La ministra de Trabajo afirma que Canarias “seguirá necesitando la protecciónde los ERTE” después del 30 de septiembre, pero considera “imprudente” dar fechas

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que los datos sobre la evolución del empleo en Canarias muestran que las islas “van a seguir necesitando la protección de los ERTE” más allá del plazo general establecido del 30 de septiembre, pero ha preferido no comprometer plazos.

Tras firmar con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la transferencia a la comunidad de los 42 millones de euros previstos en su Plan Integral de Empleo, Díaz ha subrayado que las islas están 20 puntos por debajo de la media en cuanto a la reincorporación a la actividad de aquellos trabajadores que fueron incluidos en un expediente temporal al declararse el estado de alarma en España.

Yolanda Díaz ha argumentado que ese dato confirma hasta qué punto sigue afectada la economía de Canarias por su dependencia del turismo y se ha reafirmado en su compromiso de extender la protección del mecanismo de los ERTE por fuerza mayor a los sectores que más lo necesiten, porque entiende que no tendría sentido “dejar caer” todo el esfuerzo hecho hasta ahora “cuando más se necesitan”.

Sin embargo, ha preferido no pronunciarse sobre cuánto tiempo deberán prolongarse los ERTE, porque considera “imprudente” dar fechas hasta tener más datos sobre la evolución de la situación y hasta que el Gobierno lo discuta con los agentes sociales.

El presidente de Canarias sí ha expresado con claridad su posición: las islas y, en especial, su sector turístico necesitan que los ERTE sean prorrogados “todo el tiempo que sea preciso”.

Torres también ha optado por “no ponerle fechas”, pero enfatizando las siguiente palabras: “Todo lo que sea necesario en tanto no tengamos la normalidad precisa”.

“Los sectores que lo necesiten, y los tenemos muy localizados, van a seguir teniendo esa protección”, le ha contestado la ministra.

Yolanda Díaz ha defendido que el Gobierno ha optado en esta crisis por una respuesta distinta a anteriores recesiones, en las que se protege tanto a las empresas como a sus trabajadores, con medidas que cada vez se acercan más a lo habitual en el resto de Europa.

“En estos momentos tan difíciles nadie se debe quedar atrás, ni personas ni territorios. Y ese es el mensaje que nos ha dado, también, el reciente acuerdo europeo”, ha señalado.

En cuanto al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), tanto Torres como Díaz han remarcado dos cuestiones: que se firma con casi un trimestre de adelanto que años anteriores, para que despliegue cuanto antes sus efectos, y que se ha adaptado parte de su contenido inicial para responder específicamente a la crisis de la COVID-19.

Por ello, buena parte de sus 42 millones de presupuesto van a dar cobertura a planes de formación específicos para los sectores económicos más afectados por la crisis del coronavirus e impulsarán y “un plan extraordinario de empleo de transición ecológica, para la contratación de trabajadores en proyectos generadores de empleo en el ámbito de la energía y el clima”, en consonancia con los objetivos pactados por los países de la UE.

Torres, por su parte, ha defendido que tanto con el PIEC como con el resto de medidas contra la crisis de la COVID-19, Canarias necesita una respuesta específica, por sus condiciones singulares como región ultraperiférica y por las consecuencias del parón del sector turístico para toda su economía.

En este contexto, ha remarcado que alrededor de 400.000 trabajadores canarios están sin actividad, si se suman los que están en paro, con los que tienen su empleo en suspenso por un ERTE.

Para ellos, ha añadido, se requieren respuestas que eviten una “quiebra social y económica” de la comunidad autónoma.

Al respecto, la ministra ha recordado que través de los ERTE y del seguro de desempleo, el Estado lleva desembolsados hasta ahora 1.192 millones de euros en la protección de los trabajadores de Canarias que han perdido su trabajo temporal o definitivamente, sin contar el gasto correspondiente a cotizaciones sociales.

Respecto al PIEC, Torres ha detallado que, de sus 42 millones, 20 millones financiarán un plan de empleo social con los ayuntamientos y 10 millones se emplearán en un plan extraordinario ligado a las consecuencias del coronavirus.

Otros cinco millones servirán para desplegar un plan de empleos ligados a la sostenibilidad, cuatro millones se gastarán en apoyar la contratación de empleados por parte de autónomos y pymes y dos millones ayudarán a los trabajadores con más problemas de recolocación a “reciclarse” laboralmente.