Hidalgo: “No voy a permitir que el pleno se convierta en un circo”
El socialistas Augusto Hidalgo se hizo con la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria después de sellar un pacto de gobierno con LPGC Puede y Nueva Canarias (NC). Asuntos relacionados con la Biblioteca del Estado, Emalsa y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) han estallado en los medios de comunicación apenas un mes y medio desde que tomó posesión de su cargo. Sin embargo, afirma que “no voy a estar llorando por las esquinas permanentemente hablando de la herencia recibida” y prevé presentar el próximo mes de septiembre un balance en el que dejará clara “cuál es la situación que nos hemos encontrado”.
Respecto a los rifirrafes que han tenido lugar en el Pleno del Consistorio con la oposición, asegura que “no voy a permitir que el pleno se convierta en un circo”, aunque afirma mantener una buena relación con los miembros del Partido Popular (PP). En una entrevista concedida a Canarias Ahora, el alcalde capitalino aborda los frentes abiertos en los que tendrá que centrar su gestión durante los próximos cuatro años.
¿Tras más de un mes de gobierno, se siente cómodo en el asiento de la Alcaldía?
Cómodo estoy desde el principio. Hemos entrado con ganas y sabiendo que tenemos la capacidad y voluntad de tomar las riendas de este gobierno y creo que lo hemos hecho desde el minuto uno. Independientemente de que soy consciente de que esta ciudad es una de las más grandes de España y que al mismo tiempo tiene una gran complejidad y grandes desigualdades, lo hemos hecho con todas las ganas y con la capacidad para gobernarla sin, espero, ningún tipo de sustos, más allá de los habituales.
En los plenos que se han celebrado se han visto los primeros encontronazos con la oposición, ¿como definiría ahora mismo la relación con el Partido Popular?
Yo creo que mi relación con los miembros del Partido Popular es buena. He tenido dos reuniones personales con el portavoz y anterior alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, y además fue la primera persona a la que llamé la noche electoral. Pero eso no es óbice para que haya las normales disputas desde el ámbito ideológico y de confrontación entre el Gobierno y la oposición. Esto es normal y forma parte del juego político. Lo que sí es verdad es que no voy a permitir que el pleno se convierta en un circo.
El pleno del Ayuntamiento tiene que seguir unos mínimos cauces de funcionamiento en la palabra, cuya responsabilidad de ordenar tengo yo y eso lo voy a intentar hacer a rajatabla. En el pleno donde hubo ese pequeño rifirrafe hace unas semanas, el único elemento de distorsión era que no se sabía quién estaba ejerciendo la portavocía por parte del Partido Popular. Teóricamente en este Ayuntamiento se permite que todos los concejales de la oposición intervengan, independientemente de que sean portavoces adjuntos o no, pero todos no pueden hablar con los micrófonos abiertos al mismo tiempo. La única discrepancia que observaba era saber quién estaba ejerciendo la portavocía, si Sabroso o Cardona, pero nada más. Espero que no haya más trifulcas que vayan más allá de lo normal de la disputa política.
¿Cuáles son los mayores frentes que le ha dejado abiertos el anterior grupo de gobierno?
Hay un elemento fundamental, que no tiene que ver con herencias de gobierno anteriores, sino de la realidad socioeconómica que vivimos, que es la desigualdad que sufre la ciudad. Ese es el ‘leiv motiv’ de la gestación de este gobierno y por tanto esa es nuestra prioridad. Cuando yo me senté con el señor Cardona en la primera reunión que tuvimos, él me transmitió dos elementos que él consideraba que eran los únicos que estaban pendientes, uno era el asunto de Chirino y el otro, la Biblioteca.
"Yo no voy a estar llorando por las esquinas permanentemente hablando de la herencia recibida"
Nosotros estamos haciendo un balance, que yo espero que en septiembre podamos definir de forma clara para saber todos los elementos que nos hemos encontrado del gobierno anterior. Yo no voy a estar llorando por las esquinas permanentemente hablando de la herencia recibida. Haremos un balance, eso sí, para dejarle a la gente clara cuál es la situación que nos hemos encontrado cuando tengamos todos los datos municipales y todos los concejales concluyan las revisiones de sus respectivas áreas de gobierno. Más allá no ha habido mayores problemas a la hora de entrar en el gobierno, por lo menos en el traspaso de poderes.
