Investigados el alcalde de Santa Lucía de Tirajana y otros dos concejales por presunta malversación

La Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana (antiguo Juzgado de Instrucción 3) investiga al alcalde de Santa Lucía, Francisco García (dado de baja de Nueva Canarias, el partido con el que se presentó a las elecciones, el pasado mes de abril), y a dos concejales del grupo de gobierno (Julio Ojeda y Ofelia Alvarado) por un presunto delito de malversación al aumentar el salario de más de un centenar de trabajadores por encima del umbral legal y en contra de los informes de Intervención. 

Según publica este miércoles Canarias 7, el procedimiento parte de la denuncia de un concejal de la oposición en relación con la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes, el Ateneo Municipal. Además de los responsables políticos, la causa implica a miembros del comité de empresa y un abogado externo. La denuncia también fue presentada ante el Tribunal de Cuentas. 

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre diciembre de 2023 y julio de 2024, fechas en las que se alcanzaron acuerdos para el pago de algo más de tres millones de euros en concepto de productividad para los trabajadores del organismo público. Sin embargo, según la información publicada por ese medio, solo se pagó cerca de medio millón y ahora el Ayuntamiento ha pedido su reintegro a los empleados. 

Años antes, en 2019, se aprobó el convenio colectivo que fijó un complemento de productividad para los empleados hasta un máximo de 534.000 euros para ese año y de 650.000 desde 2020 a 2023. En algunos casos, esos pluses se multiplicaban por diez con respecto a los establecidos en el anterior convenio, el de 2009. 

Sin embargo, la Intervención municipal reparó esos complementos en el anterior mandato. Un sindicato demandó, pero antes de que se resolviera, se acordó un nuevo reparto a modo de conciliación en el proceso judicial. 

Ese acuerdo, presentado en los juzgados a finales de 2023, habría dado una “apariencia de legalidad” a los pagos. Sin embargo, la denuncia recuerda que la Intervención ya había advertido en los años anteriores de que las cuantías de esos pluses superaban los límites fijados en la normativa presupuestaria. 

También se investiga en esta causa una factura de 108.100 euros que se intentó cargar al llamado fondo social del Ateneo y que correspondía a servicios jurídicos contratados por un sindicato.