Cristina Valido rechaza sancionar al director de la escuela infantil de La Palma pese a reconocer que cometió “mala praxis”
La consejera Cristina Valido reconoció este miércoles, durante la celebración de la comisión parlamentaria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que el director de la escuela infantil San Miguel Arcángel cometió “mala praxis” en la gestión del centro, ubicado en Santa Cruz de La Palma. Durante una intervención llena de contradicciones, la dirigente nacionalista justificó la decisión de no abrir un procedimiento sancionador contra el máximo responsable de la instalación en base al informe de una funcionaria, que decretó el archivo de las actuaciones después de que con anterioridad otro técnico hubiera informado por escrito de la existencia de irregularidades administrativas, según informa Mirame TV.
A petición de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, después de que Podemos retirase su propuesta inicial por otra iniciativa referida al precio de la vivienda, Valido afrontó durante más de hora y media las preguntas de la oposición, que no pudo disponer con anterioridad a la sesión los informes que obran en el expediente “por una discrepancia entre la instructora y lo servicios jurídicos”, aunque finalmente la consejera anunció que aportaría la documentación “salvaguardando los derechos del trabajador y los datos personales de las personas que fueron entrevistadas”. En la comisión no estuvo presente, pese a ser miembro, la secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño, esposa del director cuestionado por su gestión en la escuela infantil San Miguel Arcángel.
Cristina Valido justificó el encargo de un procedimiento reservado, que comenzó en marzo de 2018 y finalizó en septiembre, a una funcionaria “de sobrado prestigio” de la Dirección General de Protección a la Infancia, pese a que un técnico del mismo órgano administrativo había hecho ya una investigación previa, porque en el primer informe “no se acreditó información bastante” para justificar la apertura de unas actuaciones previas.
“Tras el primer informe se abrió un procedimiento reservado que no podemos saltarnos”, alegó Valido en su primera intervención. El artículo 55 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas recoge que estas actuaciones previas a la apertura de un expediente sancionador son opcionales, es decir, nada impedía a la Dirección General de Protección a la Infancia la apertura de un procedimiento sancionador con el primer informe técnico que detectó las irregularidades y en el que se concedieron hasta dos oportunidades al director de la escuela infantil para justificar el ingreso de los cobros en efectivo. La consejera defendió que se optó por la apertura de un expediente informativo “para garantizar los derechos del trabajador”.
El eje de la intervención de Cristina Valido se apoyó en todo momento sobre el informe de la funcionaria que descartó la apertura de un procedimiento sancionador. La consejera hizo alusión a algunos párrafos del documento para argumentar el criterio de la instructora. “Entiendo que si bien se observan malos hábitos en la gestión de la escuela infantil (...) no procede la incoación de expediente disciplinario”, leyó la política de Coalición Canaria, que añadió que desde Políticas Sociales se tomarán “medidas para corregir esa mala praxis, pero no procede un expediente disciplinario porque aquí no hay ningún delito”, concluyó.
La diputada del PSOE Teresa Cruz fue muy dura durante su intervención, como también lo fue por momentos la propia Valido. “Aquí no buscamos delitos, pero para abrir un expediente sancionador no es necesario que haya delitos”, replicó. El Real Decreto 33/1986, que regula el reglamento disciplinario de los funcionarios“, establece todos los motivos que pueden justificar la apertura de un expediente a un trabajador público. Entre las faltas leves figuran cuestiones como ”la falta de asistencia injustificada de un día“, ”el incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave“, o ”el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones“.
Entre las irregularidades del director de la escuela infantil San Miguel Arcángel que quedaron acreditadas tras el primer informe técnico figuran actuaciones como el cobro de cuotas en efectivo, el uso como documentos oficiales de recibos sin validez desde 2013 o el retraso injustificado en la entrega de los expedientes de los usuarios a la Dirección General de Protección a la Infancia.
Justificantes de los pagos
Un momento clave de la comparecencia se produjo cuando Cristina Valido aireó unos documentos que presentó como los justificantes del pago de las cuotas de la escuela infantil, mediante el modelo 800, en la Agencia Tributaria Canaria. La consejera aseguró que “los padres deberían tenerlos y están a su disposición”, pero la realidad es que, a día de hoy, y pese que lo han solicitado por escrito desde hace meses, la Consejería no ha entregado a los usuarios justificante alguno del ingreso de las cuotas que pagaron en mano al director de la escuela infantil. Tampoco lo hizo la directora general, Carmen Morales, cuando se reunió con los afectados en La Palma el pasado mes de enero.
Esta fue una de las cuestiones que más desencuentros provocó entre la consejera y la oposición. No hay que olvidar que en la versión que ofreció al técnico que hizo la primera investigación, el director de la escuela infantil aseguró que, después de hacer un primer pago en conjunto, rectificó su error y la Agencia Tributaria Canaria le devolvió en efectivo el dinero, que después, según su versión, ingresó mediante el modelo 800 a nombre de cada usuario.