Sin embargo, sí ha habido actuaciones de carácter más inmediato que se conocen, como por ejemplo el Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, Temudas, que se quedó con cero euros y finalmente se va a celebrar.
Es evidente que ha habido una ejecución, pero eso ya se sabía. No es un elemento que tengamos nosotros que hacer público, porque desde los grupos de la oposición en el anterior mandato se dejó claro que se estaban utilizando recursos por parte fundamentalmente de la sociedad de promoción para hacer campañas institucionales que han provocado una situación en la cual, efectivamente, hemos tenido que –de la noche a la mañana – buscar recursos para dotar presupuestariamente actuaciones concretas del verano.
¿Cuáles más ha habido a parte del Temudas fest?
Hace poco tuve que hablar a la opinión pública de algo que nos encontramos también, que fue el Firmadoc, el aplicativo informático que gestionaba la facturación municipal. El gobierno anterior el día 5 de junio, después de las elecciones y estando en funciones, dio una directriz para que toda la facturación municipal pasara a gestionarse de forma electrónica, sin haberse testado el funcionamiento de dicha aplicación, lo que provocó un colapso absoluto.
Esa situación la conocía y no quise hacerla pública, porque mi obligación es solucionar estos problemas. Cuando se filtró a la opinión pública tuve que explicarlo, pero lo hemos solucionado. Tuve que dar una instrucción para que se empezara hacer la facturación de nuevo en papel e iniciar el proceso de adaptación, de unos cuatro meses mínimos, para que esa aplicación se pusiese en marcha. Estar permanentemente sacando las posibles llamadas ‘bombitas’ que me puedan haber dejado - que no creo que sean bombitas, sino simplemente la realidad de la complicación de la gestión de un Ayuntamiento - y los fallos de gestión del anterior gobierno, no creo que sea mi función, sino solucionar los problemas de la ciudadanía.
Parece que se van acabando las opciones para que la Biblioteca del Estado siga en pie. Verdaderamente, ¿qué margen de actuación hay? ¿Los vecinos están dispuestos a negociar?
Hay margen de actuación en el sentido de que nosotros hemos activado todas las vías para evitar el derribo de nuestra Biblioteca. La jurídica, en tanto en cuanto ya hemos hecho gestiones con la Abogacía del Estado para que ésta solicite al Ministerio Fiscal la interposición de un recurso de súplica al Constitucional. La política, porque ya hemos mantenido conversaciones con el Secretario de Estado de Cultura para reunirnos en breve e intentar encontrar una solución. Y, por último, agotaremos la vía negociadora antes que nada, por lo que vamos a plantear en breve una reunión con los vecinos afectados para tratar de buscar una solución satisfactoria para todos.
¿Baraja la opción de que en su mandato haya que derribar una obra a la que dio luz verde José Manuel Soria, pese a contar con informes técnicos desfavorables?
No me planteo el derribo de un sitio tan emblemático y necesario como la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria. Pondremos todo de nuestra mano para evitar que se produzca. A este gobierno lo que le interesa es que haya una opción definitiva y que ninguna pase por el derribo de la biblioteca, porque eso sería una verdadera atrocidad. La pelota está en el tejado del Ministerio de Cultura, y vamos a ayudarlos en todo lo que nos pidan. Los márgenes desde la administración municipal son prácticamente nulos.
La pelota está en el tejado del Ministerio de Cultura, y vamos a ayudarlos en todo lo que nos pidan.
LPGC Puede se desmarcó en cierta medida del apoyo que le dio al Acuario que construirá Loro Parque, ¿Qué consecuencias tiene este desmarque?
Aquí hay que tener claras dos cosas: primero, que no ha habido desmarque de ningún tipo, porque el gobierno tomó la decisión, que es la de que nos encontramos con una situación sobrevenida, especialmente en referencia al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Después, que se trata de una obra que está en término municipal, pero no el ámbito estricto de competencia municipal, porque la concesión la hace la Autoridad Portuaria. Además, es una obra que va a tener un efecto importante para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora, ¿discrepancia? Las tres fuerzas que componen este gobierno estábamos en contra de que se le rebajara el impuesto a esta obra y lo dijimos claramente desde el principio, pero eso se hizo en el pasado, en el gobierno anterior. No podemos retrotraerlo, y no podemos estar llorando por las esquinas, sino, sencillamente miramos hacia adelante.
¿Entonces, esta situación tiene visos de volver a suceder durante estos próximos cuatro años?
