Más de 1.000 empleados públicos se manifiestan en LPGC
Alrededor de 1.000 personas, según los datos de la Policía Nacional, y más de 2.000 según los sindicatos, han acudido este miércoles a la manifestación en defensa de los servicios públicos y contra las medidas aplicadas por el Gobierno de Canarias, como la reducción del 5% en los salarios de los trabajadores de la Comunidad Autónoma, que ha comenzado pasadas las 19.15 horas desde la Plaza de La Constitución de Las Palmas de Gran Canaria.
El portavoz de Intersindical Canaria (IC), Rafael Rodríguez, denunció el “ataque” de la Administración regional a los empleados públicos, que según dijo deriva en “un ataque del Estado del Bienestar” y explicó que el motivo de la protesta se centra en que “hay otra modo de recortar, ya que en tiempos de crisis hay que fortalecer los servicios públicos”. Al respecto apostó por una “multitud de iniciativas” de contención del gasto público, como la reducción de los asesores políticos, aunque añadió que “nos han hecho oídos sordos”, porque “donde está el dinero fácil para recortar es en el empleo público, lo demás es un entramado y está claro que políticos y asesores”.
Rodríguez explicó que los sindicatos de la Administración autonómica IC, Comisiones Obreras (CCOO), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) y Unión General de Trabajadores (UGT) decidieron abandonar la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de Canarias que debía celebrarse este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria para que el Gobierno de Canarias informara sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas administrativas y de modificación de normas tributarias, porque “no están negociando con nosotros, está sencillamente informado de sus improvisaciones”.
“Nos parece lamentable que este Gobierno funcione de manera unilateral, cuando nosotros sabemos en muchos casos dónde están los problemas de la Administración y cómo solucionarlos”, apostilló.
El secretario de Sepca en el sector autonómico, Nicodemo González, dio por rotas las negociaciones, aunque no descartó que se vuelvan a retomar en el futuro. Reivindicó que las iniciativas de los sindicatos no se tuvieron en cuenta, además de la falta de información por parte de los responsables de la Institución canaria, que según dijo, no explicaron por qué en la ficha financiera que se trasladó al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el apartado de personal se reduce en 230 millones de euros, en vez de “los 130 millones que era lo que nos iban a quitar a los empleados públicos”.
González manifestó que “en ningún momento han actuado con transparencia” y rechazó el recorte de las retribuciones sin que se haya negociado previamente con los representantes de los trabajadores.Los representantes sindicales anuncian más movilizaciones debido al “enorme malestar de los empleados públicos, que demuestra que esto va a ir a más” y no descartan una próxima huelga general.
