La licencia del rastro de SCTF está caducada
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Santa Cruz de Tenerife ha fallado que la licencia comercial del Rastro de Santa Cruz está caducada y que además ninguno de los puestos dispone de una autorización individualizada tal y como determina la ley. La sentencia es el resultado de un recurso presentado por la Federación de Comerciantes (Fedeco) de Tenerife en la que se apuntaba esta actividad vulnera la legislación en cuanto a la colocación de los puestos por la interrupción vial, usos públicos y comerciales.
Pero el grueso de la demanda es que la licencia global concedida en el año 1988 está sobradamente caducada al no haberse adaptado a la nueva normativa europea de aplicación nacional. Además, el Ayuntamiento elaboró en el año 2009 una ordenanza para regular la venta ambulante en la que se establecía la obligación de que cada uno de los comerciantes solicitara una licencia en el plazo de tres meses, lo que no ha ocurrido ni en un solo caso.
El Juzgado llama la atención sobre otros hechos que considera igualmente graves como es que esta actividad carezca de un plan prevención y evaluación de riesgos pese a que cada fin de semana atrae a miles de personas, con la consiguiente posibilidad de que se produzcan incendios, altercados o tumultos. La propia Policía Local presentó ante el Juzgado un informe en el que se confirmaba que se carecía de este plan obligatorio.
Otra irregularidad detectada es que el popular Rastro no se adecua a la legislación en cuanto a la preceptiva separación de los edificios públicos para no bloquear su acceso cuando precisamente en su ámbito se sitúan la sede de la Presidencia, la de la Seguridad Social y de varias consejerías del Gobierno canario. También se indica que esta actividad no puede paralizar la circulación de vehículos pese a que es el Ayuntamiento el que cada domingo procede a cerrar las calles en las que se desarrolla. Las fuentes judiciales consultadas consideran que si esta sentencia es firme difícilmente se podrá encontrar una ubicación para que el Rastro pueda desarrollarse cumplimiento con todos los requisitos legales.
El Ayuntamiento ya ha presentado el correspondiente recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Se trata del segundo fallo que se emite en contra del popular mercado en pocos años. En la ocasión anterior en 2009 los tribunales en primera instancia le dieron la razón a un grupo de vecinos quienes denunciaron que esta actividad que concentra a más de 700 comerciantes los fines de semana iba en contra de la antigua Ley de Comercio y que determinados puestos impedían el acceso a las instituciones que se sitúan en este enclave como es el propio edificio de Presidencia. Sin embargo, en segunda instancia este fallo fue anulado.
Ahora Fedeco centró el grueso de sus argumentos en el incumplimiento de la normativa comunitaria Bolkestein aprobada por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea (UE) con el fin de regular los servicios en el mercado interno. Esta norma entró en vigor a finales de 2006 y su objetivo es favorecer la libertad de establecimientos y la libre circulación de servicios entre los estados miembros de la UE. Y es que tal y como recoge la directiva, las autorizaciones concedidas por los ayuntamientos para el ejercicio de esta actividad es ahora limitado en el caso de Canarias a 7 años aunque por ejemplo en Madrid y Valencia es de 15, sin que puedan renovarse automáticamente o representar ventaja alguna para el prestador cesante.
De esta manera según la nueva normativa el Rastro se encuentra en situación irregular desde 1995. El 22 de junio de 2010, el ya ex presidente de Fedeco, Luis de Miguel Bartolomé, dirigió un escrito al entonces alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, en el que le informaba de las irregularidades en las que está incurriendo el mercadillo y la necesidad de adaptarlo a la nueva normativa vigente en materia de comercio ambulante. En el escrito sobre el que luego se basó la demanda que ahora ha sido estimada en primera instancia, De Miguel advertía que esta actividad tenía que ser reorganizada para adaptarla al Real Decreto 199/2010 de 26 de febrero que regula el ejercicio de la venta ambulante. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la normativa europea el Ayuntamiento no ha dado ningún paso para que el mercadillo cumpla con la misma lo que pone en una complicada situación su continuidad.
