Un perito judicial cifra en un millón el sobrecoste de la carretera del hospital de La Gomera

Un dictamen pericial encargado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de San Sebastián de La Gomera cifra en algo más de un millón de euros el sobrecoste de la carretera de acceso al hospital insular, según consta en un informe elaborado por el arquitecto Juan Jesús Cabrera, al que ha tenido acceso mirametv.com. El trabajo del experto, presentado en abril, llega con varios meses de retraso por una serie de discrepancias con la jueza, después de que el técnico solicitara en varios escritos documentación que no le fue entregada y una ampliación del objeto del estudio, que la magistrada limitó al cálculo de la diferencia entre la realidad ejecutada y la certificación final de obra.

En línea con los criterios establecidos por la jueza, María Lourdes Goya, el perito concluye que existe una “cuantificación económica en exceso” de 1.007.134 euros, lo que supone el 11% del coste total de las obras. La cifra es conservadora, como reconoce el autor del dictamen, al no haberse tenido en cuenta una serie de modificaciones que se llevaron a cabo “por la puerta de atrás”, según se explica en el informe. La obra de la vía de acceso al hospital de La Gomera, una carretera de 585 metros, alcanzó un coste de 8,5 millones de euros. Los trabajos fueron financiados mediante un convenio entre el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias.

La importancia de la cuantía desembolsada frente al escaso recorrido de la carretera levantó las sospechas del Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, cuyo portavoz es el exconsejero Pedro Medina Calero, que denunció las obras en el Juzgado de Instrucción Número 1 de San Sebastián de La Gomera. A partir de entonces se abrieron unas diligencias previas que han dado lugar a una causa que, pese a haber sido declarada compleja, se ha estancado durante meses por la falta de entendimiento entre la jueza instructora y el perito judicial, cuya valoración es decisiva en la investigación.

El informe definitivo del técnico, que ya presentó un primer dictamen que valoraba el desfase en 942.000 euros, pone de manifiesto una serie de anomalías que levantan nuevas sospechas alrededor de la tramitación del expediente. No hay que olvidar que los trabajos parten de un proyecto inicial que se aprobó en 2006 y que tuvo que ser modificado solo un año después al invadir el trazado la parcela que iba a ocupar el hospital, aún sin construir en aquel momento. Pero no son estas las únicas variaciones que han llamado la atención del perito judicial.

Según el dictamen presentado en el Juzgado de Instrucción Número 1 de San Sebastián de La Gomera, en base a la documentación aportada por el propio Cabildo insular, se aprecia que “se realizaron obras no contempladas en el proyecto modificado de mayo de 2007”. Unas variaciones que, en base al criterio del perito, “fueron incorporadas por la vía de hechos, como anexo por medio de dos planos, al certificado final de obra (...) sin hacer referencia a ninguna modificación del procedimiento administrativo que hubiere habido”.

El técnico va más allá y recuerda que “hay que enfatizar que solo es posible incluir partidas de obras a un proyecto tramitado”, sin necesidad de realizar un modificado, “cuando estas tengan carácter no sustancial”. Una condición que el arquitecto encargado del peritaje judicial considera que no se cumple en el caso de la vía de acceso al hospital de La Gomera.

En el informe se recuerda que “no son aceptables obras nuevas que por sí solas sean ellas mismas un proyecto per se, como son las mencionadas por el Cabildo en su informe de 24 de septiembre de 2018”, en alusión a la documentación aportada por la institución insular para la elaboración del dictamen pericial. Las modificaciones que el arquitecto considera sustanciales tienen que ver con la construcción de dos muros, una nueva vía de servicio o un cuarto de bombeo.

Incorporar este tipo de actuaciones sin llevar a cabo un modificado del proyecto, como sostiene el perito, “desvirtúa y priva del control técnico y administrativo obligatorio a partidas de nuevas obras que se incluirían en ese escenario por la puerta de atrás al proceso”.

