El Parlamento ya advirtió sobre Vanyera en 2011

El Grupo Socialista alertó en 2011 al Gobierno de Canarias, entonces formado por Coalición Canaria en solitario tras la espantada protagonizada meses antes por el Partido Popular (PP), de que el aval concedido a la empresa Vanyera3 era un riesgo. Y lo hizo en sede parlamentaria, a través del entonces diputado Sergio Roque González, pero la advertencia cayó en saco roto pese a que, como incluso reconoció el que era consejero de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez, los Servicios Jurídicos habían detectado irregularidades en el expediente.

Pero no fue únicamente Rodríguez, ya que el portavoz nacionalista, José Miguel Barragán aseguró desde la tribuna de oradores que un “informe de la Audiencia de Cuentas hace mención a algunos escritos de la Dirección General de Política Financiera, que no termina de aclararse si efectivamente se hicieron todos los deberes correctamente”.

Como recordaba Roque González, cuando se firma una hipoteca sobre un bien real, “cualquier garantía real para oponérsela a terceros usted tiene que registrarla en el Registro Mercantil”.

“¿Ustedes se imaginan un banco que les dé un préstamo y les exija a ustedes una garantía para lo que te está prestando el dinero, sobre la casa, y que no garantice, que no garantice que ese préstamo hipotecario se registra?”, advertía el diputado.

Y es que para el PSC, como ahora ha quedado claro con la sentencia que obliga al Ejecutivo regional a pagar 5,2 millones de euros, “el Gobierno autónomo hizo una dejación absoluta, absoluta, de la garantía, ¡absoluta!”.

“No se va a pagar”

Sin embargo, desde la filas del Grupo Popular un contundente Miguel Cabrera Pérez-Camacho aseguró que “nuestro grupo estima que la Comunidad Autónoma no va a tener que pagar esos 5.200.000 euros”.

¿Y por qué estaban tan seguros los diputados de la misma bancada que el ex consejero José Manuel Soria, artífice de la operación avalista? Pues porque, según Pérez-Camacho, “tanto por la empresa Vanyera se incumplieron las condiciones como por la entidad bancaria se omitió el deber de diligencia, exigible en cualquier entidad financiera”.

“Por lo tanto, confiamos en el pronunciamiento de los tribunales de justicia”, sentenció el diputado. Y los tribunales han fallado que el Gobierno de Canarias debe pagar.

Desde el PSC se consideró en esa misma sesión plenaria que la redacción del decreto por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, al frente de la que estaba el vicepresidente Soria el 30 de enero de 2008, fue demasiado generosa con la empresa, pues no incluyó garantías para evitar que la Comunidad Autónoma se hiciera cargo de la totalidad de las deudas en caso de impago.

“Un aval no es una subvención, pero también debe saber su señoría que todo aval comporta un riesgo, porque si fuera un aval con riesgo nulo, pues no estaríamos avalando nada”, contestó Rodríguez al diputado socialista.

Pero Roque insistió en que “en ese aval, que no es una subvención, no se deberían correr riesgos, señor consejero. ¿Cómo que correr riesgos?, ¿riesgos de qué?”.

GARANTÍAS DE HUMO

Como ahora esgrime el PP para desviar las responsabilidades de Soria, el diputado socialista recordó también en 2011 que el Parlamento aprobó que se constituyese el aval, como una “garantía real”, pero que fue el Gobierno quien decidió constituirlo sobre “prendas”.

“¿Qué ofreció la empresa?: maquinaria, vehículos e instalaciones. Una prenda sin desplazamiento a favor del Gobierno autónomo, a favor del Gobierno de Canarias, para responder de estos 5.200.000 euros. En ese decreto se decía que el Gobierno autónomo podía oponerse, exigir otras garantías. Que yo sepa, el Gobierno autónomo no exigió nada más, se conformó”, afirmó.

Y es más, la mayoría de los bienes estaban en régimen de leasing, es decir, eran “propiedad entre comillas de la empresa”.

“¿Qué dijeron los Servicios Jurídicos del Gobierno autónomo? Que yo sepa, nada.”, concluyó Roque González.