Un ex edil del PSOE pudo recibir 132.000 euros

El informe elaborado por la Brigada policía contra los Delitos Económicos apunta a que el exconcejal del Partido Socialista Canario-PSOE José Luis Martín Rodríguez pudo recibir 132.000 euros por apoyar la operación de compra del frente de la playa de Las Teresitas en el año 2001 por parte del Ayuntamiento a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT).

Por un lado el exconcejal habría recibido 12.000 euros que blanqueó a través de la venta de una finca en El Rosario. Por otro, habría cobrado 120.000 en concepto de publicidad por la entidad CajaCanarias, que fue la que concedió en su día el crédito a ILT para comprar los terrenos y de una empresa de Ignacio González, uno de los vendedores, en la estación de radio Metrópolis de la que Martín Rodríguez es accionista. La policía concluye que se podría haber utilizado esta vía para “canalizar y ocultar el cobro de las cantidades” supuestamente recibidas.

La policía califica de “sospechosa” la venta de la finca rústica que poseía Martín en El Rosario por una cantidad escriturada de 5 millones de pesetas, mientras que el pago detectado asciende a 7, con lo cual coincidiría con el supuesto soborno de dos millones de pesetas. La operación además se cerró en el año 2001, fecha clave en las investigaciones, ya que fue el momento en el que el Ayuntamiento negociaba la compra de Las Teresitas. En cuanto a Metrópolis Radio, se detectó que la sociedad no estaba inscrita en el Registro Mercantil, se otorgó un CIF provisional que luego fue retirado, por lo que carecía de personalidad jurídica. “Apenas se observa actividad real en la empresa ya que la audiencia y el impacto mediático del canal es mínimo, casi inexistente”. De hecho los mayores gastos de la emisora se circunscriben a cheques gasolina. En el año 2004 Metrópolis Radio solo recibe dinero por dos conceptos: Grupos de Medios de Tenerife, que pertenece a la familia del empresario Ignacio González, contrató 114.000 euros y CajaCanarias abonó otros 6.000.

El cheque fue abonado a nombre de la hija de Martín, que curiosamente un año después aparece como trabajadora de la empresa de González. Por todo ello, los investigadores otorgan verisimultud a la versión de que Metrópolis Radio sirvió únicamente como medio para canalizar el dinero supuestamente cobrado por el exconcejal, así como para “ocultarlo o transferirlo”. Con respecto a la venta de la finca, los investigadores llaman la atención sobre la posterior cancelación de los préstamos solicitados por los compradores, “lo que denota una disponibilidad soberbia de liquidez”, que según indican no se corresponde con los recursos económicos de la familia, que en muchos casos justifican asegurando que poseían dinero “bajo el colchón”.

Por ello, a criterio de los investigadores, se sostiene que se pudo cometer un supuesto delito de blanqueo de capitales por parte de los compradores y el exconcejal, cuyo origen estaría en “el supuesto delito de cohecho”. Para ello se lleva a cabo una amortización en efectivo de créditos solicitados que suman 13 millones de pesetas, lo que supone un gasto de algo más de 16. “Es decir le ha costado tres millones de pesetas poder blanquear 13 millones”, se indica en el informe policial.

Otro dato llamativo para los investigadores es que todos los créditos solicitados por los compradores de la finca se tramitaron en una oficina concreta de CajaCanarias a 30 kilómetros de su domilio, “con la cual no tenían relación alguna ni habían sido clientes con anterioridad”. Pese a ello el director ni siquiera realizó un informe sobre su situación económica. “Llama mucho la antención que en alguna ocasión se produjeron amortizaciones anticipadas coordinadas y en la misma fecha”. A ello se suman otros hechos como que el metro cuadrado de la finca vendida es el doble de lo que cuestan terrenos situados en los alrededores. La conclusión policial es contundente. “Por todos los extremos mencionados esta operativa podría corresponderse con actividades de blanqueo de capitales, vinculada con los ingresos de procedencia ilícita que podría haber recibido José Luis Martín Rodríguez por su participacion en los hechos investigados”.

Pese a todo ello, la Fiscalía Anticorrupción optó por pedir el sobreseimiento del delito de cohecho al considerar que no se ha podido demostrar que estas cantidades fueron efectivamente pagadas por los empresarios dueños de ILT al exconcejal, al igual que ocurrió con el resto de imputados por sobornos.

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