Más de 30.000 familias canarias sin ingresos percibirán alguna prestación este mes de junio

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha anunciado en el Pleno del Parlamento que unas 30.000 familias canarias que no contaban con ningún ingreso recibirán algún tipo de prestación este mes de junio.

La consejera indicó que el objetivo prioritario de su departamento “siempre ha sido proteger a las familias más vulnerables”, de ahí que se haya ampliado en un 40% el número de familias que perciben la PCI desde que comenzó la legislatura y se adelantó el abono de estas ayudas durante el estado de alarma.

Noemí Santana señaló que desde la Consejería eran conscientes de que el estado de alarma traería consigo una “grave situación de crisis social”, por lo que de forma “inmediata” se diseñaron diversas medidas dirigidas a proteger a las familias en mayor situación de vulnerabilidad social o en riesgo de exclusión.

Santana comentó que entre esas medidas está el Ingreso Canario de Emergencia que se acabará de abonar esta semana, estando ya resueltas unas 25.000 solicitudes de las más de 30.000 que se presentaron.

Si se suman ambas prestaciones, durante el mes de junio, las ayudas sociales dirigidas a atender a la población más vulnerable de las islas, unas 30.000 familias canarias que no contaban con ingreso recibirán algún tipo de protección, adelantó Santana.

La consejera subrayó que estas cifras “no responden ni a la casualidad ni a la suerte, sino que es fruto del gran esfuerzo realizado por el departamento de Derechos Sociales y, sobre todo, de una buena gestión”.

Esta medida se suma al incremento del número de familias beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), indicó la consejera, quien explicó que cuando llegó al Gobierno, un total de 5.600 unidades familiares recibían esta ayuda, mientras que en la actualidad esta cifra es de más de 8.000 familias, un 40% más.

En su intervención, Santana recordó que en enero, el Ejecutivo firmó el Protocolo General de Actuación del Plan Concertado de Servicios Sociales por el que se incrementó la financiación de la PCI en un 10%, “un acuerdo cuya firma se vio anticipada en varios meses con respecto a años anteriores”.

Además, indicó que su departamento modificó en enero la Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción “con el fin dar cobertura social a las familias con hijos e hijas a cargo, en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión”.

“Ahora toca redoblar esfuerzos. Por eso ya estamos trabajando junto al Ministerio de Inclusión Social para implementar el Ingreso Mínimo Vital, que va a suponer una revolución histórica para Canarias y que vendrá a sustituir a la actual PCI y será complementa por la Renta Ciudadana, en cuyo diseño seguimos trabajando”, concluyó.