Patricia Hernández promete dar de alta a 3.000 dependientes durante 2016
La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, se ha marcado como “reto complejo” para el año 2016 “dar de alta a 3.000 personas más en el sistema” de la Ley de Dependencia. Además, ha asegurado que este año se cerrará con una reducción de la lista de espera en unas 2.000 personas.
Hernández, que ha comparecido a instancias de la diputada conservadora Josefa Luzardo para explicar el plan de choque para resolver los problemas detectados en la aplicación de la Ley en Canarias, ha afirmado que incrementará en 22 personas (11 por cada provincia) los efectivos para “hacer frente a los atrasos y dar un empuje al número de altas en el sistema” con el fin de “poner al día al sistema y paliar los nefastos efectos de ciertas políticas de austeridad” impulsadas por el Gobierno central.
Asimismo, ha afirmado que “de enero a junio de 2015, se incorporaron al sistema 464 personas”, mientras que desde que tomó posesión del cargo “se han incorporado 932 personas a los que hay que sumar las 600 nuevas altas que prevemos incorporar” gracias a los 1,9 millones de euros de crédito extraordinario que se aprobará en el pleno que el Parlamento celebra la próxima semana, “triplicando así desde julio” el número de altas respecto a la primera mitad del presente año, coincidente con el final de la legislatura en la que la nacionalista Inés Rojas la precedió al frente del área de Políticas Sociales.
Estos datos no fueron celebrados por Luzardo, para quien eran a todas luces “insuficientes” cuando hay 12.000 “familas que todavía esperan” para poder acceder al sistema de ayudas. Y es que la diputada conservadora insistió en que “en Canarias no ha funcionado ni se han cumplido los tiempos de la Ley de Dependencia”, recordando que las Islas dejaron de percibir 31, millones de euros de 2007 a 2011 “por mala gestión”.
“Los dependientes y sus familias deben recibir de una vez la atención que se merecen y no pueden seguir sintiéndose despreciados”, dijo Luzardo., ates de recordar que la “nefasta, pésima e impresentable” gestión del Gobierno regional ha provocado que “se tarden 1.244 días en conceder la prestación”.
Hernández, reconoció que al tomar posesión se encontró “graves deficiencias”, derivadas de un “modelo ineficaz de la gestión de recursos humanos”, pero sobre todo por “las graves carencias de medios financieros adecuados”.
“La Comunidad Autónoma puede tener responsabilidad en no tener suficiente personal, pero también ha una Ley estatal que restringe la contratación”, afirmó la vicepresidenta antes de culpar a “la nula voluntad del Gobierno del PP por cumplir la Ley” de los problemas que han existido para aplicarla, toda vez que desde el año 2012, cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, “se han dejado de ingresar 10,9 millones de euros en las arcas autonómicas”, lo que ha supuesto “un quebranto que el Gobierno de Canarias ha tenido que afrontar”.
Estas tesis fueron suscritas por las portavoces del Grupo SOcialista, Teresa Cruz, y Nacionalista, Elena Luis. Para la primera, “ha habido un recorte en los derechos” y no solamente una disminución presupuestaria. “No es solo dinero, es un enfoque político” que ha afectado a “las familias, y dentro de las familias las mujeres”.
Según Cruz, “el 83% del sostén del sistema de dependencia en España son mujeres, y tres cuartas partes de ellas no pueden acceder al mercado laboral porque es incompatible”.
Para Elena Luis, “sin recursos poco se puede hacer” pues el problema no se soluciona con reestructuraciones burocráticas. “De 100 millones para el próximo año, el Estado solo pone 25”, por lo que pese al “esfuerzo muy importante que se hace desde el Gobierno por corregir y mejorar ciertas cuestiones”, hay que “reivindicar que el Estado ponga lo que le corresponde”.
La más avanzada, con más recortes y peor gestionada
Por este motivo, el portavoz del Grupo Mixto, Jesús Ramos (ASG) dijo que hay que conseguir que “la Ley de Dependencia deje de estar sujeta al capricho de quienes gobiernen”, ya que “estos últimos años de recortes han impedido su desarrollo”. Con todo, también recordó que desde la Comunidad Autónoma “se ha falseado el número de dependientes” y se ha gestionado mal su aplicación.
Un aserto compartido por Luis Campos (Nueva Canarias), para quien ésta es “una de las leyes más avanzadas y más potentes de la última década, la que más recortes ha tenido en la última década y la peor gestionada por la Comunidad Autónoma durante la última década”.
Para el diputado de NC, pese a que la reestructuración emprendida por el nuevo equipo comandado por Hernández “va en una buena dirección”, ha criticado que “no puede haber peor gestión en una ley tan sensible” como la que ha existido en los últimos ocho años por parte del Ejecutivo regional. Aún así, insistió en que “son insuficientes los 7,7 millones que se destinan” a la misma en los Presupuestos para 2016.
Por su parte, María del Río (Podemos) ha recordado que “un dependiente en Canarias tiene cuatro veces menos posibilidades de ser atendido que en el resto del Estado” y que “más de 4.000 personas desde 2010 murieron sin recibir las ayudas a las que tenían derecho por Ley”.
En este punto, Hernández dijo que “200 herederos tendrán este año, junto a las excusas que les debemos, las ayudas que sus familiares no pudieron tener en vida” y, asimismo, insistió en que los 7,7 millones de euros para dar cobertura a las prestaciones de servicios que reciben las personas dependientes “es la tercera que más crece” en los Presupuestos para el próximo año, lo que demuestra “nuestra voluntad política de trabajar con ahínco para no dejar atrás a tantos ciudadanos y tantas ciudadanas que lo necesitan y a quienes los cuidan”.
