamiento que han llegado a nuestras costas y para lo que hemos necesitado abrir medio centenar de nuevos centros para darles acogida”. Una cuestión que ha defendido a pesar de las denuncias por las carencias de esos centros y las denuncias por instalaciones inadecuadas, maltrato, escasez de personal, trabajadores sin formación o falta de actividades.

En materia de Dependencia, destacó que en julio de 2023, se ha resuelto una media de 2.109 expedientes y que hasta el cierre de los últimos datos del Imserso en junio, la Consejería ha resuelto 23.209 expedientes de dependencia y una persona tarda ahora casi ocho meses menos en que se atienda su solicitud de dependencia que antes de que empezara la legislatura.

No obstante, pese que el ritmo de incorporaciones al sistema se ha ido normalizando, el caos organizativo en el área provocó un colapso en los datos a principios de año. Además, tanto trabajadores como los colegios de Trabajo Social han tachado de “grave amenaza” el decreto que amenaza la calidad de los informes y que pone en riesgo la ayuda.

La consejera incidió este miércoles en que se han adoptado una batería de medidas, como que se está ultimando el proyecto de decreto de simplificación administrativa, la incorporación de un nuevo aplicativo para agilizar el trabajo del personal que se ocupa de las tramitaciones y la formación a 35 trabajadores del 012 para que puedan responder a las consultas especializadas; estas últimas medidas muy criticadas por la plantilla. Además, destacó que se ha habilitado un punto de información a la ciudadanía en cada isla capitalina al tiempo que se ha mejorado el registro de entrada para trámites sin cita previa y, a través de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, se ha puesto en marcha un programa de formación de personas cuidadoras no profesionales. 

También defendió que se han firmado acuerdos con 24 ayuntamientos de las distintas islas para que presten el servicio especializado de ayuda a domicilio; el impulso a la primera Estrategia Sociosanitaria de Canarias, que permitirá liberar las camas hospitalarias que ahora mismo están ocupando personas con alta médica; o las obras planificadas a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea para la creación de 700 plazas sociosanitarias en el Archipiélago.

La consejera defendió “os avances a través de la nueva Dirección General de Discapacidad” que gracias a la contratación de veinte plazas “ha permitido que en los primeros seis meses de 2024 se resuelvan tantos expedientes como en todo el 2023”.  Sostuvo que se han fortalecido los servicios de valoración de la discapacidad en las islas y se están mejorando los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad.

También hizo hincapié en que en breve se activará la nueva tarjeta digital de grado de discapacidad, que “inicialmente beneficiará a 137.000 personas” y que permitirá acceder a “beneficios fiscales, ayudas al transporte público y a la adaptación de vehículos y acceso a diversas prestaciones económicas, desde la pensión no contributiva hasta subsidios económicos, reducción de la edad de jubilación o el Ingreso Mínimo Vital”. 

En materia de Infancia y Familias, explicó que se está trabajando en la elaboración de una nueva Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia y aseguró que “al tiempo que respondemos a la crisis humanitaria seguimos atendiendo a las niñas y niños que ya estaban en el sistema de acogida de las islas, que son alrededor de 1.800, y trabajamos en otros objetivos a corto plazo, como impulsar el Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores”.

Por último, señaló que se ha creado el Consejo del Mayor, se ha desarrollado el primer plan de infraestructuras de centros de día de mayores, se han celebrado encuentros regionales y se está trabajando para poner en marcha un IMSERSO canario.

Además, la consejera destacó que se está “priorizando la protección de las personas mayores a través del desarrollo del Protocolo de Malos Tratos de personas mayores de 65 años en Canarias, se está reforzando el Teléfono de la Esperanza y, en colaboración con las universidades, se pondrá en marcha un programa de alojamiento alternativo entre el estudiante universitario y mayores en soledad”.