Lo que sí tenemos que tener claro es que este gobierno es un gobierno plural, como ha pasado después del 24 de mayo en casi todos los gobiernos municipales del conjunto del Estado. Algunos gobiernan en minoría y otros en coalición. Prácticamente no ha habido mayorías absolutas en casi ninguna población destacada y esto significa que la gente tiene que acostumbrarse, porque ha pedido esto en las elecciones.
Va a haber, no digo discrepancias, sino distintos puntos de vista de las fuerzas políticas que conforman los gobiernos, porque el gobierno es plural. Ahora, el gobierno tiene una única posición sobre los asuntos importantes de gestión. Que haya elementos de discrepancia, porque somos partidos distintos, es normal. Que se escuchen todo tipo de posiciones no me preocupa, yo estoy curtido en esa cultura de la asamblea, procedo de ella y no me parece que sea un demérito, sino todo lo contrario. Ahora, cuando llegamos al gobierno la decisión la tomamos de forma consensuada y colegiada y al final transmitimos una única posición. Eso es lo importante, que la ciudadanía tenga claro que es un gobierno plural, pero es un único gobierno.
Usted dice que transmite una única posición, sin embargo luego LPGC Puede emite un comunicado diciendo que se desmarca de ese apoyo al Acuario. ¿Eso es normal?
Ningún comunicado de ningún concejal ha discrepado de la posición de este gobierno municipal, otra cosa es que el partido quiera tener su debate interno, que yo respeto. De ésta nos tendremos que acostumbrar. Cada fuerza política tiene sus procesos internos y sus debates. Es lo que pasa en toda Europa desde la Segunda Guerra Mundial y no pasa nada. En España somos el único país que el Gobierno central no ha tenido un gobierno de coalición desde que tenemos democracia, es algo insólito en el ámbito de Europa occidental, pero la ciudadanía no quiere mayorías absolutas.
Ningún comunicado de ningún concejal ha discrepado de la posición de este gobierno municipal, otra cosa es que el partido quiera tener su debate interno, que yo respeto.
Probablemente ese sea el escenario que vivamos durante muchos años y por tanto un nuevo tiempo, una nueva forma de hacer política que trabaja sobre el diálogo. Ahora, el gobierno toma las decisiones, los partidos políticos que lo integran tienen sus debates, pero al final se toma una única decisión y eso es lo que a mí me interesa.
¿No se puede hacer nada para recuperar el dinero que la empresa ha dejado de pagar?
Si está ajustado a derecho no se puede implantar un impuesto retroactivo, a no ser que descubramos que no lo está. Es como si yo, de repente, le bajara el IRPF – si tuviera potestad y estuviera en el Gobierno central o en el autonómico – a los ciudadanos y me viniera la gente a pedir la rebaja del año anterior, o a la inversa. Eso es ilegal, no se sostiene. Desde luego un impuesto que se ha dejado de cobrar, porque ha habido una excepción por el interés general decididaporn el anterior gobierno, es una decisión que está en el pasado. Yo no puedo tomar decisiones fiscales de carácter retroactivo.
¿Qué opinión le merece el que se haya creado una Plataforma ciudadana contra el Acuario?
Los ciudadanos pueden expresarse como estimen conveniente. Yo respeto las posiciones de todos. En una ciudad como ésta uno se encuentra con posiciones que son contrarias, el que la gente se organice y exprese su voluntad me parece algo normal y democrático.
¿Si le pidieran una reunión les escucharía?
Ya se han reunido con miembros del gobierno en varias ocasiones según tengo entendido. Yo no tengo ningún problema, tengo una lista de solicitudes de reunión de muchas plataformas, asociaciones y demás que estamos intentando gestionar, porque ha habido una verdadera avalancha los primeros días y yo me reúno con todo tipo de colectivos sin ningún tipo de problemas.
¿Ya se han reunido con el Cabildo y con la Autoridad Portuaria para saber quién va a pagar o hacerse cargo de la pasarela?
No. En la última reunión que hubo celebró el Cabildo con todos los alcaldes de la isla de lo que fundamentalmente se habló fue del plan contra la pobreza y de los 10 millones de euros que tienen previsto implantar. Sí es verdad que hubo una intervención final de uno de los consejeros del Gobierno contando cómo va ser el modelo de los planes de cooperación, de los cuales nos nutrimos en inversiones los ayuntamientos.
