El Gobierno tendrá que indemnizar a otra empresa expropiada hace 40 años
Las expropiaciones iniciadas hace casi cuarenta años en el polígono industrial y residencial de El Rosario situado en los municipios de Santa Cruz y La La Laguna se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno canario y los respectivos ayuntamientos. Ya son varias las sentencias firmes emitidas por el Tribunal Supremo (TS) que ha detectado irregularidades en el procedimiento y obliga a revisar las ocupaciones llevadas a cabo. La última afecta a la empresa Tinerfeña de Obras Públicas a la que el TS reconoce el derecho a que el Gobierno canario le abone la diferencia entre los 248.000 euros pagados en su momento y los cerca de 500.000 que reclaman, aunque la cifra definitiva será fijada ahora en la ejecución del fallo teniendo en cuenta los intereses de demora. Un diferencial que dada la época en la que se llevó a cabo el pago de la ocupación puede suponer un montante notablemente elevado.
El Supremo ratifica así otro fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el que considera que no se valoró de forma justa la ocupación de más de 3.500 metros cuadrados de este ámbito y que incluso la Administración había reducido en más de 200 metros la superficie efectivamente expropiada.
Hace escasas fechas trascendió también el caso de unos particulares a los que el Supremo había reconocido en 1998 el derecho a recibir una indemnización de alrededor de 78.000 euros más los intereses de demora o la devolución de la parcela ocupada, lo que resultaba ya imposible al haberse construido en la misma. Esta familia pidió en el año 2008 la ejecución de la sentencia pero hasta ahora se ha encontrado sin ninguna respuesta por parte del Gobierno de Canarias o de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz. Incluso han anunciado que recurrirán el Plan General de Ordenación (PGO) de la capital tinerfeña en cuanto sea aprobado ya que en su ficha financiera no se contempla la indemnización para cumplir esta sentencia.
La expropiación llevada a cabo a partir de finales de los años setenta afectó a 121 vecinos que eran propietarios de 274 parcelas con el fin de llevar a cabo un cambio radical en los barrios situados entre Taco y La Gallega para construir viviendas sociales y una zona industrial. El área afectada se extendía por 251 hectáreas de Santa Cruz y 87 de La Laguna, lo que suponía un total de 35.500 metros cuadrados. Algunos de estos vecinos optaron por acudir a los tribunales al no estar de acuerdo con la forma en la que se llevó a cabo el procedimiento y en muchos casos han visto como las sentencias les han resultado favorables.
Desde 1969
Siguiendo un orden cronológico habría que decir que el origen de este proceso se inicia en el año 1969 momento en el que se comenzó la elaboración de los estudios previos en ambos municipios y con carácter urgente. En 1971 se aprobó una fase inicial y ya entonces se advirtió de los problemas que iban a surgir ante la existencia de numerosas viviendas de autoconstrucción lo que hacía en la práctica imposible llevar a cabo una urbanización general.
En 1972 se fijaron los precios máximos y mínimos de valoración de los terrenos. En ese momento se advertía de la imposibilidad de desalojo de las aproximadamente dos mil viviendas afectadas ante la fuerte oposición vecinal plasmada en más de tres mil quinientas alegaciones lo que dio lugar a que se llevara a cabo una revisión de la delimitación. Tres años más tarde se aprobó el avance del plan parcial con los nuevos límites y poco meses después se fijó el precio definitivo de expropiación y se firmó el convenio entre el Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Urbanización. Fue en 1976 cuando a través de una orden ministerial se aprobó el proyecto de expropiaciones.
Poco después los vecinos y el Estado firman un convenio que hacía inviable la ocupación pero sin embargo el acuerdo no se llegó nunca a cumplir tal y como denunció la asociación de vecinos de Santa Cruz y La Laguna en la prensa a finales de la década de los años setenta. En 1980 una orden ministerial plasmada en un Real decreto determinó que la viabilidad de la actuación debía ajustarse a los precios económicos disponibles y a la situación real del polígono.
Una vez que a finales de la década de los años ochenta se crea la empresa pública Promociones del Rosario SA (Prosa) encargada de llevar a cabo las obras de urbanbización comenzó el abono de las ocupaciones. En estos momentos se ha culminado todo el proceso en el municipio de La Laguna mientras que en Santa Cruz se encuentra su ejecución en un 90%. Algunos vecinos denunciaron ante los tribunales que se había especulado con sus terrenos ya que la empresa pública los había vendido a particulares para construir viviendas de precio libre. Sin embargo, los tribunales han considerado que esta enajenación sólo tenía por objeto conseguir fondos para continuar con las actuaciones proyectadas.
