Las palas vuelven a la trasera de Las Teresitas
En la mañana de este miércoles volvió a repetirse el enfrentamiento que durante años protagonizan los que se consideran auténticos propietarios de los terrenos de Las Huertas en la trasera de Las Teresitas y la empresa Desurcic, una sociedad integrada por Mapfre y sus socios Inversiones Las Teresitas (ILT) que vendió en 2006 los solares a la aseguradora por 95 millones de euros.
Los representantes de la empresa apelaron a una reciente sentencia emitida por el Juzgado de lo contencioso número dos que avala los trabajos de urbanización de este entorno y además indicaron que el propio alcalde, José Manuel Bermúdez, les había dado permiso de forma verbal. Sin embargo, tanto el primer edil como el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, que se desplazó hasta Las Huertas, se negaron a que continuaran los trabajos y así se lo hicieron saber a los directivos de la compañía. En estos momentos la Gerencia de Urbanismo está preparando un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y por lo tanto se oponen a que se le puede dar cumplimiento al fallo judicial hasta que sea firme.
La sentencia obliga a Urbanismo a garantizar la ejecución de las obras de forma “continuada y pacífica” e incluso respalda el desalojo de los vecinos que se enfrenten a las palas como ha ocurrido ya en varias ocasiones. No obstante, la Gerencia prepara un recurso de apelación en el que pondrá sobre la mesa los problemas que existen sobre la titularidad de este suelo y que aún no se le hayan entregado a los legítimos dueños las indemnizaciones a las que según el propio TSJC tienen derecho.
El Juzgado considera que Urbanismo ha podido incurrir en “inactividad” y “desamparo” hacia la empresa Desurcic a la hora de avalar la continuidad de las obras cuyo fin es construir una urbanización residencial. El Ayuntamiento, sin embargo, sostiene que el fallo no es ejecutable hasta que no sea firme pese a reconocer que existen actuaciones como el encauzamiento de barranco que deben llevarse a cabo de forma inmediata para evitar graves riegos sobre las personas y los bienes.
La vecina más afectada es Jacinta Baute, prácticamente la única que vive en estos terrenos y propietaria de los solares por donde se quiere construir una carretera que llegue hasta el nuevo campo de fútbol y sobre los que querían hoy trabajar las palas. En el lugar se personaron efectivos de la policía local, el abogado de estos vecinos, Felipe Campos y el concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC)-Xtfe, José Manuel Corrales, quienes mostraron su apoyo a los propietarios originales y descartan que la sentencia avale la continuación de las obras. El viernes se ha convocado una reunión en la que se pretende que estén presentes todos los abogados de estos vecinos como son el propio Campos, José de La Rosa y Miguel Cabrera Pérez Camacho con el fin de tomar una decisión para poder paralizar de forma definitiva las obras.
Para Campos la decisión no puede pasar sino por apelar a que las actuaciones son ilegales y por ello llevan paralizadas desde hace casi dos años en cuanto que no se adaptan al Plan General ni al proyecto presentado, argumentos que bajo su punto de vista “sospechosamente” no defiende el Ayuntamiento. De hecho, Campos apunta que el anterior secretario de la Gerencia, Víctor Reyes imputado por el caso Las Teresitas y que hoy trabaja en la Concejalía de Infraestructuras y la técnica de este departamento, Loreto Ariz, acusada por el caso Mamotreto, son quienes defienden la legalidad de las actuaciones.
El concejal de Urbanismo, por su parte, asegura que hace algunos días remitieron un escrito a Desurcic en el que se negaban a darles auxilio para la continuación de los trabajos, al menos, hasta que haya una sentencia firme que así lo avale. Este centenar de antiguos propietarios han sido unos de los grandes afectados por la trama de Las Teresitas ya que según la pieza separada que se tramita en el Juzgado de Instrucción número cinco, tras la venta cerrada en 1998 por parte de la Junta de Compensación a ILT se les dejaron de abonar 5,4 millones de euros de los 30 por los que se cerró la operación.
Según las investigaciones policiales esta entidad no avisó en el año 1998 a todos los propietarios de los terrenos del frente de la playa y de Las Huertas de que ya podían cobrar su parte proporcional de la venta. Tal y como aparece en el informe policial elaborado sobre esta pieza separada existe correspondencia dirigida a estos vecinos que fue devuelta por Correos al no ser correctos los datos consignados en el destinatario.
Mediante estos escritos se comunicaba a los propietarios que debían pasar por las oficinas de la Junta para proceder al cobro de las cantidades que les correspondían conforme a su coeficiente de participación. “Sin embargo, algunos de estos vecinos que no recibieron el escrito coinciden con los que no han cobrado cantidad alguna, sin que conste que la Junta de Compensación haya realizado más gestiones para la localización de los mismos, o bien haya reservado o consignado las cantidades dinerarias oportunas en cuentas de la administración pública competente, en espera de su legítima reclamación por los propietarios afectados”.
La información policial recoge una larga serie de irregularidades en los pagos a estos antiguos propietarios. En total se calcula que la Junta dejó de pagar alrededor de 5,4 millones de euros entre los dueños de Las Huertas y otras empresas como Sol Meliá a los que los tribunales les ha dado la razón en sus reivindicaciones. En el año 2009 la propia Gerencia de Urbanismo hizo un informe en el que admitió que casi un 80% de los que se consideraban auténticos propietarios de Las Huertas habían presentado documentación que así lo demostraba.