Se puso sobre la mesa la posibilidad de que puedan ser plurianuales, incluso planificarlos a cuatro años, en vez de hacerlos anualmente, dando la posibilidad de que obras que tienen un calado mayor se puedan gestionar no solo a un año, sino a varios. Esa puede ser una vía de financiación, pero nos tenemos que sentar con el Cabildo para ver una vía alternativa, porque estamos hablando de una obra que va más allá del interés municipal para poderla financiar. Lo cierto es que esa es la única actuación dentro de ese entorno que cuenta con un concurso de ideas ganado, pero cuyo proyecto no existe, ni la licitación, ni siquiera los permisos que tienen que dar las distintas administraciones. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos en las próximas reuniones con el Cabildo.
Usted dice que la intervención de Emalsa es una farsa, pero la va a mantener hasta septiembre con el coste que eso supone y luego ¿devolverá las cosas a como estaban, es decir, que el control se vuelve a hacer a partir del Consejo de Administración?
Esa es una interpretación que ha hecho el señor Cardona que no sé de dónde se lo ha sacado. La intervención ha sido una farsa, porque lo dice el propio interventor en sus documentos, que son cuatro informes remitidos a la Junta de Gobierno. Solo dos, el primero y el segundo, fueron remitidos realmente a la Junta, el tercero y el cuarto, que son los que realmente entran al fondo de la cuestión nos lo encontramos en la Concejalía.
Nosotros los remitimos a la Junta, se filtró a la prensa, dimos conocimiento sobre ello y después le dimos audiencia al interventor.Pues bien, esos informes dicen textualmente que la intervención es ‘sui géneris’, porque nunca se intervino la empresa. Intervenir la empresa, secuestrar su gestión, significa que por una causa muy grave se coge el control de la empresa, se quita a los gestores y nos colocamos nosotros a dirigirla. Eso nunca ocurrió.
¿Qué ocurrió entonces?
Lo que ocurrió es que se hizo un show, un paripé. Se nombró a un llamado interventor, que no deja de ser el jefe de la Unidad Técnica de Aguas y empezó a hacer las funciones que tiene de obligado cumplimiento la Unidad, que es el control de la gestión del ciclo integral del agua y obligar a que la empresa cumpla sus funciones. Lo que pasa es que es verdad que aquí se da una doble circunstancia, que no es nueva, que es que el Ayuntamiento además es parte de la empresa, en un 33% y no con mayoría en el Consejo de Administración, aunque la preside.
Esto le da un toque más kafkiano al asunto, porque es que el presidente, el alcalde de la ciudad, intervino, teóricamente, una empresa que presidía él. Esto es insólito. Si usted tenía dudas sobre lo que estaba pasando en el Consejo de Administración, usted como presidente del Consejo y con el 33% de la propiedad exija los informes pertinentes. Sino se le dan, los otros socios están cometiendo una ilegalidad y existen causes para exigirlos.
¿Qué tipo de datos se han encontrado?
Lo que hemos observado son unos informes del interventor que no son concluyentes. Ya me gustaría a mí haberme encontrado con informes de la llamada intervención que dijeran “oigan, se ha incumplido esto e iniciamos el expediente sancionador pertinente”. O directamente que los incumplimientos son de tal gravedad que se puede demostrar que se ha incumplido el contrato y la concesión administrativa y por lo tanto estamos en disponibilidad de rescatarla a coste cero.
¿Entonces qué es lo que se ha hecho?
Se han solicitado una serie de informes, unos pagados por Emalsa, otros por la intervención que han costado y costarán - porque una parte de ellos ni siquiera se han iniciado - 550.000 euros en total y que nos deben de dar luz sobre todos los elementos organizativos de gestión. Esos informes los puede pedir en cualquier momento la Unidad Técnica del Agua o la propia Emalsa.
La que más me interesa es la última auditoría, la más importante y costosa de todas, por ser la de más enjundia, que es la de KPMG, de 149.000 euros
¿Qué sentido tiene entonces la intervención? El propio interventor dice que no tiene sentido, porque no se hizo una intervención per sé, no existió. Eso lo dicen los documentos, tenía que haberlos leído el anterior alcalde, no los leyó o no quiso leerlos o por eso no los llevó a la Junta de Gobierno. La intervención está prorrogada hasta septiembre, yo la voy a mantener para que emita su último informe, pero la que más me interesa es la última auditoría, la más importante y costosa de todas, por ser la de más enjundia, que es la de KPMG, de 149.000 euros. En las próximas semanas está previsto que termine. Cuando tengamos los datos los haremos públicos, con claridad absoluta, que no es lo que ha habido hasta ahora. Lo que ha habido hasta ahora es un verdadero galimatías que no se entiende.
