La Fiscalía pide prisión para el diputado Jorge Rodríguez (PP)
Jorge Alberto Rodríguez Pérez, diputado del PP en el Parlamento de Canarias, ha sido formalmente acusado de dos delitos de tráfico de influencias por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas por su vinculación en la trama de Grupo Europa, en un escrito conocido este lunes en el que el ministerio público pide sendas penas de diez meses -un año y ocho meses-, 120.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación especial para ejercer todo empleo o cargo público a quien fuera portavoz parlamentario del PP entre 2003 y 2007.
El de nuevo diputado autonómico del PP -dimitió en 2007 al desvelar CANARIAS AHORA el escándalo en Telde y también en Mogán, y desde su aforamiento de nuevo en 2011 se sigue esta pieza separada del caso Faycán en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias- es el acusado de mayor relevancia en un caso cuya magistrada instructora, Carla Bellini, decretó el viernes pasado la apertura de juicio oral contra Jorge Rodríguez y otros seis imputados, entre ellos, el actual jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena. La principal encartada hubiese sido la exconcejal del PP fallecida Toñi Torres.
Rodríguez Pérez está acusado de interceder en favor de Grupo Europa SA, y para ello haber cobrado al menos 64.010,06 euros por sus gestiones de intermediación ante ayuntamientos canarios gobernados por su partido, el PP. Los pagos quedan a juicio del fiscal Luis Del Río constatados documentalmente en las cuentas anuales de la empresa, con cantidades que el diputado cobró entre 2003 y 2006, momento en que estalla el caso Faycán, con múltiples ramificaciones en Telde.
La Fiscalía da por hecho que la actuación de Rodríguez Pérez fue determinante para que la mercantil Grupo Europa ganase, previo amaño, un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa, y que con posterioridad a las primeras detenciones de Faycán en marzo de 2006, con su interlocutora Toñi Torres en prisión, también intercediese ante el exalcalde Paco Valido para seguir adelante con los proyectos de Grupo Europa, que también necesitaba desbloquear el obstáculo del departamento de Urbanismo de José Luis Mena para la liberación de suelo y la obtención de licencias de obra.
Los hechos comprobados por el ministerio público demuestran el pago de comisiones por parte de Grupo Europa a políticos y funcionarios de Telde, en una cifra cuantificada de forma documental en 240.000 euros, sobornos exigidos por el grupo gobernante de PP y Ciuca y sus funcionarios para facilitar la construcción de viviendas a las que se comprometía Grupo Europa. Primero se sobornó para ganar el concurso ad hoc de asesoramiento a la empresa municipal Urvitel, encargada de promocionar las viviendas, y después se siguió pagando para obtener suelo y licencias de obra para Urvitel, cuya consejera delegada era Toñi Torres, con Mena implicado en informes para adecuar la legalidad urbanística a las necesidades de suelo y obras de Grupo Europa.
De ahí que el ministerio público acuse, por su parte, a Mena de haber cometido un delito continuado de falsedad en documento oficial por el que le pide cinco años de prisión con multa de 108.000 euros, a razón 18 meses con cuota diaria de 200 euros, así como inhabilitación especial para empleo público durante cinco años; y de otro delito de cohecho por el cual solicita sea penado con tres años de prisión, 90.000 euros de multa con responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses de privación de libertad y otros nueve años de inhabilitación especial. En total suman ocho años de prisión, catorce de inhabilitación y casi 200.000 euros de multa.
En cuanto al empresario presuntamente beneficiado por las gestiones de Jorge Rodríguez, en este caso, ante el Ayuntamiento de Telde, José Manuel Antón Marín, el fiscal solicita por un delito continuado de cohecho -por soborno, entre otros, a Mena- cuatro años y seis meses de prisión y multa de 600.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad y otro año de prisión por un delito contra el mercado y a los consumidores, dado el objetivo final fraudulento de su negocio inmobiliario por la imputación de gastos a un suelo público gratuito.
Esta trama en torno a la política de viviendas sociales en Telde que lideraba la exconcejal del PP ya fallecida y principal encartada del caso Faycán, Toñi Torres, mantiene también al denunciante, Francisco Cambreleng, acusado de un delito continuado de cohecho en concepto de cooperador necesario -confesó haber realizado dos entregas de 30.000 euros a un funcionario de Telde en nombre de Antón Marín- por el que la Fiscalía pide un año de prisión y 23.000 euros de multa, y otro delito de falsedad en documento mercantil por el que se enfrenta a tres meses de prisión y una multa de 1.350 euros, a razón de tres meses con cuota diaria de 15 euros.
En el escrito al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, el ministerio público resalta que en Cambreleng concurre la circunstancia atenuante de confesión como muy cualificada.
Otros tres imputados se enfrentan a penas de prisión: el exjefe de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, Pedro Pablo Santana -acusado de recoger los dos sobres de 30.000 euros entregados por Cambreleng, uno de ellos destinado a Mena-; el exgerente de la empresa pública municipal Urvitel, Juan Carlos Saavedra Guadalupe, también por otro soborno de otros 30.000 euros, y su esposa, Verónica García Melgar por falsedad en documento mercantil.
Anticorrupción solicita para Santana por un cohecho tres años de prisión, multa de 90.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses de privación de libertad e inhabilitación especial para ejercer empleo público durante nueve años; y por otro delito de cohecho, 90.000 euros de multa con responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses de privación de libertad y otros dos años de inhabilitación especial para empleo público.
Saavedra se enfrenta, por su parte, a un delito de prevaricación con inhabilitación por ocho años, otro de cohecho por el cual se le piden tres años de prisión, multa de 90.000 euros con responsabilidad subsidiaria de cinco meses de privación de libertad y otros nueve años de inhabilitación; otro año de prisión por un delito contra el mercado y a los consumidores y dos años más de cárcel con multa de 60.000 euros, a razón de diez meses con cuota diaria de 200 euros, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, este último al igual que su esposa.
Las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas sobrepasan entre todos los acusados los 27 años de cárcel y las multas ascienden a más de 1,3 millones de euros por unos hechos considerados constitutivos de doce delitos, y que entre 2004 y 2006 bajo el gobierno de PP y Ciuca pretendieron situar la política de viviendas sociales en medio de un negocio ilícito a través de la obtención de beneficios otorgando al suelo gratuito municipal un coste irreal.
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