A pesar de su contundencia, el arquitecto recuerda que no puede conocer “a ciencia cierta” si existe algún documento modificativo del proyecto de mayo de 2007 “por no haber sido admitida la petición de los faxes de 16 de octubre de 2018 y 5 de febrero de 2019”, donde el experto solicitaba ampliar el objeto de su estudio, pero concluye que “parece ser que no los hubiere atendiendo al principio de los actos propios del Cabildo de La Gomera en las manifestaciones de su informe de 24 de septiembre de 2018”.

Este problema con el que se topó el perito supone un obstáculo a la hora de calcular el sobrecoste real de la obra, lo que ha obligado al experto a realizar un cálculo más conservador. En su informe lo explica así: “Todas las obras que dice el Cabildo que fueron añadidas ex novo se descartan por impropias y ajenas al proyecto reformado de mayo de 2007, no siendo incluidas en la realidad ejecutada objeto de comparación del dictamen”. El perito aclara que “sí se han considerado” las variaciones no sustanciales.

La obra de acceso al hospital forma parte de un convenio firmado entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias en septiembre de 2002. En el acuerdo, el Ejecutivo autonómico se comprometía a ejecutar la vía de acceso a La Lomada, de más de dos kilómetros, mientras que la Corporación insular asumía los trabajos de la carretera al centro sanitario, de 585 metros. En el documento se fijó la financiación que asumía la Administración regional, 5,2 millones de euros para cada una de las actuaciones. Los trabajos fueron ejecutados por la Unión Temporal de Empresas (UTE) que formaron Pedro Luis Darias SL, Áridos Herrera SL, Construcciones Darias SA y Promociones Ramón Arteaga Álvarez SL.

Llama la atención que tanto la obra de La Lomada como la del hospital fueron valoradas con un mismo precio en el convenio, a pesar de que sus características son distintas. En el caso de la vía ejecutada por el Ejecutivo auntonómico, el desvío presupuestario fue menor, ya que finalmente costó 6,8 millones de euros.

Discrepancias

DiscrepanciasEl primer dictamen pericial se presentó en el Juzgado de Instrucción Número 1 de San Sebastián de La Gomera el 18 de julio de 2018. En su informe inicial, el perito realizó una comparación entre la realidad construida y los proyectos aprobados, tanto el de 2006 como el modificado de 2007.

El 7 de agosto de 2018, el juzgado emitió un oficio en el que solicitó una ampliación del informe para “realizar una comparación con la certificación final de obra”, el documento contable que describe todos los capítulos y partidas de obra realizados durante los trabajos.

El 4 de septiembre de 2018, a raíz de la petición de la jueza, el perito se dirigió al Cabildo de La Gomera para solicitar la documentación necesaria para el nuevo dictamen. Justo un mes después, el 4 de octubre, el arquitecto se desplazó al juzgado para recoger la documentación reclamada al Cabildo insular.

Una vez revisada, el perito detectó que existen modificaciones sustanciales que se han incluido en el certificado final sin llevar a cabo el correspondiente proceso administrativo, por lo que el 16 de octubre envió un nuevo fax al Cabildo para pedir una aclaración.

Ante la falta de respuesta, el experto reiteró al juzgado el 5 de febrero de 2019 la necesidad de contar con toda la documentación sobre las modificaciones anómalas del proyecto. La responsable de la instrucción respondió el 18 de marzo mediante una providencia en la que no admitía la nueva documentación solicitada por el perito, pese a que el técnico la consideraba decisiva para “verificar si las nuevas obras que aparecen reflejadas en los planos anexos (...) podían ser tenidas en cuenta dentro del procedimiento administrativo de contratación que estamos estudiando”.

Las discrepancias provocaron que el arquitecto realizara su informe pericial en base a la documentación aportada hasta ese momento por el Cabildo de La Gomera, una de las dos administraciones investigadas por el sobrecoste de la vía de acceso al hospital. Hasta el momento, los denunciantes han descartado solicitar la declaración como imputados de los responsables políticos del proyecto, pero el dictamen definitivo del técnico, que cifra el desfase en un millón de euros, podría desencadenar novedades procesales en las próximas semanas.