Tanto Luzardo como Cruz, además del diputado de Podemos Manuel Marrero, mostraron su asombro y cuestionaron la posibilidad de que la Agencia Tributaria pueda devolver dinero en efectivo. “Necesito que me explique cómo es posible que se haya devuelto el dinero en mano al director”, insistió Luzardo, que no obtuvo respuesta sobre este asunto concreto.
Otra de las contradicciones que saltaron durante el debate parlamentario estuvo relacionada con la cantidad de personas que hicieron pagos en efectivo. Valido aseguró que hay constancia “de tres casos en el curso 2016/2017 y de otros cinco en 2017/2018”. Justo antes de que sonara la campana y se cerrase la sesión, Josefa Luzardo pidió la palabra por “inexactitudes” para explicar que le estaban llegando “mensajes de las madres en los que dicen que el cobro en efectivo se hizo a todas las familias, no a cuatro o cinco”.
El diputado de Podemos Manuel Marrero también puso sobre la mesa una cuestión que sigue sin explicación: la entrega a los padres de un recibo para justificar los cobros en efectivo que realizó el director del centro, y que en ocasiones llegó a manipular, pese a ser un documento sin validez desde 2013. Sobre esto no se aportó ninguna explicación acerca de lo que dice el informe de la funcionaria que archivó las actuaciones.
La representación de CC corrió a cargo de la diputada Elena Luis, que desde un primer momento quiso dejar claro que “lo que se está intentando aquí es perjudicar la imagen de una mujer política, honrada y que ha desempeñado de forma impecable la gestión de todos los cargos públicos que ha ocupado”, en referencia a la mujer del director de la escuela infantil, Guadalupe González Taño.
La exalcaldesa de La Guancha trató de justificar la actuación del director del centro en su “buena fe” e intención de “ayudar a los padres” con los pagos. Para ello quiso poner en contexto que la escuela infantil San Miguel Arcángel, ubicada en Santa Cruz de La Palma, se encuentra en “una zona rural”. Lejos de contentar a la oposición, sus palabras generaron más dudas, especialmente después de que Cruz explicara que los afectados han manifestado que fueron obligados por el responsable de la instalación a abonar en mano la primera cuota del curso. El alegato de la diputada de CC también choca con el hecho de que algunas de las personas que pagaron en efectivo en el curso 2017/2018 ya eran usuarias de la escuela infantil con anterioridad, por lo que ya conocían el funcionamiento del modelo 800.
Titulación
Mientras que los diputados de Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera se dieron por satisfechos con las explicaciones de Valido, fueron los únicos grupos que lo hicieron, la diputada socialista Teresa Cruz utilizó su segunda intervención para subir el tono de su réplica. “¿Cómo se explica que se haga firmar a los padres un modelo que no tenía validez desde 2013?, ¿por qué no se entregaron todos los expedientes del centro antes de que fueran requeridos por la Dirección General?”, insistió.
Teresa Cruz sacó a relucir otro asunto delicado que mostró lagunas en el discurso oficial. La diputada del PSOE preguntó de forma incisiva si el director de la escuela infantil “tiene la titulación obligatoria”. Valido respondió que el responsable del centro es “diplomado en Ciencias de la Educación, la misma que tenía que cuando el PSOE estaba al frente de la Consejería”. La responsable socialista también cuestionó la respuesta y recordó que, durante una reunión que mantuvo con los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición, el máximo responsable de la instalación educativa reconoció que “solo tiene cursados cuatro años de Pedagogía”, lo que le impediría, de ser cierto, desempeñar el cargo que ocupa.
En relación al aumento injustificado de algunas cuotas, Cristina Valido reconoció que, en base al informe de la funcionaria, “la instructora concluye que se han cometido faltas, errores, irregularidades detectadas sobre el precio público que debían pagar”, pero acto seguido aclaró que “se produjeron de forma excepcional y sin perjuicio para la hacienda pública”. La consejera incidió en que los “errores” fueron corregidos en el pago de las siguientes cuotas.
La insistencia de las diputadas del PP y del PSOE, las proponentes de la comparecencia, así como las discrepancias entre parte del discurso de la consejera y el de las representantes de la oposición, condujo a un final de la sesión en el que se incrementó la tensión. En su última palabra en la comisión, la representante nacionalista aseguró que veía “contradicciones entre lo que las familias les han trasladado a ustedes y lo que me han dicho a mí desde la Dirección General, que me dicen que los justificantes están a disposición de los padres; vamos a tener tranquilidad”. Para finalizar, aseveró que la directora general, “contestará a los padres y a las madres en las próximos 48 horas”. En ese momento, Carmen Morales, sentada al lado de la consejera y que asistió a toda la jornada con cara de circunstancias, se dirigió a Valido con un movimiento de brazos en expresión de desacuerdo, al igual que Elena Luis, a quien se ve realizar algún aspaviento. El sonido no fue captado por la señal de streaming del Parlamento, que con esa imagen finalizó la retransmisión.