¿Piensa reforzar la Unidad Técnica del Agua?
Eso lo estamos estudiando con el concejal de Aguas, que ha sido muchos años trabajador de ese servicio y conoce perfectamente esa Unidad. En el Consejo de Administración haremos valer - en la medida del peso que tengamos -nuestro peso como administración y la presidencia que ostentamos. Dejaremos claro elementos de discrepancia como los que hemos dicho: que el contrato de Sercanarias, por ejemplo, se hizo en unas condiciones que no compartimos. Que es legal, pero no compartimos. Yo creo que se va a poner orden con tranquilidad y con sosiego.
¿Es cierto que “prescindir de la intervención es alejarse de cualquier opción jurídica que legitime el rescate”, como afirma Cardona?
¿Estaban estableciendo la posibilidad de un rescate? Pues no lo he visto en ningún documento. Si lo que pretendía era llegar al rescate, lo primero que tenían que haber hecho era hacer caso a la intervención. El propio interventor en sus documentos lo que dice es que el Gobierno municipal no atendía a sus reclamaciones.
Se empiezan a realizar auditorias en las que el interventor se entera, textualmente lo dicen los informes, por los medios de comunicación. Si nos hubiéramos encontrado con un escenario en el que están los pasos dados para un rescate a coste cero de Emalsa, encantados. Eso no es lo que nos encontramos. Es más, podríamos habernos encontrado con un escenario que dijera que el rescate no es posible, aunque se haya incumplido la concesión, porque no hay instrumentos sancionadores, pero se puede rescatar mediante un determinado coste. Tampoco se analizó dicho coste, ni se dieron órdenes para que se evaluara. Que no nos digan que estaban desarrollando medidas para rescatar la concesión, porque sinceramente me tengo que reír. No es cierto, me parece asombroso.
Yo no he escuchado en cuatro años hablar al señor Cardona de que iba a rescatar la compañía. Me he quedado asombrado de que esa fuera su posición. Ahora, ojalá, porque la posición de los miembros de este gobierno es que ojalá fuera pública la empresa al 100%, pero desgraciadamente tenemos una concesión administrativa hasta el año 2043. Si nosotros encontramos instrumentos legales que demuestren que se ha incumplido de forma clara y nítida y además podemos rescatar la empresa, encantados.
¿Pero los va a buscar?
Es que la intervención no nos ha puesto encima de la mesa esa posibilidad.
¿Iniciaría entonces otra intervención?
No, es sencillo, si la Unidad Técnica del Agua, evaluando la gestión de la empresa, considera que se ha incumplido claramente la concesión y que hay fórmulas para recuperar las acciones, me lo pone encima de la mesa, este gobierno lo va a estudiar. Ese no es el escenario. Nos queda garantizar que se dé el mejor servicio a los ciudadanos, partiendo de la base de que tampoco creo que sea un servicio malo para las infraestructuras que tenemos.
Mirar hacia el futuro y por tanto tener que buscar recursos para las infraestructuras hidráulicas, responsabilidad del gobierno, que durante los últimos cuatro años fueron de cero euros. Algo grave y que tenemos que solucionar y al mismo tiempo garantizar que aquellos ciudadanos que lo están pasando mal no se vean obligados a perder el servicio de abastecimiento. Por eso hemos iniciado ya una tarifa social del agua que espero que en los próximos meses esté perfilada. Eso es tomar decisiones que afectan a los ciudadanos, lo otro es un galimatías que nadie entiende, es un lío legal que contiene conversaciones que no se corresponden con la realidad.
Entiendo entonces que el rescate no está entre sus objetivos.
Ojalá esa fuera la situación. Si a nosotros nos pusieran encima de la mesa el soporte legal para rescatar la empresa a coste cero, claro que lo evaluaríamos.
Pero duda que eso vaya a pasar.
