El ex alcalde “toleró y encubrió” ilegalidades
La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que el ex alcalde de Arona, José Alberto González Reverón y el entonces responsable de Urbanismo, Antonio Sosa, hicieron la vista gorda al establecimiento hotelero Sir Anthony con respecto a unas obras de ampliación que estaban llevando a cabo y además, “toleraron y encubrieron” la ilegalidad que se cometía.
En el primer trimestre de 2008 se comenzó la remodelación del establecimiento ubicado en plena playa de Las Américas. Pero estas actuaciones nunca tuvieron la correspondiente licencia urbanística, ni recibieron el visto bueno del Cabildo, como era preceptivo, al tener un uso turístico. Sin embargo, según la Fiscalía estos hechos fueron ocultados por el ex alcalde con el fin de poder disfrutar de forma particular de las habitaciones VIP del hotel, como hizo en varias ocasiones.
De hecho, el Ministerio Público considera que el ex alcalde consintió y encubrió todo lo que ocurría para obtener un beneficio particular. No fue hasta que comenzaron a circular rumores sobre el uso que el ex alcalde estaba dando a las habitaciones VIP cuando éste se dirigió a los representantes del hotel pidiéndoles que dieran una cobertura de apariencia legal a lo que estaba ocurriendo. Por ello, se presentó una licencia de obra menor que se limitaba al cambio de suelo, baños y retirada de escombros.
Sin embargo no se cumplieron otros trámites obligatorios como la supervisión del Colegio de Arquitectos, ni tampoco la autorización turística del Cabildo. Y todo ello, pese a que cualquier persona era capaz de observar que las obras que se estaban ejecutando podían ser calificadas de todo excepto de menores.
El fiscal no duda en acusar al alcalde de haberse abstenido en todo momento y de manera intencionada de ordenar las actuaciones precisas para perseguir y sancionar lo que se había convertido en una infracción urbanística. En teoría la legislación obligaba al Ayuntamiento a ordenar la suspensión de las actuaciones e inmediatamente después proceder al precintado de las mismas. Además, la cuantía de la multa hubiese ascendido como mínimo a 600 euros.
Los hechos llegaron a alcanzar ya tal trascendencia que el entonces concejal de Urbanismo, Antonio Sosa que aún sigue en política activa, tuvo que ordenar la paralización de los trabajos y su precinto, por lo que los promotores se vieron obligados entonces a solicitar licencia de obra mayor.
Algo similar ocurrió con las obras que estaba ejecutando el vecino, José Antonio González Costas que consistían en techado y construcción de una segunda planta de una antigua casa sin haber obtenido permiso alguno. La Fiscalía considera probado que el ex alcalde era consciente de lo que ocurría y no emprendió ningún tipo de actuación para hacer valer la legalidad.
Muy al contrario advirtió al infractor por teléfono de que otro vecino había sacado unas fotografías y se estaba interesando por las obras. “Por ello recomendó que parara de momento los trabajos para evitar los rumores y la denuncia, no sólo contra el infractor sino también contra el propio alcalde. Finalmente se acordó llevar a cabo al menos una apariencia de legalización de las obras y que los trabajos se llevaran a cabo únicamente por la tarde para que pasaran más desapercibidos”.
