Las Palmas de Gran Canaria recibirá 34,1 millones del Gobierno regional

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado el visto bueno este viernes a la Auditoría de Gestión del Consistorio realizada por el Gobierno canario que le permitirá al consistorio ingresar 34,1 millones de euros del Fondo Canario Financiación Municipal (FCFM).

Un comunicado de la administración municipal capitalina explica que esa auditoría es en base a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2017 y que certifica la excelente salud financiera de las cuentas del Ayuntamiento.

Esta toma en consideración, prevista en la Ley, es el último paso para que las arcas municipales puedan ingresar el 65 por ciento de estos fondos que aún está pendiente de recibir.

En total, el FCFM destina este año a la capital grancanaria 34,1 millones de euros y, de esa cantidad, 30,8 millones se corresponden a la partida habitual de estos fondos, a los que hay que sumar 3,3 millones de una aportación extra que el Ejecutivo ha repartido entre todos los municipios canarios.

El Gobierno de Canarias ya había adelantado esa aportación extra además del 35 por ciento de la partida habitual, es decir, 14 millones de euros.

Otro pleno extraordinario celebrado a principios de mes aprobó de manera definitiva la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2017, paso previo a esta auditoría realizada por el Gobierno que permitirá ingresar la totalidad del Fondo Canario de Financiación Municipal.

El coordinador general de Economía y Hacienda, David Gómez, explicó durante el Pleno de hoy que la auditoría externa certifica la buena gestión y el estado de las cuentas municipales.

La situación económica y financiera que refleja la auditoría y sitúa las cuentas del consistorio en unos niveles de salud financiera muy por encima de los valores de referencia que marca la Ley, señaló Gómez.

El coordinador recordó que la Ley establece cinco parámetros que evalúan la situación económica y financiera del municipio y la Auditoría de Gestión evalúa el cumplimiento de los mismos (y otros adicionales) al 31 de diciembre de 2017 con unos resultados más que óptimos.

La citada auditoría certifica que todos los indicadores de saneamiento económico del Ayuntamiento han mejorado respecto a 2016.

Así, los Condicionantes de Libre Disposición ha mejorado el Esfuerzo Fiscal con respecto al resto de municipios, del 113 % en 2016 al 116 % en 2017.

El mejor de los indicadores es el que se refiere al endeudamiento a largo plazo que se reduce hasta el 0,90 % en 2017 gracias a la liquidación de la deuda con los bancos el pasado año.

La nota destaca que este indicador estaba fijado en el 19 % de los ingresos en 2015 y en el 15,7 % en 2016.

El capítulo Ahorro Neto, medido en términos de Ingresos Corrientes-Gastos Corrientes-Amortización de Préstamos. se situó en el 10 % de los ingresos corrientes, manteniendo los parámetros del año anterior.

Por su parte el de Remanente de Tesorería mejora en 5,5 puntos porcentuales respecto al pasado ejercicio, situándose en el 80,30 % de los ingresos corrientes y cumpliendo con el índice de referencia del 1 %.

Además, en Gestión Recaudatoria, medida en Recaudación Líquida sobre los Derechos Reconocidos Netos, alcanza el 80,90 % para cumplir con creces el límite establecido del 75 %.

Del cumplimiento de estos cinco parámetros depende la finalidad que el Ayuntamiento puede asignar a las cantidades que ingresa el Gobierno de Canarias mediante el Fondo Canario de Financiación Municipal.

Al cumplir todos los indicadores previstos por la Ley, la mirad de esos 30 millones se pueden dedicar a inversión y no a saneamiento de las cuentas, como hubiera ocurrido de incumplir alguno de ellos, y el otro 50 % de los fondos, según recoge la Ley, se pueden dedicar para gastos de libre disposición.

Después de cumplir todas las exigencias de la citada Ley, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria evita la devolución de 10,7 millones de euros (el 35 % de los Fondos) ya adelantados por el Ejecutivo regional, que es la penalización prevista en esta norma para los municipios que incumplidores.