Irregularidades en el chalet del alcalde de San Sebastián de La Gomera
El Juzgado número 1 de San Sebastián de La Gomera mantiene abierta una causa judicial contra el alcalde de San Sebastián de La Gomera, el socialista Ángel Luis Castilla, por la supuesta ilegalidad urbanística de su casa situada en suelo rústico de protección agraria. El alcalde sostiene que en su día obtuvo la preceptiva autorización de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias.
La vivienda, en el camino de San Cristóbal en La Luciana, fue objeto de denuncia en el año 2010 por parte del concejal del Centro Canario Nacionalista (CCN) Domingo Curbelo, afectado directamente por la moción de censura que Castilla presentó el 25 de julio de ese año con el apoyo de Coalición Canaria (CC). El alcalde, en declaraciones realizadas al rotativo Diario de Avisos, tiene claro que esta denuncia, que sigue su curso en los tribunales y que confía en que “se archivará”, responde “a una venganza política” y defiende la legitimidad de la obra y del expediente cursado para su construcción. Sus detractores, por el contrario, aseguran que la vivienda tiene todas las papeletas para ser considerada ilegal, dado que está construida en suelo rústico de protección agraria tradicional y con un semisótano y un muro de cerramiento construidos sin el preceptivo permiso.
Castilla asegura al rotativo Diario de Avisos que en el momento de la construcción de la vivienda, y en estricto cumplimiento de la legislación vigente, se cumplieron todos y cada uno de los trámites exigidos por la normativa. Tanto es así que “a mi expediente se le aplicó el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria”, de la década de los 70 del que dice “no se le ha aplicado a ninguna construcción en Canarias”. El Juzgado Número 1 de San Sebastián instruye esta denuncia por la supuesta ilegalidad en la que pudiera incurrir el alcalde capitalino, dueño de esta parcela de casi 7.000 metros cuadrados.
Sin embargo, otras fuentes apuntan que a petición del Juzgado, técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) elaboraron un informe. La conclusión es clara: la vivienda según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Sebastián no puede ser autorizada, ya que el uso residencial es incompatible con la normativa de aplicación en base a la clasificación del suelo.
Durante la inspección se pudo observar un acceso al semisótano y que la finca no tiene uso agrícola. Aunque la construcción cuenta con permiso de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, éste se superdita a la explotación agrícola agraria, un condicionante que no se cumple. Otro tanto ocurre con la construcción de un semisótano “sin justificación alguna”.
En el informe se explica que el uso característico y principal del suelo rústico de protección agraria son las actividades propias de la agricultura y ganadería. Para ello deben contar con las correspondientes instalaciones y construcciones vinculadas o relacionadas con esta actividad. Además, se advierte que cuando se deban realizar obras de explanación, movimiento de tierras, construcción o edificación tendrán que contar con los pertinentes proyectos de ejecución de obras y obtener las autorizaciones previas exigibles y licencia. Por lo tanto quedan prohibidos el resto de usos no permitidos o autorizables.
Varios meses después de haber sido emitido este informe, el Juzgado pidió que se redactara otro de carácter aclaratorio en el que se especificara si el chalet es de una planta y cuenta con un semisótano. Al respecto, el técnico advierte que al no haber podido entrar en la vivienda no puede afirmar de forma categórica y rotunda la existencia del último de estos elementos. Sin embargo, de una inspección ocular así se desprende de una forma clara. Junto a ello, el Juzgado ya ha pedido un informe a la policía judicial para corroborar estos supuestos, un paso que se habría dado a finales del pasado año.
En su día la naviera Fred Olsen vendió la parcela a la mujer de Castilla, quien a su vez hizo lo propio a Costa Palmera SL, participada por el alcalde y ella misma, que a su vez es la administradora única. En su momento, también se plantearon denuncias en el sentido de que trabajadores de Tragsa estaban limpiando las palmeras de esta parcela en lo que se interpretó como un trato de favor.