No me lo han puesto encima de la mesa. Lo que hay es una concesión desde el año 93, que dura hasta el año 43. Yo voy a intentar mejorar las condiciones de los contratos - algunos que fueron posteriores - como el de saneamiento hecho en la época de Soria, que se ligaron a esa concesión. Vamos a mejorar la situación de depuración, esto ya no es directamente con Emalsa, sino que tendremos que hablar con el Consejo Insular Aguas, con el Cabildo, con el que también nos encontramos en una situación de conflicto jurídico, para mejorar la infraestructura del ciclo integral del agua con diálogo y volviendo a restablecer puentes con las distintas instituciones.
La Justicia ha declarado nula la Relación de Puertos de Trabajo (RPT) de 2014, usted se encontraba a la espera de recibir un informe jurídico para saber si finalmente el Ayuntamiento recurría la sentencia, ¿Ya lo ha recibido?
No, todavía no me han informado, espero tener esta semana o la próxima una reunión con el concejal de Recursos Humanos para ver en qué situación está. El informe, además, tiene que ir acompañado de los posibles costes que tiene esta eliminación de la RPT. De todas maneras, la voluntad de este gobierno es la posibilidad de no recurrirla y esto se sustentaría en algo clave, la RPT de 2014 muere, pero no existía, porque hay otra posterior que la sustituye y es la que está en vigor, que es la que llaman de 2015. El escenario hoy es, en todo caso, si hubo costes que tengamos que aportar por el tránsito entre una y otra, por derechos que existían de los trabajadores que se perdieron con esa RPT y ahora han perdido vigencia.
A mi lo que me preocupa especialmente es que la otra también está recurrida por las mismas causas y puede que quede también anulada en los tribunales. Entonces estaríamos en una situación mucho más complicada, porque sería volver a la casilla de salida.
¿Piensa iniciar una nueva negociación por si eso ocurriese o esperará a que los tribunales dicten sentencia?
No, lo vamos a hacer de forma paralela. La instrucción al concejal de Recursos Humanos es clara y es llegar a un acuerdo del tripartito. Nosotros independientemente de lo que pase en los Juzgados, íbamos a iniciar una valoración de los puestos de trabajo. Las RPT son instrumentos administrativos, se modifican cada día.
Esta ciudad en eso ha sido históricamente de las que más ha cumplido
El problema es que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se da la circunstancia de que no existía ese instrumento, no había base documental sobre la que trabajar y yo iba a hacerlo con lo que tenía. Si se mueren las dos por los Juzgados, nos obligará a una situación de partida de cero. Pero nosotros, independientemente de lo que vaya a pasar en los tribunales, vamos a trabajar en valorar los puestos de trabajo. Si pasa lo peor para la administración – aunque puede que lo mejor para los trabajadores que lo están reclamando - que es que se caiga también la de 2015, estaremos con un trabajo avanzado, espero.
La Asociación de Víctimas del Franquismo ha pedido una reunión con usted, ¿va a haber o no apertura de fosas?
Lo tendrá que estudiar una comisión que se está creando, que va a estar gestionada por Sergio Millares - aunque no es estrictamente su competencia - en colaboración con la concejal de Presidencia y Cultura, Encarna Galván. Sergio lleva años haciendo un trabajo específico, por su responsabilidad como profesor de historia, y ha querido reunir a los colectivos. Creo que de forma inteligente el planteamiento es el siguiente: vamos a crear una comisión de memoria histórica donde se evalúe el cumplimiento estricto de la ley de memoria histórica en todos los escenarios, como los nombres de las calles. Esta ciudad en eso ha sido históricamente de las que más ha cumplido. Y si se da la opción de poder abrir una fosa, porque hay restos de la Guerra Civil, y tenemos los recursos - sino los buscaremos con la colaboración del Cabildo, como ha ocurrido con el foso de Tenoya -, pues lo haremos sin duda.
¿Va a haber plazos para esa investigación?
Ha habido una primera reunión ya con los colectivos, a mi se me ha pedido la reunión de uno en concreto para esta semana, pero lo que vamos a decir es que se sumen todos a esa comisión de memoria histórica que va a haber a nivel municipal, que es la que va a evaluar con los informes pertinentes desde el punto de vista jurídico e histórico dónde puede haber restos. Si se detectan y es posible su extracción lo haremos sin ningún tipo de dudas.
Me refiero a que hay investigaciones que duran cuatro años.
