Licenciado en Derecho o Economía y con un patrimonio de más de 120.000 euros: radiografía de los altos cargos de Canarias

Las personas que gobiernan en Canarias “no son una muestra representativa de la sociedad”. Así concluye un estudio recientemente publicado en la revista de ciencias sociales Methaodos que ha analizado el perfil de los altos cargos del Gobierno regional entre 2019 y 2024, es decir, los del Ejecutivo autonómico liderado por Ángel Víctor Torres, del PSOE, y los de la Administración de Fernando Clavijo, de CC.

En total, 264 altos cargos para los que se han examinado sus trayectorias académicas, profesionales y patrimonios declarados. Y sobre los que existe un mismo dictamen: “Están todos cortados por el mismo patrón”, resume el primer autor de la investigación, Manuel Santana Turégano, doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente profesor titular en la Universidad de La Laguna (ULL).

Los firmantes del trabajo académico partieron de un puñado de preguntas básicas: ¿existe una élite político-administrativa que acapara los altos cargos de la administración canaria? En caso de ser así, ¿qué consecuencias puede tener ello para la gestión de los servicios públicos? ¿Cuál es el perfil de la misma (género, edad, formación, origen geográfico y de clase)? ¿En qué ámbitos y mediante qué canales se selecciona a esta élite? ¿Existen puertas giratorias entre la política y otros ámbitos sociales?

Y lo cierto es que la información publicada en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias permite responder (en parte) a todas esas cuestiones. Los investigadores construyeron una base de datos de 264 altos cargos que abarcan dos periodos políticos distintos: la IX Legislatura (2019-2023), correspondiente al denominado Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG); y la X Legislatura (2023-2027), conformada por la coalición entre Coalición Canaria y Partido Popular.

La información se recabó primero entre junio y julio de 2023 y, después, entre mayo y julio de 2024. De cada alto cargo se extrajo su género, méritos académicos (titulación e institución), trayectoria profesional previa, retribución íntegra anual y su declaración de bienes. El estudio dejó fuera a los responsables de los 18 organismos autónomos del Archipiélago y las siete fundaciones del Ejecutivo canario debido a que no entran en la definición estricta de altos cargos y porque sus datos están organizados de manera distinta, no siendo siempre posible acceder al documento de declaración de bienes.

Los resultados muestran que el 92% de los altos cargos posee estudios universitarios, con una hegemonía clara de dos disciplinas: derecho (el 26,2% de los titulados) y economía o empresas (18,7%). Ambas suman casi la mitad del total. Mientras que otras materias, como educación (magisterio, pedagogía, psicopedagogía), letras (historia y filosofía) o medicina apenas rondan el 5% cada una. Además, la ULL es el principal centro de formación (46%), seguido a mucha distancia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (17,3%).

Turégano cree que esta “sobrerrepresentación” de juristas y economistas impone una “visión conservadora” de la sociedad en la que prima la lógica de “vivimos en el mejor de los mundos posibles y lo que hay que hacer es mantener las cosas tal y como están”. El sociólogo reconoce que cada profesión “tiende a actuar de una forma determinada, a tener sus propios sesgos”. Y lo malo, dice, no es que los haya, sino que “cuando unas pocas profesiones dominan tanto la administración pública, hay visiones de la realidad que no están representadas”.

El primer autor de la investigación también resalta el alto protagonismo de la ULL. Que casi la mitad de los altos cargos de las Islas hayan estudiado allí viene a decir que quienes lo han hecho fuera han tenido menos suerte para ocupar puestos de dirección. Porque en Canarias, sostiene Turégano, “funciona un poco aquello del que se mueve no sale en la foto”. Es decir: para acceder a puestos de élite en la política importan más las redes que se pueden desarrollar en la Comunidad Autónoma que la competencia técnica.

