La Ley del suelo de Clavijo, entre el respaldo empresarial y la amenaza de movilizaciones sindicales

El presidente del Gobierno de Canarias reunió este miércoles su Consejo Asesor, formado por los representantes de las patronales canarias y de los principales sindicatos, para presentarles el anteproyecto de ley del suelo del ejecutivo, y encontró el respaldo de los empresarios y la advertencia de movilizaciones por parte de las centrales si se finalmente se impone sin consenso.

El Gobierno ha accedido a que sus técnicos celebren una reunión con los técnicos de los sindicatos y de la plataforma contra la ley del suelo antes de resolver las más de 130 alegaciones presentadas a su texto y remitirlo al Consejo Consultivo en el plazo de unas tres semanas

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, dijo que ha habido en total unas 70 reuniones con distintos colectivos para la redacción de la ley y subrayó que la aprobación final no corresponde al ejecutivo, sino al Parlamento de Canarias, y en esa fase se mostró convencido de que los grupos introducirán mejoras al texto.

Barragán elogió la actitud positiva de los sindicatos “para encontrarnos en el camino” y aseguró que durante la reunión con el presidente no han manifestado “ningún elemento frentista” respecto al texto de la ley.

Frente a las reticencias sindicales por la aprobación final del planeamiento por parte de ayuntamientos y cabildos que regirá según esta nueva ley, Barragán precisó que los informes de la Cotmac seguirán siendo vinculantes cuando se trate de competencias de la Comunidad Autónoma.

Gustavo Santana, secretario general de UGT de Canarias, declaró tras la reunión que el Gobierno no planea introducir modificaciones sustanciales en la fase de alegaciones al texto ya presentado y pidió que se retire el anteproyecto para proceder a elaborar uno sin prisas y basado en el consenso y la participación de la sociedad.

Las principales discrepancias sindicales se centran en el riesgo de romper la cohesión territorial y el crecimiento armónico y sostenible de Canarias si se ceden competencias plenas sobre el planeamiento a los ayuntamientos, así como en la falta de control de legalidad por parte de la Cotmac.

“La sensación que yo tengo es que no va a haber acercamiento de posturas, pero vamos a esperar a la resolución de las alegaciones por parte del Gobierno”, dijo Santana.

Carmelo Jorge, secretario general de CCOO Canarias, aseguró que tanto los sindicatos como los sectores ciudadanos que forman la plataforma contra la ley del suelo están dispuestos a movilizarse en contra de este anteproyecto de ley si no son escuchados.

“Es imprescindible alcanzar un consenso en la sociedad canaria, estamos desaprovechando esa oportunidad”, advirtió Carmelo Jorge, pero el texto del Gobierno es desequilibrado, no hay más que oir “el coro de aplausos y los sectores sociales que apoyan esta ley”.

Debe abordarse con tiempo y paciencia para alcanzar un consenso que permita la generación de economía en el territorio pero garantizando su protección para las generaciones futuras, dijo.

El presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, lamentó el inmovilismo de quienes quieren mantener el actual modelo de legislación del suelo y demasiado burocratizado y contradictorio y que ralentiza la inversión y la creación de empleo, a la vez que judicializa el planeamiento.

Defendió la mayoría de edad de los ayuntamientos y cabildos para decidir sobre su propio planeamiento bajo la premisa de que va a seguir sometido al control de legalidad.

“Si un ayuntamiento no es capaz de aprobar su planeamiento no debe existir y debe fusionarse con otro”, sentenció.

Se mostró en desacuerdo con la plataforma contra la ley, porque donde está la voluntad popular es en el Parlamento de Canarias, que es el que tiene que decidir.