Fiscalía pide 180 euros de multa por parar el tranvía
La Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife ha pedido 90 euros de multa para cada una de las dos denunciadas por paralizar la circulación del tranvía y el tráfico rodado, el pasado 4 de mayo, en señal de protesta por la reordenación de las líneas de guaguas en la capital tinerfeña, aunque la protesta no fue autorizada y se produjo un caos circulatorio de más de dos horas.
Fue un juicio de faltas que se celebró este miércoles en el juzgado de instrucción 1 y el fallo se conocerá el próximo 14 de febrero. Según la fiscal, Mirian y Concepción Pérez Mendoza desobedecieron a la autoridad al no retirarse a las aceras, cuando se supone que la Policía lo ordenó para restablecer el tráfico rodado, ya que según dijo uno de los inspectores que actuó como testigo, “el resto de los congregados se fueron dispersando, menos las dos denunciadas”, que acabaron detenidas y esposadas.
En el atestado policial no se reconoce que Mirian y Concepción fuesen las organizadoras de la concentración que se llevó a cabo ese 4 de mayo, entre las paradas del tranvía de Puente Zurita y Cruz del Señor, y en la que participaron entre 40 personas, según los agentes, y 70, según las denunciadas, sino que se cita a otras cuatro personas distintas, entre ellas al letrado y concejal de Sí Se Puede, Pedro Fernández Arcila, que presenció la protesta y actuó en el juicio como abogado de Concepción.
“Poner unas esposas es un acto de fuerza”
Mientras los dos agentes de la Policía Nacional, sostenían que la detención de ambas activistas fue “el último extremo para restablecer el tráfico”, porque las denunciadas no deponían de su actitud, Fernández Arcila insistió en que no era indispensable detenerlas, ya que ambos agentes reconocieron que no violencia física ni verbal contra ellos, ni resistencia activa, y que las ambas mujeres ejercían su derecho fundamental de concentración junto con más personas.
Además, señaló a los agentes, “por una falta no se puede esposar a una persona ni llevarla a comisaría, ¿ustedes lo saben, no?”, y consideró un absurdo que se hubiese tramitado este asunto por la vía penal, lo que apoyó Carlos Mayans, abogado de Mirian, quien insistió en que esposar a una persona y detenerla “sí es un acto de fuerza”.
Ambas declararon que fueron a un concentración de protesta acordada entre los vecinos del barrio de La Cuesta el día anterior, y que ayudaron a dispersar a los vecinos de más edad al ver que aumentaba la presencia policial, primero municipal y luego, nacional. Sin embargo, Mirian insistió en que el acto de ponerle las esposas no fue amable“ y se sentía ”una víctima“.
Concepción dijo que “solo cruzábamos por los pasos de peatones de una acera a otra. Fue todo lo que hicimos”.
En la actualidad, hay abierto un expediente administrativo en la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife en el que se proponen 450 euros de multa a cada una, una cifra muy superior a la solicitada por la Fiscalía, que suma en total 180 euros. Si fuesen condenadas por el juzgado, la multa administrativa tendría que ser archivada.