Otro de los hallazgos relevantes de la publicación muestra que uno de cada cuatro altos cargos ya ocupaba anteriormente un puesto de dirección en el Gobierno de Canarias y que el 22% proviene de un cargo político. En las consejerías el dato es abrumador: el 73,9% era alcalde, consejero o diputado antes de liderar una cartera; y en las direcciones generales solo un 10,9% lo era, procediendo la mayor parte (26,4%) del funcionariado.

El estudio sugiere que “desde el punto de vista de una organización burocrática”, lo normal es acceder a los puestos directivos de una determinada área tras haber ocupado cargos inferiores en la misma. Pero esa idea “entra en contradicción” con lo que ocurre en el Ejecutivo regional, donde existe un “mecanismo de autorreclutamiento”, en opinión de Turégano, en el que “los partidos reclutan a gente afín a ellos y recompensan la lealtad con el reparto de cargos”. Permitiendo así pasar de “vivir para la política” a “vivir de la política”, añade la investigación.

Más que una casta política, lo que hay es una partitocracia, concluye el sociólogo, sin diferencias significativas entre el gobierno anterior de izquierda (liderado por Torres) y el actual de derecha (por Clavijo).

Los datos también sitúan a los altos cargos en una posición económica muy superior a la de la población canaria. Todos reciben un salario superior a los 60.000 euros anuales. El 79% declara un patrimonio total superior a los 120.000 euros. Y un 78% dice no haber recibido herencias (cifra cuestionada por Turégano, quien cree que los políticos han preferido proyectar el mito del ‘hombre hecho a sí mismo’ en sus declaraciones de bienes, que no son juradas).

En definitiva, si quienes gobiernan son un grupo “bastante homogéneo” de personas que han cursado los mismos estudios en las mismas instituciones y residen en los mismos lugares, “es posible que tiendan a compartir puntos de vista y pueda darse el caso de que vivan en una burbuja aislada del resto de la sociedad”, remacha la investigación.

Turégano defiende que debe haber “más democracia y menos meritocracia”, permitiendo que perfiles como agricultores, albañiles o electricistas tengan representación en los altos cargos para reflejar de manera integral a la sociedad.

“La gente confunde lo que es técnica con política. La medicina, por ejemplo, tiene una cuestión técnica muy importante. Y un médico te puede decir: si fumas, vas a vivir menos. Pero ¿le decimos al médico que él tiene el poder de decidir por ti cómo quieres vivir? Asumimos que no, que sabes a lo que te expones y que tú tienes la capacidad de tomar decisiones. Eso es lo que les toca a los políticos. Y ellos en teoría deberían de representar los intereses de los ciudadanos”, reflexiona el sociólogo.

En clave canaria, el primer autor del estudio lo ejemplifica recuperando el debate sobre la capacidad de carga turística, tan popularizada estos años por las manifestaciones contra la masificación. Turégano cree que “se pretende presentar como una cuestión técnica lo que”, a su juicio, “es una cuestión política”.

“Los técnicos nos dicen que si detenemos el desarrollo turístico vamos a ser más pobres. Y yo pregunto: ¿usted me está diciendo que yo tengo que buscar el trabajo que más dinero me da, aunque no me guste y me haga infeliz, en lugar de tener uno que pague menos dinero, pero me haga más feliz? Igual los canarios queremos esto último. ¿Y quién es nadie para impedirnos a nosotros tomar nuestras propias decisiones?”, incide el experto.

La investigación, por otro lado, lamenta la falta de datos en materia de declaración de bienes. A pesar de que todos los altos cargos tienen que presentarla por ley, en más de un 20% de los casos falta información. Turégano reclama más “transparencia a la transparencia” para que se realice un control exhaustivo sobre la veracidad de la información que los políticos publican en el Portal de Transparencia y que, mientras tanto, la propia web debería incluir una aclaración explícita que indique que la información mostrada no está contrastada.

Lo único que figura en estos momentos es que los datos declarados se han hecho bajo su “expresa responsabilidad, veracidad, certeza y actualidad”. Y que los servicios de inspección solo actuarían si tuvieran “conocimiento de una presunta infracción” en la información presentada.