Ya se ha investigado sobre eso, sobre todo los que hay aquí, que tienen que ver con el Cementerio de Vegueta. Hay informes al respecto, Sergio Millares fue partícipe de los mismos y por lo tanto los conoce perfectamente. Yo espero que esto esté bastante avanzado, otra cosa es el proceso, que es largo. Lo de Tenoya lo viví directamente, se inicia la excavación y no han encontrado más que problemas. Veremos si somos nosotros capaces de solucionar algunos de los que tenemos pendientes, pero nos regiremos por los informes técnicos.
¿Qué función tienen ahora los agentes de movilidad y cuál va a ser su futuro?
Los agentes de movilidad se presentaron a un proceso de selección normalizado y nadie va a poner en discusión esto. Otra cosa es que se hayan debatido sus funciones. Ya hubo una sentencia, su adecuación se llevó a la Junta de Gobierno por el grupo anterior y están para lo que están, al igual que en otras ciudades, como Madrid: estrictamente para cubrir funciones coordinadas con la Policía Local de gestión del tráfico. Sé que genera controversia, porque mucha gente habla de ellos. Fue una decisión que igual no era la prioridad desde el punto de vista de Recursos Humanos y en el área de Seguridad, pero la asumió el grupo de gobierno anterior y nosotros lo que no vamos a hacer es que pierdan el puesto de trabajo unas personas que lo han obtenido a través de un procedimiento abierto.
¿El IBI sufrió una subida considerable en los últimos años, lo piensa bajar?
Nosotros lo que hemos dicho es que no vamos a subirlo de nuevo. Esa es la voluntad del gobierno tripartito: no subir el IBI, ni ningún impuesto en la ciudad y eso es lo que vamos a hacer. Las Palmas de Gran Canaria no es una ciudad que esté en las ratios de las más altas en el IBI, mas bien lo contrario, de hecho se mantenía hace unos años con el impuesto más bajo de España, ahora está en la media. Lo que tenemos en este momento es una decisión del Gobierno central de aumento del IBI impuesto, que tiene duración hasta este año. Estamos evaluando a ver qué hace el Gobierno central con estas disposiciones y, cuando tomen la decisión, tomaremos medidas. Pero nunca, en ningún caso, que suponga una subida en el futuro inmediato, la idea es que no sea durante este mandato.
¿Cuándo se va a comenzar a quitar la zona azul?
Nosotros dijimos desde el principio que la zona azul es un elemento discutible. Otra cosa es que la zona verde tenga un sentido, sobretodo en lugares antiguos con casas que no tienen un parking y, por tanto, los vecinos necesitan un sitio donde poder dejar sus vehículos. Ahora, la zona azul es discutible, sobre todo en aquellos lugares donde no tengan utilidad real y eso se contraste por parte del servicio, que es lo que está cociendo el concejal de Movilidad. Ha hecho una primera aproximación sobre la posibilidad de que en la zona de La Isleta y de la Avenida Marítima no tenga la utilidad rotacional que debe tener y si eso lo confirmamos, pues no habrá ningún problema en que se retiren.
Esta ciudad ha perdido mucha zona azul en los últimos diez años, fundamentalmente por las peatonalizaciones, pero eso es bueno, es decir, se ha ganado espacio al peatón para quitárselo al vehículo privado y a la zona azul, porque también ha habido ampliaciones de aceras. Es una buena filosofía desde mi punto de vista y se consensúa con los vecinos, pues tenemos que hacer políticas de movilidad que prioricen al peatón, después a los vehículos blandos como las bicicletas, el trasporte público y en el último escalafón tiene que estar el vehículo privado.
¿Y el Ayuntamiento se puede permitir quitar esa zona y tener menos ingresos?
Eso lo tenemos que valorar, lo estamos estudiando con Sagulpa para que no haya un quebranto de los recursos. Sagulpa, de todas maneras, es una empresa pública que da beneficios en esta Administración, está totalmente saneada y tiene superávit presupuestario. Ahora, si somos capaces, ya no solo con la supresión de la zona azul, sino de suavizar las sanciones que se subieron de forma espectacular los últimos años sin que haya un quebranto para la empresa, lo estudiaremos.
Usted ha presentado iniciativas como la tarifa social del agua y también ayudas para el pago del IBI, ¿Hay más medidas en este sentido, por ejemplo, en los cortes de luz como ha anunciado Telde?
