La investigación del Canódromo salta al Gobierno de CC-PP
Hay caso Canódromo para rato. El magistrado Tomás Martín ha dictado un auto en el cual cita a declarar en calidad de testigo al exviceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias Fernando González, junto a otros exconcejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las expropietarias de los terrenos.
González Santana, histórico dirigente de CC, dictó en 2004 una resolución desvelada en 2009 por este periódico en la cual se instaba a la Consejería de Presidencia y Justicia de su Ejecutivo a impugnar el acuerdo plenario de LPGC que aprobó el Plan Especial del Canódromo. La consejera era la actual presidenta del PP de Gran Canaria, Australia Navarro. Y su departamento hizo caso omiso hasta agotar los plazos. En LPGC gobernaba la actual senadora del PP Pepa Luzardo.
A la luz de los requerimientos efectuados este miércoles, el magistrado quiere indagar a fondo el papel jugado por el Gobierno de Canarias, durante el pacto CC-PP 2003-2005, en la tramitación del Plan Parcial del Canódromo. Entre la veintena de requerimientos dictados por el juez al Ejecutivo regional y al Ayuntamiento capitalino figura el expediente completo que dio pie a la resolución firmada por González.
La misma, de fecha 7 de abril de 2004, interesaba la impugnación del Plan Parcial por diversos defectos detectados en Ordenación del Territorio. Como ya informara en 2009 CANARIASAHORA, estos defectos se centraban en la modificación del uso del suelo que hizo el Partido Popular, la ausencia de informes del Consejo Insular de Aguas que debían avalar la necesidad de trazar un túnel de drenaje para el barranco o el incumplimiento de la directriz general en cuanto a prevención de riesgos.
Ordenación Territorial remitió la resolución a la Viceconsejería de Administración Pública dirigida entonces por Francisca Sarmiento, persona de confianza de María Australia Navarro, que pocos días antes había relevado Fernando A. Martín-Mönkemöller, concejal del PP en el Ayuntamiento entre 2001 y 2003, en pleno gestación del convenio urbanístico por el que ha sido imputado el actual alcalde de LPGC.
Sarmiento debía haber puesto el caso en manos de los tribunales, o bien haber emitido un informe contradictorio que justificara la no actuación del Ejecutivo canario como medida para no incurrir en un posible delito de “prevaricación por omisión”. La Viceconsejería de Administración Pública quedó en silencio y no hizo ninguna de las dos cosas.
Alduán, Chesa, García Carló, las expropietarias y abundante documentación
Fernando González no es el único testigo citado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria para abrir otro capítulo del caso. El mismo jueves 12 de abril que debe acudir a declarar en Granadera Canaria han sido también llamados los exconcejales de LPGC Marino Alduán y Rosario Chesa, las expropietarias de los terrenos Pilar Gallego Moreno y María de las Flores Díaz Pulido, el arquitecto José Bernárdez Montero y la exdirectora general de Urbanismo de LPGC Toni García Carló.
Sin embargo, el juez entiende que aún no ha llegado el momento de citar en calidad de imputados a dos de los cuatro técnicos municipales partícipes del convenio urbanístico, Sergio Monche y Miguel Hernández, ni tampoco, como testigo, al redactor del informe pericial encargado por la comisión de investigación municipal del anterior mandato, Jordi Dualis, “a expensas del resultado de las pruebas que ahora se acuerdan”.
Estas son, además de las testificales, la abundante documentación requerida al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, prácticamente desde el origen del polémico caso. El juez quiere estudiar el expediente del avance del Plan General desde el acuerdo plenario de 16 de octubre de 1997 y los estudios preparatorios -“si los hubiera”- desde 1995, incluídos informes técnicos y juridicos, así como el informe del letrado asesor de Urbanismo de fecha 3 de octubre de 1997.
LPGC deberá remitir también al juzgado los expedientes de aprobación provisional del PGOM sometido a pleno el 28 de abril de 2000 con la correspondiente acta del pleno, y el denominado “fe de erratas” de 29 de septiembre de 2000, así como copia del Decreto 17724 del alcalde José Manuel Soria, de 27 de noviembre de 2000 y de la norma “a la que sustituía, ampliaba o rectificaba”.
Del mismo modo, el juez reclama copia de todas las propuestas y solicitudes dirigidas al Ayuntamiento por los propietarios de los terrenos desde 1995 -inicio del mandato del PP con José Manuel Soria al frente- hasta 2004 -ya con Pepa Luzardo de alcaldesa-, así como todos los informes técnicos y juridicos y de valoración de las fincas registrales permutadas por el ayuntamiento con la mercantil Urbacan, del empresario Eduardo Fernández.
La Cotmac debe verificar si la parcela estaba en suelo agotado
La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno canario también deberá aportar al juzgado, aparte de la resolución de Fernando González para impugnar el Plan Parcial con su expediente completo, una serie de expedientes íntegros relacionados con el caso, como la Orden de 26 de diciembre de 2000 de aprobación definitiva de la revisión del Plan General, ponencias técnicas y acuerdos de la Cotmac respecto del Plan General capitalino o el expediente de otra orden de la consejería, de 30 de agosto de 2001.
Aparte, el encargo judicial más significativo tiene que ver directamente con la declaración de Juan José Cardona y su tesis de que la parcela del Canódromo no se encuentra dentro de un área de edificabilidad agotada, como sostienen los denunciantes de Avecalta y las propias conclusiones de la comisión de investigación. La Cotmac debe determinar, por orden del juez, si en 2000 y 2001 la parcela estaba inserta en “Zona A (suelo agotado)”.
Del mismo modo, el auto fechado el 20 de marzo incluye dos requerimientos más a la Comisión de Valoraciones del Gobierno de Canarias para que realice una tasación propia de las parcelas sujetas al convenio urbanístico de 2002, pero con valores de noviembre de 2001, y de convenio inicial de 2000, con valores de mayo de aquel año en que se comenzó a negociar la permuta bajo sospecha.
