Las familias González y Plasencia adquirieron un costoso sistema para encriptar llamadas

Las investigaciones del caso Las Teresitas, también llamado caso Malvasía, se basaron en entrevistas a fuentes confidenciales que apuntaron al posible cobro de comisiones por parte de los implicados en el procedimiento. Igualmente se hicieron escuchas telefónicas y se llegaron a realizar seguimientos policiales a determinadas personas. Aparte todo ello de exhaustivos informes sobre las actividades económicas de los imputados y su entorno. En estas labores participaron efectivos de la Unidad Central de Delincuencia Económica Fiscal de la Comisaría general de Policía Judicial-Sección Blanqueo de Capitales y la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz. Para elaborar estos informes se dispuso del apoyo de personal de la Agencia Española de la Administración Tributaria (AETAT) y de las entidades bancarias, aunque en este último caso los investigadores se enfrentaron a serias reticencias. En concreto, los bancos alegaban que habían destruido muchos de los documentos al haber prescrito el plazo de seis años durante los que la ley les obliga a conservarlos. Una de las entidades incluso llegó a comunicar que no podía ofrecer determinados documentos ya que con las lluvias torrenciales del 31 de marzo de 2002 se le había anegado sus dependencias.

La policía pudo también comprobar cómo las familias González y Plasencia llegaron a adquirir un costoso sistema informático de centralita telefónica y de móviles encriptados con el objeto de emplear secrafonía en sus comunicaciones. Este sistema distorsiona la voz para evitar que en caso de proceder a la interceptación de las comunicaciones éstas sean inteligibles. Sólo los terminales telefónicos autorizados desencriptan la conversación. “Ello evidencia el elevado interés por ocultar sus actuaciones ante una posible investigación judicial y policial, sin obviar la inversión económica que se deduce que deben asumir para tal fin. De ahí se aprecia que los investigados tienen intención de emplear cuantos recursos sean necesarios para proteger y ocultar sus acciones”, indican los agentes. Tal vez por ello poco se ha podido sacar de las conversaciones telefónicas interceptadas. En el caso del exalcalde, Miguel Zerolo, se pasa de lo anecdótico,-una señora le pide el trabajo prometido para su hijo-, a lo llamativo como cuando el periodista Andrés Chavez queda con Zerolo para realizar prácticas de tiro en las dependencias de la Unipol en Los Campitos o le pide que interceda ante el concejal Hilario Rodríguez con el fin de poder instalar otra antena para su emisora de radio

Entre los seguimientos policiales que se llevaron a cabo estuvo el que se realizó a Felipe Manuel Armas Pérez, empleado del empresario Ignacio González, al que en muchas ocasiones los informes no dudan en calificarlo como su hombre de confianza o incluso testaferro y hombre de paja. Armas Pérez fue quien en el año 1998 pidió a CajaCanarias el crédito de 30 millones de euros para comprar el frente de la playa dado que González pertenecía al Consejo de Administración de esta entidad. Según las investigaciones el empleado de González cobró entre los años 2002 y 2003 un elevado número de cheques cuyo importe ascendió a más de 90.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción, no considera sin embargo acreditado que el origen del dinero sea desconocido o que suponga el cobro de comisiones ilegales. Más bien da la impresión de que fueron cobrados porque este trabajador contaba con un poder o autorización que le permitía operar en las cuentas de su jefe. De algunos cheques se pudo demostrar que servían para realizar determinados ingresos en cuentas del grupo empresarial o para realizar pagos a terceros, “si bien de la mayoría de ellos no ha sido posible detectar el destino dado a los mismos”, indica a fiscal, María Farnés Martínez.

El 20 de abril de 2007 la Fiscalía Anticorrupción recibió un escrito anónimo más que se unía a otro llegado a finales de 2006. En este último se hablaba de supuestos pagos a periodistas, técnicos y políticos y se señalaba que todo ello estaba documentado en la sede social de Inversiones Las Teresitas (ILT) en la calle de La Rosa del centro de Santa Cruz. En este escrito se hablaba de forma profusa de tres cajas fuertes situadas en el despacho de González, de su hijo Pedro y del apoderado. También se informaba de un archivo anexo a la Sala de Juntas y de varios ordenadores con información de interés. Igualmente se explicaba con todo detalle el accceso a esta oficina lo que ratificaba que se trataba de una persona con un alto conocimiento de lo relatado.

En el escrito del 18 de abril se exponía que esta documentación había sido trasladada a un piso ubicado en la calle Villalba Hervás que era visitado de forma habitual por Armas. Dos días después se estableció un dispositivo de vigilancia compuesto por seis policías entorno a la sede central de la empresa Vultesa en Taco, de los Laboratorios González y del piso de Villalba Hervás. El empleado de González durante este seguimiento dio la impresión de que era consciente de que estaba siendo vigilado ya que “hacía continuas paradas y se giraba tratando de observar quien caminaba tras él”. Los policías repararon en que era evidente que adoptaba “medidas de contravigilancia. Esto es detenerse bruscamente, aprovechar los escaparates para comprobar posibles seguimientos, realizar giros imprevistos y demás”. Todo ello obligó a los vigilantes a tomar medidas para evitar ser detectados.

Hay que tener en cuenta que a finales del año 2006 la Fiscalía Anticorrupción había presentado ya su querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en medio de un enorme revuelo informativo. Durante uno de los seguimientos el supuesto testaferro llegó a entrar en el inmueble de Villalba Hervás y accedió a la planta cuarta. Posteriormente se pudo comprobar que los recibos de la luz estaban a nombre de Laboratorios González y que los buzones estaban llenos de propaganda publicitaria lo que denotaba “el desinterés de los inquilinos para recibir correspondencia en este inmueble”. También se constató que el inmueble estaba deshabitado ante el hecho de que por la noche no se detectaba luz en la vivienda. En algunas de las ocasiones se observó que el empleado sacaba documentación de este edificio. Finalmente, en este piso fue donde se localizaron 73.000 documentos que resultaron claves a la hora de esclarecer gran parte de los hechos de esta trama.