La de la luz no lo hemos estudiado. Si vemos que en un Ayuntamiento como Telde se toma una iniciativa interesante no tenemos problema en intentar copiarla. Nosotros sí nos vamos a reunir con las entidades bancarias, sobre todo para las medidas habitacionales. Estamos intentando crear una oficina antidesahucios, pero primero tenemos que tener una reunión con las entidades bancarias. Ya hemos tenido muchas solicitudes de reunirnos incluso por ellas, vamos a ver si lo podemos hacer de forma conjunta y al mismo tiempo ver los recursos que tenemos y la bolsa de viviendas públicas y poder establecer algún convenio con el Sareb. Espero que en los próximos meses podamos ya definir la política de respuesta habitacional a las personas que están pasándolo mal y que de buena fe no son capaces de pagar sus alquileres o sus hipotecas y poderlo solucionar.
Si vemos que en un Ayuntamiento como Telde se toma una iniciativa interesante no tenemos problema en intentar copiarla
Nosotros ya avanzamos en nuestro programa de gobierno otras medidas que tienen que ver con la respuesta social a los vecinos en el ámbito del transporte y del deporte. En el del transporte estamos tratando de unificar las tarifas. Otra es el posible bono para que, aquellos que no tienen recursos, puedan utilizar las instalaciones deportivas en igualdad de condiciones que aquellos que sí las tienen.
¿Qué va a pasar con la Guagua Exprés?Guagua Exprés
Hay un proyecto que se está labrando desde Guaguas Municipales, que sale del Plan de Movilidad Urbano Sostenible de la ciudad. Dicho programa estableció dos ejes estrella al final del documento: la posibilidad de una línea de transporte rápida, con vía exclusiva, de alta ocupación, y la otra la del carril bici. Con la primera, en concreto, tenemos que estudiar su viabilidad desde el punto de vista presupuestario, porque probablemente cueste más de 90 millones de euros su implantación. Así todo, seguramente es muchísimo más barato que la implantación de una línea de tranvía
Vamos a ver si somos capaces de buscar financiación, como con muchos otros proyectos que tenemos en cartera. Financiación externa, sobretodo europea. Veremos si vale la pena gastar esos recursos para esta infraestructura. Lo estamos evaluando y espero que en breve podamos tomar una decisión al respecto.
¿Va a haber alguna ampliación de líneas de Guaguas?
Eso es algo que también estamos evaluando. Habrá que hacer una modificación de tarifas que afecta fundamentalmente a la periferia, pero va a haber que hacer un esfuerzo para que la gente pueda coger un transporte fiable desde el punto de vista de la movilidad y la frecuencia. En ese sentido, seguramente habrá que hacer una apuesta de más recursos y más líneas en la zona periférica, porque el grueso de personas que coge el transporte público lo hace en el grueso de la ciudad. La diferencia de tiempo de ir en coche o en guagua hasta Tamaraceite puede ser de media hora, eso es absurdo.
Es evidente que va a haber que rediseñar las líneas o garantizar que los vecinos de esos barrios vuelvan a tener la frecuencia adecuada
Los barrios que sufrieron una merma en sus líneas son la parte baja de la ciudad y los riscos - todo el cono sur, sobre todo lo que es Zárate, el Laso, Tres Palmas- y es evidente que va a haber que rediseñar las líneas o garantizar que los vecinos de esos barrios vuelvan a tener la frecuencia adecuada. Tendremos que estudiar cuál es la forma más práctica de poner líneas que sean eficientes, que lleven gente y podamos discutir esto con los vecinos.
¿Partiendo de cero euros, cómo han salvado el Temudas Fest?
La necesidad apremia y te quedan dos opciones, o suprimir oferta cultural en la ciudad o redefinirlos. La propia concejal ha hablado de la posibilidad de que para estos grandes festivales tienen que sacarse ofertas públicas y ver qué ideas se presentan. A lo mejor se presentan ideas, incluso con los productores locales, que son ingeniosas, que tienen una respuesta social y un aporte cultural importante y un coste menor que otros eventos.
Esto se va a tener que estudiar. Se ha hecho de manera casi de emergencia, porque nos hemos encontrado con un festival que tenía una cierta programación y ahora tiene menos recursos. ¿Qué ha hecho la concejal? Una recomposición de recursos en el área de gobierno suya para que tuviéramos un Temudas fest en la época estival. Pero tenemos que plantearnos hacer ofertas públicas y que no sea simplemente la relación ‘vis a vis’ que ha habido siempre con las productoras y el gobierno y la decisión arbitraria del concejal o del alcalde de turno. Vamos a darle un poco más de juego a los productores locales.
